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No desatender a la UIF
Restarle autonomía y subordinar a intereses político-partidarios al organismo de información financiera constituirá un nefasto retroceso para el país
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Pasado un año del gobierno de Javier Milei, resulta evidente que el fortalecimiento de las instituciones no pareciera figurar entre sus prioridades. No se trataría de una política de saneamiento gradual, sino de una deliberada desatención que, en ciertos casos, ha derivado en un abandono contrario a la legalidad.
Este fenómeno resulta desconcertante tanto para juristas como para economistas, considerando la relevancia que la salud institucional tiene como pilar del Estado de Derecho y la estabilidad necesaria para la continuidad del éxito de las importantes reformas económicas. Más preocupante aún, en algunos casos se constata un verdadero proceso de destrucción institucional, como lo ejemplifica la situación actual de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo clave en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Desde este espacio hemos destacado en reiteradas ocasiones la trascendencia de la UIF en la protección del sistema económico-financiero y en el fortalecimiento del orden institucional. También hemos denunciado los intentos previos de manipulación y debilitamiento del organismo, particularmente durante los gobiernos kirchneristas, que lo utilizaron tanto para encubrir delitos como para perseguir a opositores. Sin embargo, hechos recientes reflejan una dinámica igualmente preocupante: el Gobierno ha subordinado a la UIF a intereses político-partidarios, comprometiendo su autonomía y efectividad.
En el inicio de su mandato, el Gobierno dispuso el traspaso de la UIF del ámbito del Ministerio de Economía al de Justicia, delegando así la responsabilidad directa de su gestión al ministro Mariano Cúneo Libarona y a su viceministro, Sebastián Amerio. Este cambio generó dudas, dada la tendencia internacional a ubicar estos organismos bajo la órbita de Economía, salvo que se pretenda fortalecer su rol como querellante ante la Justicia. La realidad, lamentablemente, viene demostrando lo contrario.
Resulta claro hoy que el traslado de la UIF tenía como objetivo someterla a los intereses político-partidarios de la actual administración, garantizando pactos de gobernabilidad mediante la inacción en casos sensibles de corrupción y lavado de activos. En una de sus primeras medidas, el Ministerio de Justicia intentó eliminar la facultad de querellar de la UIF, lo que habría significado un debilitamiento directo de su capacidad operativa, particularmente en causas de alta relevancia, como aquellas que involucran a Cristina Kirchner. Ante la resistencia de expertos y sectores de la sociedad civil, esta intención fue abandonada, pero desde entonces el organismo ha enfrentado constantes interferencias y represalias.
Uno de los episodios más alarmantes fue el pedido de renuncia al vicepresidente de la UIF, Manuel Tessio, tras su decisión de querellar a Martín Insaurralde en la escandalosa causa donde se encuentra imputado por lavado de activos. La remoción de Tessio, coincidente con el inicio de la evaluación del país por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), fue interpretada como una violación de la autonomía del organismo. En su lugar, se designó a un abogado sin experiencia en la materia, Santiago Martín González Rodríguez.
Durante el último año, las transferencias del Tesoro a la UIF se redujeron drásticamente, de 400 millones de pesos mensuales en promedio, entre enero y agosto de 2024, a apenas 50 millones en el resto del año, lo cual ha impedido el ajuste de salarios, nuevas contrataciones y la esencial actualización tecnológica. Esto ha provocado la pérdida de más de 80 funcionarios de un total de 230, afectando áreas claves como la Dirección de Litigios Penales, responsable de las querellas en causas emblemáticas de corrupción y lavado de activos.
Las interferencias en la UIF no son casos aislados: se suman a otras decisiones cuestionables, como la nominación del impresentable juez Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema de Justicia de la Nación o la falta de apoyo para aprobar el proyecto de ley de ficha limpia en el Congreso, al que el Gobierno dice ahora que reemplazará con un texto propio durante las próximas sesiones extraordinarias.
El debilitamiento de la UIF no solo constituye una violación a la ley 25.246, que exige su autonomía, sino que pone en riesgo el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, exponiendo a la Argentina a un eventual reingreso en la lista gris de naciones con deficiencias en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Cabe recordar que en octubre de 2024 nuestro país había aprobado el informe de evaluación en cuanto a las normas y la efectividad en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo internacional.
Es lamentable que el Gobierno no reconozca el valor estratégico de una UIF autónoma y eficaz. Más allá de su papel en la lucha contra la crimen organizado, una institución fuerte podría posicionar a la Argentina como un aliado clave en el esfuerzo global contra la corrupción, la criminalidad organizada y el terrorismo, estrechando lazos internacionales y atrayendo beneficios estratégicos para nuestra nación.
Periódicamente llegan al país misiones del FMI orientadas a discutir “desafíos en torno a temas institucionales”. Son parte de las negociaciones en torno a eventuales acuerdos. El Fondo mira de cerca estos temas y el fortalecimiento de organismos como la UIF y su autonomía, así como la Justicia.
La Argentina ha asumido compromisos esenciales en materia de transparencia para garantizar el Estado de Derecho y sostener los avances económicos que tanto le ha costado concretar.
El fortalecimiento de las instituciones no es una opción: es la base sobre la cual se construyen el crecimiento económico, la estabilidad democrática y la confianza en el futuro de una república sana y fuerte.
