Modernización laboral, hacia una política de Estado
No hay mayor beneficio para el trabajador que la creación genuina de fuentes de empleo que le garanticen ingresos registrados y protección social
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Una vez más, el debate por una nueva ley laboral gana espacio en la agenda pública mientras se acerca la fecha en la cual el Gobierno busca que el proyecto enviado al Congreso a fines de 2025 llegue al recinto del Senado de la Nación.
Más allá de la cuestión crucial del debate en ciernes, vale hacerse una pregunta clave: ¿por qué la Argentina necesita una modernización de la normativa sobre el mundo del trabajo?
La estadística puede aportar datos que nos aproximen a la respuesta, o al menos a parte de ella. Según un índice elaborado por el Indec, casi la mitad de quienes trabajan, como asalariados o por cuenta propia, lo hacen de manera informal. Son personas que no están al amparo de la legislación ni cuentan con aportes para acceder a una jubilación en el futuro. Y esa es una realidad persistente, para nada novedosa.
Si se analiza qué ocurre en el segmento del trabajo registrado, se observa que el número de asalariados en el sector privado fue en octubre de 2025 -último dato disponible del Sistema Integrado Previsional Argentino- apenas el 2,4% más alto que en ese mismo mes de 2013. Durante los 12 años comprendidos entre una fecha y la otra, la cantidad de ocupados bajo relación de dependencia tuvo leves altas o bajas, según el período que se analice. Esta dinámica es la que lleva claramente a concluir que hay un estancamiento de la ocupación formal en la economía que desarrollan los actores privados. Incluso, si la comparación se hace tomando como referencia octubre de 2025 contra 2015, en el mes más reciente había menos empleados que en el más lejano en el tiempo.
Urge lograr un equilibrio entre el derecho a litigar y la razonabilidad en los reclamos, tanto con relación a las causales como a los montos que la Justicia ordena pagar
Es cierto que en el período considerado el país no tuvo un comportamiento destacado en cuanto a su actividad económica. Pero, a la vez, es un hecho que hay cuestiones innegables que llevan a emprendedores y empresarios a frenar contrataciones de trabajadores: desde los costos por las contribuciones sociales –que tienen su contraparte, como el pago de jubilaciones y pensiones o la atención de la salud-, hasta los juicios contingentes.
Urge, respecto de este último punto, lograr un equilibrio entre el derecho a litigar y la razonabilidad en los reclamos, tanto en relación con las causales como respecto de los montos que las sentencias judiciales ordenan pagar.
Según los últimos datos de entidades que miden este tan creciente como preocupante fenómeno, hay otro dato importante que confirma esta anomalía: apenas el 55% de lo que desembolsan las empresas cuando pierden un juicio laboral llega efectivamente al empleado, mientras que el resto se destina a gastos y honorarios judiciales. Está claro el cúmulo de intereses que sustentan esta “industria”, alimentada incluso por jueces que se han transformado en parte del problema y no de la solución.
No son pocos los casos en que las decisiones de la justicia laboral provocan el enriquecimiento de quien demanda –un enriquecimiento que excede y por mucho la necesaria reparación, en caso de daños probados-, a la vez que pone en riesgo la continuidad de las fuentes de trabajo de otras personas. Hay empresas que deben evaluar su continuidad o no, a partir de resoluciones judiciales que las perjudican.
Ante la pregunta sobre los motivos para una modernización laboral, hay también otros temas que se encaminan hacia la respuesta. La necesidad de las empresas de adaptarse a nuevos modelos productivos, las modificaciones en las expectativas de quienes trabajan y las tecnologías más jóvenes, como la inteligencia artificial, nos interpelan como sociedad de manera constante.
En ese contexto, la legislación puede y debe ayudar permitiendo esquemas que sean flexibles, que incentiven las negociaciones entre las partes de las relaciones laborales y que resulten adaptables a las diferentes actividades –algunas de ellas, de reciente aparición y otras que ni siquiera existen aún-, y a los distintos tamaños de las unidades productivas.
Una normativa del mundo del trabajo adaptada a los tiempos que corren es imprescindible para que puedan crearse y mantenerse puestos y para que haya respuestas a las necesidades de los empleadores sin dejar de considerar derechos de los trabajadores.
Claramente, no es la única reforma que hace falta para que la economía argentina recupere competitividad. Por ejemplo, están pendientes, sin que admitan demoras, mejoras en materia fiscal y en logística.
En cuanto a lo fiscal, el proyecto de reforma laboral del Gobierno tiene varias medidas que impactarían en un alivio para las empresas. Sin embargo, el texto del dictamen de mayoría de las comisiones del Senado incorporó una cláusula, con la que se pretende conseguir que las medidas con impacto en las cuentas públicas no rijan de forma inmediata al aprobarse la ley, sino desde el momento en que lo decida el Ministerio de Economía, en función de los resultados fiscales. Si se aprueba ese artículo, no habría una fecha concreta para la reducción de las cargas fiscales. El tema, por otra parte, es conflictivo en cuanto a la relación entre Nación y provincias, porque la menor recaudación de impuestos coparticipables derivada de algunas medidas previstas, reduciría los recursos que se envían automáticamente a las jurisdicciones.
En la posible postergación de la vigencia se incluye la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pensado para afrontar el costo de las desvinculaciones laborales, que se financiaría con una contribución del 3% de la masa salarial. Al cumplir con esa obligación, los empleadores se verían compensados con una rebaja de igual magnitud en la contribución con destino al sistema de la seguridad social.
La legislación debe tender a esquemas que sean flexibles, que incentiven las negociaciones entre las partes y que sean adaptables a las diferentes actividades y tamaños de las unidades productivas
No hay dudas sobre la necesidad de una nueva ley laboral pensada como política de Estado. En los próximos días conoceremos si el objetivo se empieza a lograr y, en caso afirmativo, con qué contenidos. En el actual contexto, lo esperable es que haya una combinación de lo considerado ideal por el sector empresario y de lo que resulte políticamente viable.
Se escuchan por estas horas interesadas y no siempre fundamentadas afirmaciones en contra de este tipo de reforma. No se trata, como equivocadamente se plantea desde algunos sectores de la oposición y del sindicalismo, de quitarles derechos a los trabajadores, sino todo lo contrario. Como ya hemos dicho desde estas columnas, no habrá mayor beneficio para el trabajador que la creación genuina de más fuentes de empleo, que además de un ingreso le ofrezcan la protección social que hoy le niega la informalidad.
El proyecto oficial cuyo debate el Congreso retomará el 2 del mes próximo, busca ser una respuesta a la dramática situación que padecen más de 9 millones de trabajadores informales en nuestro país.
Urge que todos comprendamos que sin empresas no hay empleo y que sin seguridad jurídica no habrá inversiones productivas.
Tipo de trabajo:
opinión
