Política social, insolvencia fiscal y pugna electoral

En ambientes profesionales se le critica a Mauricio Macri no haber instrumentado con mayor rapidez las reformas que le hubieran permitido reducir el déficit fiscal y evitar el endeudamiento que lo llevó a la crisis desatada en abril de 2018. Esto ocurrió por haber optado por el gradualismo y por una ampliación de las ayudas sociales. Pero, paradójicamente, a la hora de las PASO, la mayoría de los votantes se adhirieron a una versión crítica que señalaba al Presidente como causante de un ajuste duro y antisocial.

La herencia recibida por Macri en diciembre de 2015 podría asimilarse a una bomba de tiempo que debía desactivarse actuando rápidamente en la corrección de los desequilibrios macroeconómicos. La recuperación de la institucionalidad y de las relaciones con el mundo no era suficiente por sí sola si la economía fracasaba. El inmenso déficit fiscal surgía del clásico ciclo populista. La creación ficticia de bienestar se apoyó durante la gestión kirchnerista en un aumento descontrolado del gasto público. Se duplicó el número de empleados estatales, se jubiló a tres millones de personas sin aportes, se congelaron las tarifas de los servicios públicos compensándolos con subsidios y se otorgaron siete millones de planes sociales. Estos excesos populistas fueron posibles por los altos precios internacionales de los productos exportables y la bajísima tasa de interés en el mundo. Por encima de esas ventajas, se fue consumiendo el capital de infraestructura, principalmente el energético y el de transporte. Cuando todo eso no alcanzó, se confiscaron los fondos de jubilaciones y pensiones, y los impuestos crecieron, lo que desalentó la inversión.

Así, durante 12 años se edificó un populismo dulce, pero insostenible. La suerte siguió asistiendo al gobierno saliente de Cristina Fernández de Kirchner: la bomba no le explotó en las manos y gran parte de la ciudadanía recuerda aquella dulzura y carece de la posibilidad de elaborar un diagnóstico socioeconómico. Hoy se escucha que "estábamos mejor con Cristina" y esa sensación ha conducido en buena parte el voto del 11 de este mes. La corrupción y las cuestiones institucionales no alcanzaron a desalentar esa preferencia.

Mauricio Macri inició su mandato trabajando bien la salida del default y recuperando el prestigio internacional. Su gabinete cumplía en general las condiciones de idoneidad y honestidad. Pero se inclinó por escuchar con más atención a quienes fueron sus consejeros electorales y a los miembros de su coalición que tenían mayor aversión a una ortodoxia económica correctiva. Debe reconocerse que hubo también cierta desaprensión al no evitar dar señales contradictorias. Por ejemplo, aumentar el número de ministerios de 15 a 21. Solo se actuó con cierta decisión, aunque con alguna desprolijidad, en el ajuste de las tarifas de gas y electricidad.

Por consejo de sus asesores, Macri omitió hacer pública la enorme gravedad de la herencia recibida. Esto le redujo el espacio político para aplicar las medidas y reformas de fondo y hoy le juega en contra para poder justificarse en la herencia. La oposición, por su lado, ha podido sin dificultad adjudicarle a Macri todas las culpas del caso. Después de las PASO, la ola de críticas a su persona se extendió rápidamente a buena parte del periodismo, a los analistas políticos y a muchos de los que lo habían votado. Como válvula de escape se concentran culpas en el jefe de Gabinete y en su asesor electoral Jaime Durán Barba.

Durante sus primeros tres años de gestión, Macri practicó cierta generosidad. El acuerdo federal con las provincias significó más que un alivio para sus presupuestos en desmedro de las finanzas del gobierno nacional. Esto les permitió a la mayor parte de los gobernadores aumentar su dotación de personal. Mientras la administración nacional redujo su planta en cerca de 30.000 cargos, la provincias en conjunto la incrementaron en 55.000. Hoy, esos mismos gobernadores encabezan la crítica al gobierno nacional y reclaman ante la Corte Suprema de Justicia por la pérdida de fondos coparticipados debida a la supresión del IVA en la canasta básica de alimentos. Ninguno se planteó reducir el gasto.

El prurito oficial de no afectar el tejido social inhibió al Gobierno de reducir la cantidad de planes sociales creados por el kirchnerismo. La depuración de subsidios por discapacidades inexistentes fue más que compensada por la ampliación de beneficiarios de algunos otros programas. Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo. Se otorgaron 30.000 millones de pesos a la llamada "economía popular", una creación difícil de explicar de la anterior gestión kirchnerista, que bajo el liderazgo de Juan Grabois presiona contra el Gobierno desde un ángulo ideológico y político. En este caso, como en gran parte de los planes sociales, el Gobierno subsidia a movimientos organizados en el ejercicio de marchas en su contra y que, en algunos casos, producen episodios no exentos de violencia.

Esta preocupación de Cambiemos por lo social explica que no se haya corregido el conocido desbalance entre los 20 millones de personas que reciben mensualmente un pago del Estado versus los 8 millones que trabajan en el sector privado formal y pagan sus impuestos. La evaluación correcta debió haber sido poner en la balanza los verdaderos efectos sociales frente al daño de la crisis económica desatada por la falta de corrección fiscal. Resulta paradójico que el gobierno de Cambiemos pueda perder una elección debido a una generalizada interpretación de que la crisis es consecuencia de políticas "neoliberales" de ajuste.

De producirse en octubre o noviembre una reversión de los resultados electorales y Macri consiguiera su reelección, estas experiencias deberían ser aleccionadoras para iniciar el segundo mandato. Si esto no sucediera y la presidencia cambiase de signo político, deberán saber los que vienen que no se puede hacer populismo sin dinero, sin crédito y sin activos que liquidar.

LA NACION

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