Municipios y tasas: el temor a quedar expuestos
Las comunas ya no podrán “esconder” sus impuestos en las tarifas de servicios públicos para garantizarse el cobro de prestaciones que muchas veces retacean
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Lamentablemente, y como era de esperar, varios municipios estudian judicializar la resolución de la Secretaría de Comercio que prohíbe incorporar en las boletas de luz y gas el cobro de cargos ajenos a esos servicios. Por ejemplo, las tasas por alumbrado o por mantenimiento de la red de gas que perciben las comunas. Y decimos que lo lamentamos porque esos rechazos e impugnaciones ante la Justicia representan un escollo no solo para la decisión nacional de transparentar las cargas fiscales de las que abusivamente están obligados a hacerse cargo los contribuyentes, sino que se contraponen al régimen de transparencia fiscal al consumidor sancionado por el Congreso Nacional como parte de la Ley Bases.
La primera presentación judicial fue realizada por el intendente de Pilar, Federico Achával (Unión por la Patria). El cuestionado juez Adrián González Charvay dejó sin efecto la resolución de Economía, pero de forma preliminar, acotada solo a esa comuna. González Charvay fundamentó su errónea decisión en resguardos legales que, a su juicio, amparan a los distritos a cargar sus tasas en las boletas de los servicios públicos. Otro tanto hizo el municipio de La Rioja. En ambos casos, el Gobierno rechazó las medidas cautelares, impugnó la legitimidad de las comunas y anunció que, a partir del 11 del mes próximo, sancionará a las empresas privadas que se nieguen a eliminar el cobro de tales tasas e impuestos en las tarifas mencionadas. Las multas podrían ser millonarias.
Desde hace mucho tiempo los contribuyentes ven infladas groseramente las facturas de servicios públicos como consecuencia de la innumerable cantidad de tasas que las comunas abusivamente les incluyen. La clave de esa vil estrategia municipal es clara: los municipios se aseguran así una alta cobrabilidad. De reclamarla por separado, y teniendo en cuenta el escaso servicio que brindan como contraprestación, muchos ciudadanos podrían cuestionar seriamente esos valores incluidos en una boleta de servicio público indispensable. Las más de las veces, se pagan sin analizar ni cuestionar. Esa situación los hace hoy presa fácil de intendentes inescrupulosos que, a pesar de garantizarse los cobros, invierten poco o nada en brindar la atención que merecen los ciudadanos.
El Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor ha sido impulsado fuertemente por la ONG Lógica, dedicada a generar una conciencia fiscal hoy ausente en muchos sectores y niveles de la sociedad. Entre otras cuestiones, se ha propuesto también visibilizar en los tickets de compra, además del IVA, la discriminación de otros impuestos indirectos nacionales que incidan en los precios de los productos.
En el ámbito municipal, la suba de tasas, más el aumento de las existentes (ecotasas, tasas viales, etcétera), evidencia dónde se ha descontrolado más la voracidad fiscal. En ese punto, resulta más que evidente el temor de muchos intendentes frente a la resolución que prohíbe cobrarlas en las boletas de servicios públicos. El hecho de que resulte evidente no hace más que confirmar el verdadero trasfondo de la queja: que nada impida garantizarse el cobro derivado de la brutal voracidad fiscal que intentan que siga escondida en servicios públicos esenciales que los ciudadanos no pueden dejar de pagar.
Hubo una condición para que la Argentina llegara a ser el país más gravoso del mundo a través de sus 155 tributos: un régimen que ocultó sistemáticamente los impuestos, con prohibiciones vergonzosas como la que desde 1973 regía para que no se muestre el IVA a los consumidores finales, tornando invisibles para el ciudadano algunos tributos a lo largo de la cadena productiva. Pero este ocultamiento llegó a su fin con la sanción de la ley de medidas fiscales paliativas y relevantes que aprobó el régimen de transparencia fiscal al consumidor. Incluso hubo supermercados que, en los últimos tiempos, empezaron a alertar a sus clientes sobre las tasas municipales que soportan, tanto mediante su exposición en los tickets como en carteles ubicados en los accesos.
Tras el pronunciamiento judicial respecto del reclamo de Pilar, ahora son varios los intendentes bonaerenses que presentarían un escrito unificado, con el aval de la Defensoría del Pueblo distrital.
Resulta sintomático que algunos alcaldes hayan puesto el grito en el cielo frente a la referida prohibición. Sucede que tener que extraer de los servicios públicos las tasas municipales los obligará a procurarse esos ingresos de manera directa y enfrentarse a que la ciudadanía les reclame de la misma forma por servicios que cobran y muchas veces no se dan o se dan de manera defectuosa. El colmo de la hipocresía lo protagonizó el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, quien en diálogo con la prensa sostuvo que en su distrito hay 38.000 luminarias que, con la resolución del ministro Luis Caputo, tendrían que ser apagadas. “El gobierno nacional va a ser responsable del aumento de la inseguridad y va a afectar al vecino en forma directa”, dijo. Dos cuestiones para comentar respecto de esa aseveración: primero, el reconocimiento de la inseguridad que ya mismo afecta al vecino por más que la comuna recauda en forma indirecta. Y, segundo, ¿qué le impide a Granados, como al resto de los críticos de la medida nacional, facturarles la iluminación del distrito de manera directa a los habitantes de la comuna? Sin dudas, el mayor problema es tener que poner la cara por lo que se cobra y no se brinda.
Tipo de trabajo:
opinión
