México preocupa a la región

La gestión del presidente de México Andrés Manuel López Obrador no deja de suscitar preocupación en la región, tanto por su política interior como por sus posturas internacionales, muchas veces antidemocráticas.

La desconfianza interna aumenta, acicateada por largas peroratas matutinas en las que el ataque a la prensa independiente es una constante. Pretende además avanzar sobre el Instituto Nacional Electoral, órgano constitucional autónomo, creado en agosto de 1996 durante la presidencia de Ernesto Zedillo, que posibilitó la competitividad de los partidos opositores. Fue el fin del hegemonismo del PRI y el inicio de la alternancia en el gobierno. Precisamente, López Obrador ganó la presidencia desde la oposición gracias a esa reforma que ahora pretende anular suprimiendo la autonomía del referido instituto, que acaba de denunciar que, de lograr López Obrador su cometido, perderá independencia, capacidad operativa y confiabilidad.

Hasta 1996, las elecciones en México eran una farsa con fraudes instaurados para asegurar abrumadoras mayorías en los comicios y en la representación legislativa, como lo señalaron críticamente destacados intelectuales mexicanos, entre ellos, Octavio Paz y su discípulo Enrique Krauze, en numerosos artículos y ensayos.

En México, como consecuencia de la falta de reconocimiento por los Estados Unidos de los gobiernos surgidos durante el período de la revolución de 1910 y las guerras civiles posteriores, durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio, su canciller, Genaro Estrada, enunció la doctrina que lleva su apellido. La doctrina Estrada no otorga ni niega el reconocimiento a ningún gobierno, por considerarlo denigrante para el Estado que requiere ese trámite. En todo caso, se reserva el derecho a mantener o retirar al embajador y hace hincapié en el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos.

Invocando dicho principio, el presidente López Obrador se niega a condenar las tiranías imperantes en Cuba, Nicaragua y Venezuela. A su vez, junto con nuestro presidente, sumado a los de Bolivia y Colombia, cuestiona sus alcances ante el intento de autogolpe de Estado del peruano Pedro Castillo y su destitución por parte del Congreso en uso de sus facultades constitucionales. Tanto es así que ya dio asilo político a la familia de Castillo.

Protesta, además, por el supuesto financiamiento de ONG de los Estados Unidos a sus pares de México que combaten la corrupción, pero protege tanto a aprendices de dictadores como a condenados por corrupción como la vicepresidenta Cristina Kirchner. Demasiadas contradicciones en un escenario interno complicado y externo en permanente efervescencia.

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