PASO: el uso de la pandemia como artimaña política
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LA NACION
La puja por una reforma electoral de apuro responde más a las urgencias de algunos dirigentes por retener poder que a la actual situación sanitaria
No hay ninguna novedad en decir que las PASO no han cumplido en nuestro país el propósito para el que fueron pensadas. La enorme mayoría de las candidaturas que se presentaron para competir en elecciones primarias abiertas y simultáneas desde 2009, año de sanción de la ley que las creó, fueron producto de la elección a dedo de los líderes de los partidos o alianzas y no el resultado de la competencia directa en las urnas que permitiera a los ciudadanos, entre un abanico de posibilidades, elegir aquella que consideraban mejor. Por esa misma razón, habiendo estado casi predeterminada la mayoría de las fórmulas y listas de postulantes a cargos electivos, las PASO solo sirvieron como una gran encuesta previa a las elecciones generales, con costos altísimos e injustificables.
Desde estas columnas hemos señalado en más de una oportunidad la necesidad de tomar alguna decisión con la ley de primarias abiertas. Pero con la misma firmeza con que criticamos su uso defectuoso, hemos advertido que su eliminación o reemplazo debe ser producto de un amplio consenso y no, como ha venido sucediendo en los últimos años, de las eventuales urgencias políticas de quienes vislumbran que no resultarán favorecidos en una inminente contienda electoral y, por tanto, reclaman su suspensión o directamente su eliminación.
En esta ocasión, entre quienes piden cancelar las previstas para este año, están los que sostienen que no podrá garantizarse la seguridad sanitaria en medio de la pandemia. Es un argumento falaz: muchos países han celebrado ya comicios generales sin que esa realidad se haya convertido en un impedimento o derivado en una multiplicación de contagios. Las excusas, más bien, transitan por otros carriles menos sanitarios.
Es sabido la existencia de profundas diferencias respecto de las PASO dentro del propio partido gobernante. Mientras la mayoría de los mandatarios provinciales y varios legisladores del oficialismo reclamaron su suspensión al presidente Alberto Fernández, otro sector liderado por la agrupación La Cámpora rechaza de plano esa posibilidad.
A nadie escapa la necesidad del oficialismo de conseguir algún signo de reactivación económica antes de tener que someterse a las urnas
En cuanto a los gobernadores, el cálculo es más que pragmático: temen especialmente perder escaños en el Congreso de la Nación entre uno y otro llamado electoral, calculan que con la anulación de esos comicios se evitaría la polarización extrema que suele perjudicar las ambiciones de muchos oficialismos provinciales y quieren evitar que resulten ventajosas para la oposición, ya que suelen ordenarle su oferta electoral. La Cámpora, en tanto, defiende las primarias en la confianza de que podrían permitirle ampliar su número de bancas y fortalecer así el proyecto político que viene consolidando en varios distritos y, especialmente, dentro del gobierno nacional, donde cada funcionario que cae es reemplazado por un camporista. Y hay otro motivo de peso en el sector amadrinado por Cristina Kirchner para rechazar la suspensión: las PASO fueron creadas como una panacea electoral a instancias de Néstor Kirchner durante su presidencia. Derogarla sería ir en contra de aquel precepto.
Lo cierto es que, a pedido de una decena de gobernadores, el presidente Alberto Fernández habilitó el debate para suspender las PASO, dentro del temario de sesiones extraordinarias del Congreso. Si bien en un principio el jefe del Estado se mostraba públicamente en favor de la derogación, hoy se exhibe prescindente en esa arremetida y ha derivado en gobernadores y legisladores la obtención de la mayoría necesaria para lograr tal objetivo.
El hecho de que haya incluido el tema en extraordinarias habla ciertamente de cierto apuro por resolver la cuestión, pero el Presidente es consciente de que los votos no están garantizados para forzar hoy una modificación de ese tipo. Una vez más, el jefe del Estado parece ofrecer a cada sector lo que quiere escuchar.
En las últimas horas, un grupo de gobernadores del norte del país se reunió con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, para reclamarle una solución urgente.
Según el chaqueño Jorge Capitanich, que ofició como una suerte de vocero del grupo tras la reunión, convendría retrasar el cronograma electoral. A nadie escapa la necesidad del oficialismo por conseguir algún signo de reactivación económica antes de someterse nuevamente a las urnas.
Pretender aplicar las reformas electorales para que rijan dentro de un mismo período gubernamental es vulnerar la imprescindible seguridad jurídica
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, el bloque 17 de noviembre, creado a fines de 2019 y actualmente aliado del oficialismo, presentó un proyecto de suspensión "por única vez" en el distrito de las regulaciones que dispone la ley de convocatoria de las PASO. Los legisladores Fabio Britos y Mario Giacobbe propician la creación de un Fondo Electoral que destine a los municipios las partidas presupuestarias previstas para la elección y dispone que la mitad deberá utilizarse para obras en establecimientos educativos.
La avanzada de principios de diciembre último en el Congreso de la Nación había sido protagonizada por un grupo de gobernadores encolumnados detrás del proyecto de ley de aplazamiento presentado por el diputado Pablo Yedlin (Frente de Todos-Tucumán).
Ese texto, de apenas tres artículos, expresa: "Suspéndase la aplicación del Título II de la Ley 26.571 para la selección por parte de las agrupaciones políticas de los candidatos a diputados y senadores para las elecciones generales del año 2021, quedando solo y automáticamente proclamados candidatos los precandidatos de la única lista que cada agrupación política presente para ser oficializadas".
En la fundamentación, Yedlin, hombre del gobernador Juan Manzur, expresó: "En el contexto de pandemia, los gastos públicos han aumentado considerablemente. Paralelamente se desarrolla una profunda caída general en la actividad económica, lo que se refleja en los principales indicadores financieros […] Pensar en realizar las PASO implicaría forzar al Estado a una serie de gastos que no solo no corresponden con la gravedad de la situación, sino que además se emplearían recursos que serían mucho más útiles para fines sanitarios. En 2019, las PASO costaron más de $3000 millones. Una suma de esa magnitud sería clave para sumar en lo sanitario, y esto sin tener en cuenta la actualización de dicho monto". El texto, claramente, no puede ser otra cosa que protocolar, pero los verdaderos intereses son políticos y no se agotan en esa sintética descripción.
Como hemos dicho en otras ocasiones, pretender aplicar reformas electorales de apuro y para que rijan dentro de un mismo período gubernamental es vulnerar la imprescindible seguridad jurídica. La previsibilidad y el conocimiento informado de los electores son elementos que permiten reafirmar esa máxima en cada proceso electoral. En este delicado terreno, el Gobierno vuelve a mostrar cuáles son sus auténticas prioridades. El cambio de las reglas no debe ser manipulado en beneficio de una parte de la dirigencia política y en contra del derecho de los ciudadanos.
