Negacionismo y violación de la libertad de pensamiento

El diccionario de la lengua española define el negacionismo como el rechazo a reconocer la existencia presente o pasada de determinadas realidades, muchas veces hechos históricos o naturales relevantes. Especialmente el Holocausto, llevado adelante por el régimen de la Alemania nazi contra los judíos de Europa en tiempos de la Segunda Guerra mundial, congrega a muchos negacionistas.

Al mencionar esa tragedia, la Real Academia Española se ha hecho cargo de los orígenes del vocablo, nacido con posterioridad al fin de dicha contienda. En general, refiere a trabajos de historiadores como Paul Rassiner, en Francia, que procuraron desmentir que hubiera habido de parte de la Alemania nazi un plan de aniquilamiento sistemático de la población judía e, incluso, que el número de víctimas fuera de la magnitud que declararon las potencias aliadas.

Por ley de 1985, la República Federal Alemana sancionó penalmente la negación del Holocausto. Esa figura delictiva quedó vigente en la Alemania reunificada después de la implosión del imperio soviético. Otros países europeos también la contemplan en su legislación.

Desde la izquierda más radicalizada e irresponsable, incluido el kirchnerismo, no solo se ignoran los crímenes cometidos en el país por bandas asistidas por Estados extranjeros, sino que se busca condenar a quienes minimicen o reivindiquen el accionar de las Fuerzas Armadas contra la subversión

No hay, sin embargo, entre los estudiosos del Derecho Penal, una doctrina pacífica sobre lo que debe establecer la legislación en ese punto. Y nadie, con un mínimo de conocimiento histórico y conciencia humanitaria y democrática, se atrevería a negar que la Shoah constituyó una manifestación de barbarie y crueldad como no ha habido otra que haya quedado grabada de igual modo en la memoria de las naciones. Izquierdas de todo tipo olvidan por completo otras persecuciones sufridas por el pueblo judío en el siglo XX, en particular la que tuvo por escenario a la Unión Soviética

Fue tal en los años 40 la consternación mundial a medida que se iba conociendo de forma fehaciente el éxodo compulsivo de judíos, y su masacre masiva en campos de concentración nazi, que el derecho internacional humanitario cambió desde entonces de una vez y para siempre. La Declaración universal de los derechos humanos, sancionada en 1948 por la asamblea general de las Naciones Unidas (ONU), fue el gran punto de partida.

Sobre la base de tales antecedentes, con más de 80 años de antigüedad, en la Argentina se ha abierto un debate sobre el comportamiento del Estado argentino en los años 70 y principios de los 80 del siglo anterior. Se sabe lo que ocurrió por el afán de erradicar, primero con la ley, y después a sangre y fuego, a las bandas terroristas que propendieron, infructuosamente, instalar aquí una patria socialista.

Desde la izquierda más radicalizada e irresponsable, entre cuyas expresiones salientes cabe señalar al kirchnerismo, no solo se ignoran los crímenes cometidos en la Argentina por bandas asistidas por Estados extranjeros, sino que además se pretende sancionar a quienes minimicen, justifiquen, reivindiquen o hicieren la apología del accionar de las Fuerzas Armadas contra la subversión en aquellos años de plomo. Hay, al menos, tres proyectos en ese sentido presentados en el Congreso Nacional por quienes se acordaron tarde, y mal, de los derechos humanos.

Quienes toman la historia como un juego y a los argentinos como imbéciles se erigen en jueces y acusan a quienes nieguen tal o cual referencia de la verdad “oficial” sobre aquellos nefastos tiempos

Parecería que la inmensa mayoría del país coincide con lo determinado en el juicio histórico a los integrantes de sucesivas juntas militares respecto de que, en la persecución del terrorismo, hubo un plan sistemático de aniquilamiento de la subversión y, por lo tanto, de sus miembros. Es más: la coincidencia ciudadana concierne a la convicción de que en ese accionar cayeron también víctimas inocentes y se cometieron hechos de lesa humanidad, como vejaciones, violaciones y secuestro de menores.

