Personeros de la violencia
La polémica absolución del intendente Secco constituye un inexplicable perdón a un dirigente que no repara en usar el cargo para imponerse violentamente
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LA NACION
La absolución del intendente de Ensenada, Mario Secco, por los gravísimos hechos que protagonizó en 2017 al ingresar intempestivamente y a la fuerza en una sesión de la Legislatura provincial –decisión judicial que fue apelada por el fiscal Jorge Paolini– configura un gravísimo antecedente que no deja lugar a otra lectura que no sea que, en opinión de cierto sector de la Justicia, a los funcionarios violentos la ley no los alcanza.
El hecho protagonizado por el agresivo intendente de Ensenada, atornillado en su silla desde 2003, ocurrió durante el cuarto intermedio decidido durante la sesión de la Legislatura bonaerense en la que se debatía la reforma jubilatoria de los trabajadores del Banco Provincia. Fuera del Palacio Legislativo –tal como ocurrió poco después frente al Congreso Nacional cuando se dirimía la finalmente frustrada reforma previsional que derivó en un artero ataque con toneladas de piedras obtenidas de la destrucción de parte de la plaza del Congreso–, un grupo de manifestantes pertenecientes a organizaciones sociales y gremiales derribaron vallas, generando incidentes de suma gravedad, cuyo avance fue frenado por la policía reponiendo el orden en la calle.
Fue en ese contexto que Secco y un grupo de 25 personas identificadas como sus seguidores ingresaron por la fuerza a la Legislatura, ejerciendo violencia física sobre los empleados de seguridad del edificio y arremetiendo con todo a su paso hasta llegar al recinto, en cuya presidencia Secco depositó piedras y cartuchos de los gases utilizados por las fuerzas de seguridad para dispersar a los revoltosos y evitar males mayores.
Por esa tan brutal como descarada acción, el intendente fue imputado de los delitos de resistencia a la autoridad, perturbación al ejercicio de la función publica y coacción agravada. Pasado más de un lustro del hecho, el Tribunal en lo Criminal Nº2 de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernard, Ezequiel Medrano y Carmen Palacios Arias, lo absolvió junto a los otros imputados por prescripción de los dos primeros delitos y, porque, a su criterio, no configuró coacción agravada.
El fiscal apeló el fallo en duros términos y pidió que se lo revoque. Sostuvo que hubo “una absurda valoración de la prueba” y cuestionó que los magistrados hubieran considerado que Secco no habia cometido delito porque no se comprobó la existencia de un ejercicio abusivo de las funciones públicas vinculados con el desempeño de la tarea para la que fue elegido.
Es hora de hacer notar a ciertos dirigentes que un cargo público es un préstamo que les concede la ciudadanía para que cumplan con su deber y no un cheque en blanco para que hagan lo que les plazca
Paolini se preguntó cómo puede ser interpretado que “Secco no se encontraba en ejercicio de sus funciones como intendente de la localidad de Ensenada, cuando ingresó al recinto de la Legislatura provincial” en tal carácter, al tiempo que cuestionó las “conclusiones arbitrarias por falta de valoración integral” de parte del tribunal.
El hecho por el que se lo acusa establece penas de 5 a 10 años de prisión y la posibilidad de ser inhabilitado para ejercer la función pública. Su defensa reclama, además, la nulidad del juicio oral porque sostiene que “está acreditado que no cometió ningún delito” y que la causa representa un caso de lawfare: la falsa teoría conspirativa que comparte con su mandamás, la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Más allá del derrotero judicial, que resta definir aún por la Cámara de Casación, no hay dudas del daño causado por nefastos personajes como Secco, haciendo abuso de poder, mediante el ejercicio de la violencia y de una prepotencia que –por lo visto– no debería ser sancionada a juzgar por lo determinado por el tribunal de alzada.
Como hemos comentado en un reciente editorial, funcionarios opositores y trabajadores municipales describen los métodos de Secco como agresivos, lo acusan de usar herramientas comunales para lograr sus objetivos políticos, sembrando el temor y aprovechándose de las necesidades económicas de muchas personas, habiendo agredido también a concejales de su distrito. Extendió su tan despiadada como agresiva diatriba, además, contra la Corte Suprema cuando, de todo derecho, el máximo tribunal del país suspendió las elecciones tucumanas. Secco tildó ese fallo como una “mamarrachada, una decisión política que no tiene nada que ver con la Justicia”. Se trata del mismo impresentable que, montado sobre el relato de la falsa proscripción a Cristina Kirchner, sostuvo: “Si [los jueces] le quieren hacer lo mismo que a Lula en Brasil, van a tener una reacción popular que no se la van a poder bancar; vuelan todos en pedacitos”.
Resulta tan lamentable como preocupante que este tipo de soldados de la violencia y el desprecio por las leyes siga consiguiendo perdones a sus delitos. Si, como se dice habitualmente, el mayor ejemplo debe venir desde arriba, desde quienes gobiernan, el de Secco es nefasto.
Como sociedad, debemos exigir el fin de estos atropellos. Por un lado, está la ley, que debe ser bien interpretada y cumplida. Por el otro, está el voto. Demasiada gente vive sojuzgada por militantes de la ignorancia, la pobreza y la violencia, de las que se valen para seguir sometiendo a tantos ciudadanos atrapados en su telaraña. Es hora de hacerles notar a estos personeros que un cargo público es un préstamo que le concede la ciudadanía para que cumplan con su deber y no un cheque en blanco para que hagan lo que se les antoje.
LA NACION
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