Nuevas áreas protegidas

Fuente: LA NACION
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22 de diciembre de 2018  

El Senado acaba de sancionar la ley que crea las áreas marinas protegidas Yaganes y Banco Burdwood II, ubicadas al sur de la provincia de Tierra del Fuego .

Ambas aportan más de 100.000 km2 a la superficie marina protegida. Un paso fundamental para lograr la protección de espacios marítimos argentinos, según lo previsto en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, asumido por las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Se trata de áreas ubicadas en la Zona Económica Exclusiva Argentina, que serán gestionadas bajo la responsabilidad de la Administración de Parques Nacionales y que constituyen sitios de importancia para la cría y el desove de peces de alto valor comercial. Yaganes suma a la protección marina costera cerca de 69.000 km2, mientras que Namuncurá-Banco Burdwood II abarca más de 32.000 km2.

La Argentina es un país signatario del Convenio de Diversidad Biológica y ha adherido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, por lo que se ha comprometido a proteger al menos el 10% de la superficie marina para el año 2020. En diciembre de 2014 se sancionó la ley 27.037, que establece el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas y que brinda un marco legal para el manejo y la implementación efectiva de las áreas marinas protegidas en aguas nacionales. La reciente creación de estas dos Áreas Marinas Protegidas triplica el área total protegida del país a 126.000 kilómetros cuadrados, lo que representa un progreso sustancial en la protección del ecosistema marino ya que mitiga los impactos de las prácticas no sostenibles, así como los daños que la pesca ilegal de buques extranjeros están ocasionando a nuestros recursos marinos. La conservación de la biodiversidad marina es de enorme importancia para el país y el bienestar de sus habitantes, y es por eso que resulta esencial asegurar que todos los usos que se hagan en el Mar Argentino garanticen la conservación de las especies y sus hábitats.

En la actualidad, existen diversas amenazas que demuestran la necesidad de redoblar esfuerzos para la implementación efectiva de una política de largo plazo de conservación de la biodiversidad marina. En algunos sectores, debido a la presencia de contaminación; en otros, como consecuencia de la sobrepesca y otras prácticas pesqueras no sostenibles que afectan los ecosistemas.

La designación de estas áreas como protegidas contribuye a restaurar las pesquerías, ofrece áreas seguras de alimentación y migración para especies emblemáticas, como pingüinos y ballenas -que sostienen el turismo de naturaleza en las costas- y aporta a una estrategia de adaptación al cambio climático, ya que los océanos regulan el clima del planeta.

Más allá de esos aportes, la creación de Áreas Marinas Protegidas promueve un conocimiento más profundo del mar, por parte de la sociedad, tantas veces utilizado como inadmisible vertedero. Es por eso que resulta elogiable la decisión política de crear áreas protegidas en el mar como política de Estado. Una acción necesaria para la sostenibilidad de los océanos y los recursos marinos de nuestro país y del planeta.

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