Perverso aprovechamiento

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26 de marzo de 2020  

Venezuela está económicamente arruinada. Entre los años 2013 y 2019, su producto bruto interno cayó nada menos que en un 66%. Hoy el ingreso per cápita promedio de los venezolanos está apenas por encima de los 2700 dólares anuales y se ubica en los mismos niveles que en el año 1944, según cálculos de economistas.

Por eso y por la innegable pérdida de sus libertades esenciales casi cinco millones de entristecidos venezolanos se han visto obligados a abandonar su país para vivir en libertad y defender afanosamente su dignidad.

En rigor, la economía de Venezuela se ha convertido en un mero mecanismo al servicio de Cuba, que logra así sobrevivir a costa suya, succionando ávidamente buena parte de los recursos derivados de las enormes reservas petroleras venezolanas.

Mientras este proceso tiene lugar, el dictador Nicolás Maduro está tratando de aprovecharse perversamente de la terrible pandemia de coronavirus que acosa al mundo y a la región para enviar a la cárcel a los dirigentes opositores que se animen a criticar públicamente la tan grave como dramática situación sanitaria del país.

Acaba de hacerlo, específicamente, con el diputado opositor Tony Geara, quien se animó a denunciar públicamente, como corresponde a su investidura, el lamentable estado en que se encuentra la salud pública en su país, que está al borde mismo del abismo.

El año pasado, la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas , y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet , había denunciado específicamente la tragedia sanitaria de Venezuela , señalando concretamente que el sistema tenía, ya por entonces, "carencias del 60 al 100% de fármacos esenciales" en todas las principales ciudades venezolanas.

La detención de Geara viola ciertamente su inmunidad parlamentaria e incluso instala un angustiante pronóstico si se tiene en cuenta que el concejal Fernando Albán, recientemente detenido en el aeropuerto internacional de Caracas, apareció muerto tres días después, en la propia sede de la policía política que responde a la repudiable dictadura de Maduro.

Se torna necesaria una mayor presión de la comunidad internacional para evitar que la crisis del coronavirus pueda ser aprovechada por el régimen autoritario que gobierna Venezuela para seguir avanzando sobre las libertades públicas y violar los derechos humanos.

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