Que no hubo excesos en el sentido de actos que fueron más allá de lo previsto por la autoridad militar de aquellos años. Que hubo, sí, un “exterminio”, como había proclamado Perón que debía realizarse en el verano de 1974, después del ataque sufrido por una unidad del Ejército en Azul. O, un “aniquilamiento”, como el que dispuso a mediados de 1975 el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.

La libertad de pensamiento y de expresión en modo alguno equivale a realizar apología de delito

Eso explica, como una concatenación lógica de decisiones, que el peronismo se comprometiera en su momento a respetar la ley de pacificación nacional, promulgada por los militares el 27 de septiembre de 1983, poco antes de entregar el poder a un gobierno civil. Daba por extinguida la persecución penal a personas que hubieran cometido delitos con motivación o finalidad terrorista y extendía sus beneficios a todos los hechos de naturaleza penal realizados para prevenir, conjurar o poner fin a aquellas actividades terroristas o subversivas. La primera parte de esa ley está ausente en los discursos en que se trae el pasado para ponerlo al servicio del presente político. Conviene recordar que Raúl Alfonsín, candidato a presidente por el radicalismo en 1983, se opuso en toda la línea a la ley llamada popularmente de “autoamnistía” dictada por los militares.

Quienes toman a la historia como un juego y a los argentinos como imbéciles, o sea los mismos que apoyaron esa norma tan controvertida y se negaron a integrar más tarde la comisión nacional que investigó la desaparición de personas (Conadep), ahora pretenden sancionar a quienes nieguen tal o cual referencia de la verdad “oficial” sobre aquellos nefastos tiempos. Se trata de un inadmisible acto de hipocresía.

Aceptar cualquier silenciamiento es dejar la vía libre para que se cometan más excesos de naturaleza ideológica y se perpetúen las vías prebendarias que muchos han usufructuado en los últimos 20 años a partir de una tan tendenciosa e ideologizada interpretación de los derechos humanos

El mero ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión sobre hechos del pasado en modo alguno equivale a realizar apología de delitos. Quien niegue, por ejemplo, la versión tan infundada como falaz establecida por la izquierda de que hubo 30.000 muertos por causa del terrorismo de Estado no hace más que tomar en cuenta la autoincriminación de exsubversivos de que se trató de una cifra inventada para potenciar la denuncia en el plano internacional de lo que ocurría en aquellos años en la Argentina.

Hay muchos otros asuntos para discutir sobre procesos de reconstrucción de la memoria histórica, no solo a cuanto a política, guerra y persecuciones de cualquier naturaleza; también respecto de negaciones o afirmaciones sobre cuestiones climáticas, pandémicas, de inmigración forzosa y otras tantas.

Nadie debe silenciar la caracterización que dicte su conciencia sobre capítulos de nuestra historia. De otra manera, negaríamos el derecho al revisionismo histórico, por más falsas que hayan sido sus conclusiones sobre grandes procesos de la Argentina del siglo XIX y partes del siglo XX. La imposición de una sola “verdad”, sin aceptación siquiera de otros matices o cuestionamientos a algunos de sus aspectos, es contraria a la libertad de pensamiento, de prensa y de expresión.

Aceptar ese silenciamiento es dejar la vía libre para que se cometan más excesos de naturaleza ideológica y se perpetúen, con amordazamiento de los críticos, las vías prebendarias que muchos han usufructuado en estos últimos 20 años a partir de una tan tendenciosa como ideologizada interpretación de los derechos humanos. Sería, en definitiva, aceptar sin polémicas la inequidad de que hayan quedado impunes los crímenes de la subversión, mientras ha habido encarcelamientos por largo tiempo, sin condena legal alguna, y hasta sin el debido proceso, de imputados de haber combatido un terrorismo asistido desde el exterior.

La historia contrafáctica, que mal podría utilizarse para justificar el terrorismo de Estado practicado en los 70 por dos gobiernos peronistas y, a renglón seguido, en una escalada descomunal, por los militares, está llamada a indagar qué habría sido de este país de haberse instalado en él otra patria socialista. ¿Seríamos como Cuba? ¿Seríamos, acaso, como Venezuela o Nicaragua?

¿Alguien se atrevería a negarnos el derecho a ese interrogante? Que levante la mano.