Recientemente se registraron incidentes y cruces entre vecinos de Lago Escondido, Río Negro, y manifestantes kirchneristas que habían irrumpido en caminos privados para protestar contra el empresario británico Joe Lewis, legítimo propietario de las tierras que limitan con el espejo de agua.
En opinión de Julio César Urien, un exmontonero devenido ambientalista, Lewis tiene motivos suficientes para ser sometido a escarnio y descrédito públicos: invirtió en nuestro país y adquirió legalmente unas tierras de belleza indudable. Urien preside hoy una fundación que lideró la incursión al Lago Escondido. Lo acompañaban, entre otros, representantes de ATE y CTA; el médico asesor de Axel Kicillof, Jorge Rachid, y Facundo Montesino Odarda, legislador del Frente de Todos e hijo de Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Autoerigidos en jueces de lo políticamente correcto, cargaron en redes sociales y, en este caso también físicamente, contra la propiedad de Lewis con argumentos tan falsos como tendenciosos.
Un camino especialmente establecido en 2013, a través de un acuerdo, fijó un acceso público ambientalmente modelo y sostenible por el valle El Manso, que permite acceder al lago sin atravesar propiedad privada. Sin embargo, Urien insiste con sus épicas protestas sin fundamento desde hace años. En esta oportunidad, los manifestantes kirchneristas se encontraron con agrupaciones de vecinos que denunciaron que los militantes intentaron utilizar un camino vecinal privado llamado Domingo Puchy, pese a que, el viernes anterior, la justicia provincial había rechazado un amparo de quienes solicitaban que se removieran “tranqueras, portones, cámaras de seguridad y elementos que obstaculicen o impidan el libre acceso” para utilizar esa vía. La Justicia Federal de Bariloche rechazó dos pedidos de hábeas corpus en favor de los manifestantes, pues “no se advierte vulneración a las garantías constitucionales de las personas que se encuentran marchando hacia Lago Escondido”.
No sorprende que la manifestación haya contado con el apoyo de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala; el referente piquetero, Luis D’Elía; la exlegisladora nacional Fernanda Vallejos; el diputado por el Frente de Todos Daniel Gollan, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Todos defendieron la sexta edición de la Marcha por la Soberanía a Lago Escondido, como algo implícitamente heroico, en repudio a una supuesta apropiación indebida de tierras y recursos naturales. Ese enfervorizado oscurantismo militante tiene sus curiosidades: ninguno de los activos e ideologizados participantes se ha manifestado en contra de la adquisición de 25 estancias patagónicas por parte de Lázaro Báez entre 2008 y 2005, cuya superficie supera diez veces las tierras de Lewis.
Comparten la misma suerte de confusión mental que moviliza peligrosamente hace ya demasiado tiempo a delincuentes enmascarados que arremeten violentamente contra propietarios privados, nuestros parques nacionales y las leyes que rigen nuestra convivencia. Estamos ante otra fotografía de los extremos de barbarie a los que puede llegar un poder que todo lo manipula y corrompe.
