Datos que alarman: una provincia impone controles a embarazadas por el aumento de consumos de drogas durante la gestación

MENDOZA.– Mendoza impulsa una acción preventiva para ponerle freno al consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo. Por eso, la gobernación decidió avanzar con testeos en todas las maternidades de la provincia, teniendo en cuenta que ya se registra más del 10% de casos de gestantes con consumos problemáticos, lo que representa riesgos de aborto, parto prematuro y síndrome de abstinencia neonatal. Es más: casi el 20% de los bebés nacidos en estos centros sanitarios tiene dosaje positivo de tóxicos, lo que también incide en las cifras de mortalidad infantil.

En ese contexto, a través de la resolución 305 del Ministerio de Salud de la provincia, se determinó la realización de controles a embarazadas internadas en los efectores. En este sentido, como objetivo oficial, se dejó en claro que se busca detectar consumos para activar alertas en salud mental y seguimiento del binomio madre-hijo. Asimismo, las autoridades aclararon a este diario que se trata de una medida “preventiva y no punitiva”, por lo que se procederá bajo el “consentimiento informado”. En tanto, desde la cartera sanitaria aclararon a LA NACION que la resolución establece tomar acciones tanto en el sector público como en el privado.

“Son datos que alarman y hay que actuar rápidamente”, expresó el ministro de Salud, Rodolfo Montero, por lo que la medida concreta permitirá hacer un seguimiento y abordaje integral, tanto de la madre gestante como del bebé, en los controles prenatales y en el neurodesarrollo. El funcionario reconoció a aquellas mujeres que reconocen tener problemas de consumo y están predispuestas a realizarse los testeos. En el caso de aquellas que queden internadas en los hospitales, se procederá con la acción.

“Esta medida se tomó como parte del plan integral de reducción de la mortalidad infantil; lo que se busca es traer al sistema de salud a la paciente embarazada que atraviesa esta problemática de consumo para contenerla desde un equipo interdisciplinario. Lejos está de ser una medida punitiva o estigmatizante”, aportó a LA NACION Natalia Courtis, directora de Maternidad e Infancia de Mendoza, quien hizo hincapié en la importancia de visualizar la problemática, abordarla y disminuir los daños tanto para la paciente embarazada como para el niño por nacer.

Entre los considerandos de la resolución se establece como prioritario el cuidado del bebé y la necesidad de tomar acciones. En este sentido, se hace hincapié en que, desde la concepción y durante la gestación, el consumo de sustancias psicoactivas como alcohol, tabaco, cocaína, marihuana y éxtasis, entre otras, tanto sintéticas como naturales, “afecta el desarrollo de organogénesis, siendo los sistemas nervioso central, cardiovascular, renal y cutáneo los más afectados”. Por tal motivo, para no comprometer “la vida del binomio” se pone el foco en los efectores de salud, los cuales “juegan un papel fundamental” para evitar complicaciones.

“Se estima que entre el 5% y el 10% de las personas gestantes refieren uso de drogas ilícitas en el embarazo, pero cuando se realizan pesquisas universales de drogas ilícitas en poblaciones de alto riesgo, se detectan prevalencias entre el 10% y el 40% mayores a su detección por referencia materna”, indica el documento oficial en sus fundamentos, por lo que se ponen en valor “fomentar el cuidado integral de la salud de las embarazadas y las personas por nacer”, con un abordaje multidisciplinario.

Así, la resolución establece en su primer artículo, como medida de protección de la salud integral de la gestante y la persona por nacer, la realización del control de sustancias psicoactivas a toda embarazada con internación en las maternidades de la provincia de Mendoza, a fin de promover la detección y tratamiento oportuno que pudiera corresponder, aprobando el consentimiento informado de la paciente. Asimismo, en su articulado, la medida dispone que el resultado del test efectuado deberá registrarse en los sistemas de información perinatal habilitados por el Ministerio de Salud y Deportes.

El texto aclara también que, conforme a los resultados del control, se deberá realizar el abordaje interdisciplinario necesario para el tratamiento y seguimiento adecuados, con constancia de los mismos. “Producida el alta hospitalaria, el equipo interdisciplinario que se disponga proseguirá con el tratamiento y/o seguimiento correspondiente, salvo negativa expresa de la paciente, que deberá registrarse”, apunta.

La medida fue bien recibida entre los especialistas mendocinos, quienes esperan los lineamientos finales para proceder, teniendo en cuenta la importancia de actuar a tiempo. De igual forma, consideran que debería tener mayor alcance poblacional, con acciones concretas en el ámbito privado. “Ya se venía trabajando con protocolos en bebés y mamás, pero esta medida, que consideramos positiva, es más universal, teniendo en cuenta también la realidad de cada maternidad. Sin embargo, puede ser estigmatizante para la paciente del hospital público si se deja afuera a una parte de la población, potencialmente consumidora, que se encuentra en el sector privado, donde no se realizan este tipo de controles puntuales y que podrían reportar cifras que sorprendan. De todas maneras, es una medida que suma calidad a la parte obstétrica y a la salud del bebé, ya que se logra abordar a tiempo”, expresó a LA NACION Javier Alma, reconocido obstetra mendocino, con experiencia en ambos sectores del sistema de salud.

Según fuentes consultadas en la gobernación provincial, actualmente no se realizan medidas universales similares en otras provincias y tampoco existe una disposición a nivel nacional. “Sí, nos preguntan para trabajar en el mismo camino, a tono con la resolución que hemos sacado. Ya hay varias jurisdicciones que quieren trabajar en el tema”, señalaron a este diario.

“Es importante que todos nos eduquemos y comprometamos con esta situación, por la importancia que tiene acercar a la paciente vulnerable al sistema de salud, principalmente no estigmatizándola. Además, hay que saber, de acuerdo con estudios de epigenética, que el consumo de los papás también incide en el recién nacido”, sumó Courtis.

Con la nueva resolución, no solo se dispondrá de información y diagnóstico, sino que abre el juego para que haya un mayor compromiso con la problemática. “Nos permite hacer un seguimiento no solo en el embarazo, sino después, posterior al nacimiento, con el servicio social, el equipo de alto riesgo obstétrico y con salud mental. Claramente, buscamos visibilizar esta problemática, acompañar y educar a la población respecto de que durante la gestación no se debe consumir, porque no hay dosis seguras. No solo nos referimos a sustancias como cocaína, marihuana o benzodiazepinas, sino también al no consumo de tabaco y alcohol”, completó la titular de Maternidad de Mendoza.

Por Pablo Mannino

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