Nuestro virus y la vacuna prohibida
La sensatez que exhibe la dirigencia política para frenar la propagación del Covid-19 debe también reflejarse en la lucha contra la pandemia inflacionaria
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LA NACION
El Gobierno ha actuado con rapidez y sensatez frente a la inminente propagación del coronavirus. Y merece un especial aplauso el esfuerzo del presidente Alberto Fernández por coordinar acciones con la ciudad de Buenos Aires y otras jurisdicciones, dejando de lado diferencias políticas. Sin duda, se trata de un desafío sin precedente, que convoca a todos los argentinos para actuar unidos.
Sin embargo, en la Argentina existen dos virus que hacen peligrar el tejido social y el bienestar de las familias. El citado coronavirus, o "virus C", y otro virus vernáculo, la inflación.
Por alguna razón incomprensible, durante los primeros 100 días el nuevo gobierno se rehusó a develar su plan económico. Se dio a entender que el plan existe, pero que no se dio a conocer para negociar en mejores condiciones la reestructuración de la deuda, como si fuera una partida de póker. Sugirió el Presidente que el tiempo jugaría a favor, ya que, tras el canje de títulos, la Argentina aliviaría su carga y se pondría de pie, sola. Pero la economía no es una pelota que siempre rebota contra un piso. Aquí y allá, en ausencia de un plan económico creíble, lo más probable es continuar descendiendo: si no se corrigen las variables defectuosas, no habrá piso, sino pozo. Cuando todo es confusión, el tiempo opera en contra, evaporando esperanzas y propagando el pesimismo.
Sobre llovido, mojado. Al coronavirus se sumó la caída de las bolsas y la baja en el precio de las materias primas, además del desplome del petróleo, con graves implicancias para la Argentina, pues afectará la capacidad de Vaca Muerta para impulsar la recuperación económica.
Emulando las medidas adoptadas en casi todo el orbe, el gobierno nacional destinará unos $700.000 millones para atemperar el impacto negativo de la pandemia sobre quienes producen y quienes trabajan. Se otorgarán créditos blandos, se eximirán aportes, se subsidiarán empleos y se aumentarán jubilaciones. También se relanzarán el programa Procrear y varias obras públicas. Se estima que ese gasto adicional equivaldrá al 2% del PBI. El propósito es loable: proteger la producción, el trabajo y el abastecimiento, aun a costa de incumplir las metas fiscales.
Lamentablemente, la diferencia entre la gran mayoría de los países del mundo y el nuestro es la inflación galopante, que nos ha dejado sin moneda. Es un fenómeno exótico, que ya no existe más, salvo en algunos países "amigos", como Venezuela, Irán y Angola, o paupérrimos, como Zimbabwe, Sudán o Haití. Los argentinos se desprenden de inmediato del peso, que ya no sirve ni para medir, ni para ahorrar.
Después del cambio de gobierno, esa actitud colectiva no se modificó, ante la ausencia de un futuro predecible y la gravitación del kirchnerismo sobre aspectos claves de la gestión de gobierno, tanto política como económica.
Por algo la Argentina ha alcanzado una tasa de riesgo país de 4000 puntos mientras nuestros vecinos, que sufren el mismo contexto dramático, tienen tasas que han crecido en las últimas semanas, pero muchísimo más bajas. Colombia subió a 466 puntos; Brasil, a 453; Perú, a 275; Uruguay, a 382, y Chile, a 340.
Todos ellos tienen problemas como nosotros, viven en el mismo planeta, arrastran deudas, cuentan con empleo público, sufren la existencia de pobreza y de protestas sociales. Pero a diferencia de la Argentina, todos han logrado equilibrios macroeconómicos, evitando los desbordes fiscales y desterrando la inflación como forma de financiar déficits públicos.
En nuestro país, por carecer de moneda, las medidas adoptadas serán inflacionarias y no podrán sostenerse en el tiempo sin ayuda externa. Si un automóvil se ha quedado sin combustible en el camino, bastará llenarlo con un bidón hasta llegar al surtidor. Pero si el auto se ha recalentado y muestra un principio de incendio, acercarse con el bidón y echarle nafta sería un despropósito.
Es posible que la contracción económica limite la velocidad de circulación de los pesos, pero esa expectativa es muy cómoda y peligrosa. Transitar la crisis requiere crédito, prolongar los plazos de pagos e impedir que un default altere nuestra inserción en el mundo. Es imperioso el mayor esfuerzo para recuperar el valor de la moneda, pues ello implica encaminar la gestión pública por el camino de la institucionalidad, la austeridad y la buena gestión de los escasísimos recursos fiscales. La moneda es el indicador fundamental de nuestro orden y nuestro desorden.
El virus inflacionario tiene cura y la vacuna está en casa. No hay que esperar a que se descubra en un laboratorio extranjero. La vacuna se llama confianza. Si el coronavirus es de una gravedad inusitada, su combinación con el virus inflacionario puede ser mortífera.
Es imperdonable que, mientras la producción tambalea bajo la caída de ventas, la presión fiscal, la ausencia de crédito, las cargas sociales y la industria del juicio, la Argentina derive recursos públicos para mantener a un Poder Ejecutivo con 20 ministerios, 84 secretarías y 169 subsecretarías; un Poder Legislativo con unos 5600 empleados para 257 diputados, y unos 5000 empleados y 1300 asesores para 72 senadores, además de 23 provincias y la CABA, que requieren alrededor de 1500 legisladores en conjunto.
El epítome de esta ofensa a quienes deben pagar sueldos teniendo sus negocios cerrados fue la resolución firmada por Sergio Massa, como presidente de la Cámara baja, que asignó la suma de $100.000 a cada uno de sus integrantes, para otorgar subsidios a discreción.
Así como el presidente de la Nación tuvo la entereza para enfrentar el gigantesco problema del coronavirus, logrando apoyo de todos los partidos y sectores, también puede realizar una convocatoria similar para derrotar al virus inflacionario y restablecer la confianza en el país, que es también recuperar su moneda. Es el único modo de lograr que esos esfuerzos cumplan sus objetivos y no financien una fuga al dólar, acrecentando la brecha cambiaria o la proliferación de especuladores, que son fruto del populismo inflacionario.
No es necesario que las medidas se implementen de inmediato. Basta solamente con la señal inédita de una decisión compartida para reformular la estructura del gasto público en la Argentina. Empezando, de manera simbólica, con aquellos números que afectan a "la política".
El primer obstáculo a vencer no provendrá de la oposición, ni de los dirigentes sociales, ni de la opinión pública, sino que esta vacuna, la que inmuniza del virus inflacionario, no está autorizada por el organismo regulador que opera en el Instituto Patria. Allí rige la más absoluta prohibición de hablar de inflación, de gasto público o de corrupción política o sindical. Es de esperar que se advierta el peligro de que los dos virus se combinen y terminen de arruinar nuestro querido país. Y que algunos dirigentes más esclarecidos sepan honrar la palabra "patria" y liberen el uso de la vacuna contra nuestro viejo virus. Los más vulnerables lo agradecerán.
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