Montoneros: bodas de oro con la violencia

Ni la reivindicación de la violencia terrorista ni la distorsión de la historia permitirán acercar posiciones y avanzar hacia la unión de los argentinos

Mario Eduardo Firmenich, Roberto Cirilo Perdía, Fernando Vaca Narvaja, Héctor Pardo y Polo Martínez Agüero, responsables de innumerables crímenes en los años 70, firmaron un documento por los cincuenta años de la organización terrorista Montoneros, en homenaje a "todos los compañeros que murieron luchando heroicamente contra la proscripción del movimiento popular y por construir una patria sin explotadores ni explotados". Sumaron unas 750 firmas de adhesión para su difusión el 7 de este mes, en el Día del Montonero.

Valiéndose discursivamente de las aspiraciones de mejoramiento y progreso social del pueblo, pretenden justificar el asalto a las instituciones y los atracos, secuestros y asesinatos de civiles, de miembros de las fuerzas de seguridad y oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas Armadas de la Nación. Cuestionan la "tergiversación mentirosa de la historia" e invocan vergonzosamente el mandato constitucional para justificar "la legítima defensa propia ante el terrorismo de Estado". Ni una palabra de autocrítica ni una manifestación de espíritu de revisión; solo hubo en ese documento una belicosa reafirmación de sus atroces acciones cinco décadas después. Como se dijera de los Borbones regresados al trono francés con la derrota de Napoleón, "no han olvidado ni aprendido nada".

Inexactitudes históricas y distorsiones de los hechos son una constante en la redacción del documento firmado por quienes, desde cómodos refugios en el exterior, mandaban a la muerte a miles de jóvenes en una lucha armada condenada a la derrota.

Es lamentable que entre los firmantes del panfleto reivindicatorio montonero haya funcionarios del actual gobierno ensalzando la violencia

Es lamentable –y en cualquier país medianamente serio merecería inmediatas medidas del presidente de la república– que entre los firmantes de este panfleto haya funcionarios del actual gobierno, que no deberían ensalzar la violencia, el crimen y la guerra contra el Estado en plena vigencia de las instituciones. No puede olvidarse que el pase a la clandestinidad de la organización y la declaración de guerra al Estado se produjo en 1974, poco tiempo después de que el presidente Juan Domingo Perón expulsara de la Plaza de Mayo y calificara duramente a sus integrantes.

Para 1965, durante la presidencia de Arturo Illia, había concluido ya la proscripción del peronismo, que en los comicios legislativos de ese año logró numerosos triunfos distritales y sumó bancas. Al año siguiente, ganó la gobernación de Jujuy, y fue derrotado en Mendoza, en cuya campaña participó la esposa del general Perón , María Estela Martínez.

En 1966, con el golpe que elevó a la presidencia al general Juan Carlos Onganía, no solo el peronismo fue proscripto, sino toda actividad política. Algunos funcionarios, incluso, engrosaron las filas de Montoneros y sus complicidades en el asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu aún se investigan.

Precisamente en todos los círculos políticos de entonces era un secreto a voces que Aramburu buscaba acuerdos, incluso con Perón, para restablecer las instituciones de la República ante una dictadura que admiraba el franquismo y que aspiraba a eternizarse igualmente en el poder.

Con soberbia y fanatismo, los montoneros se atribuían luchar por el retorno al país del general Perón, pero no cejaron en sus provocaciones durante toda la etapa de normalización institucional encabezada por el general Lanusse con la colaboración del doctor Arturo Mor Roig, asesinado en un restaurante de La Matanza, cerca de su lugar de trabajo. A pocos días del triunfo electoral de Perón, en septiembre de 1973, su sangrienta forma de celebración consistió en el asesinato de José Ignacio Rucci, uno de los sindicalistas más cercanos al expresidente.

No llama la atención en el referido documento el ataque al recuerdo del doctor Raúl Alfonsín –a quien acusan infundadamente de perseguirlos con la teoría de los dos demonios–, pues sus convicciones democráticas lo impulsaron a llevar a la Justicia a los múltiples responsables de aquel período de violencia política y derramamiento de sangre de argentinos, y del ataque a las instituciones republicanas. Usurpar la representación popular para agraviar la memoria del presidente Alfonsín, sus credenciales democráticas y su afán por la justicia revela un peligroso trasfondo ideológico que nos exime de mayores comentarios.

Nuestro país enfrenta graves problemas y enormes desafíos que obligan a mirar hacia adelante. Pretender retrotraernos a la peor década del siglo pasado, alimentando el resentimiento de los mediocres o el fanatismo de los violentos, es seguir apostando al enfrentamiento.

Afortunadamente, somos muchos más los que entendemos que el futuro de nuestros hijos nos obliga a construir formas superiores de convivencia civilizada. Demasiado dolor hemos transitado ya como para aceptar siquiera pensar que quieran imponérsenos peligrosas reediciones. Nunca será reivindicando errores como podremos acercar posiciones y avanzar hacia la unión de los argentinos. Tampoco, distorsionando las verdades históricas. Solo un profundo ejercicio de contrición y respeto por la contraparte nos permitirá abrirnos a un futuro de paz y concordia.