
Políticas de apoyo a la familia
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Crece en el mundo la tendencia a instrumentar políticas de protección y de apoyo a la familia. Países y gobiernos de las más diferentes regiones del planeta y del más variado signo político coinciden en impulsar legislaciones o políticas destinadas a fortalecer los lazos y las relaciones familiares.
En efecto, la familia es una institución vinculada a la totalidad de las actividades que se despliegan en el seno de una sociedad. Es difícil imaginar formas de producción cultural o económica, o estructuras sociales o humanas que no estén íntimamente conectadas con esa condición natural e intransferible del ser humano que emana de su pertenencia a un determinado núcleo familiar u hogareño.
No hace falta argumentar demasiado para que se comprenda la raíz de este fenómeno tuitivo. Basta con tener en cuenta las alteraciones y consecuencias que suelen generar, en cualquier ámbito productivo o laboral, los divorcios, las separaciones, la muerte de uno de los cónyuges, así como la enfermedad, o la caída en adicciones graves de alguno de los integrantes del grupo familiar. El efecto tensionante o angustioso que cada uno de esos avatares suele producir en la trama de cualquier sociedad demuestra la vigencia profunda de los lazos familiares como expresión de una realidad humana de alcance universal y la necesidad de protegerlos.
No deja de ser paradójico que por un lado existan ideólogos disolventes que atacan a la familia como institución -hasta la ven como un resabio de estructuras anacrónicas de opresión- y por el otro aumente el número de sociólogos, pensadores políticos y observadores sociales que reclaman, día tras día, nuevas formulaciones legales y organizativas tendientes a consolidar la vida familiar.
En el campo productivo, son cada vez más las empresas que instrumentan o proponen políticas favorables a la familia, sea por un sentimiento de responsabilidad social hacia sus empleados o por la búsqueda de mayores niveles de eficiencia en términos de calidad empresarial y ahorro de costos. En el Reino Unido, la licencia que se otorga por embarazo en las grandes empresas privadas es de nueve meses con salario completo, mientras que en la Argentina es de sólo tres meses. También se conceden en nuestro país licencias por parto al padre de familia por dos días, a fin de que pueda acompañar a su esposa y al hijo recién nacido.
En Suiza, país de avanzada en la materia, se ha comprobado que muchas mujeres abandonan sus puestos de trabajo después del nacimiento de sus hijos, y dicho gobierno estudia la manera de conciliar la vida profesional con la familiar.
Se considera que las políticas pro familia traen aparejados numerosos beneficios, como el crecimiento de la motivación laboral en los empleados, el aumento de los niveles de disponibilidad y lealtad hacia la empresa, y el incremento de los índices de productividad. Algunas consultoras han verificado que esos beneficios generan un retorno de la inversión, que en Suiza ha sido mensurado en el 8 por ciento y en Alemania llega al 25 por ciento.
Se reconoce, por supuesto, que el sistema no deja de tener inconvenientes, pues se traduce en mayores cargas para la economía empresarial, obligada a contemplar un mayor costo por reemplazos, inversión en entrenamiento, consultoras, adecuación, capacitación e indemnizaciones. Pero se asegura que esos perjuicios se ven claramente compensados por los beneficios ya mencionados.
Y se ha llegado a la conclusión de que una política flexible en materia de horarios, trabajo a distancia, licencias parciales, guarderías en los lugares de trabajo y jornadas especiales ha probado ser altamente ventajosa para la empresa en términos de productividad y buen clima interno. Esa política de trato amigable se refleja en actitudes que contemplan de manera especial el caso de la empleada que está por tener un hijo o que está por adoptarlo, así como otras situaciones vinculadas con el desenvolvimiento y la preservación de la vida familiar.
El mensaje es digno de ser tenido en cuenta, no sólo para el porvenir de las empresas, sino para un diseño maduro y sabio de la política general del Estado. Es mucho lo que se podría hacer, por ejemplo, en términos de desgravaciones e incentivos en favor de la familia. Avanzar en esa dirección sería apostar a objetivos de fundamental importancia, como el descenso de la delincuencia juvenil y la protección de la niñez abandonada, por mencionar sólo dos de las consecuencias más evidentes y funestas del debilitamiento histórico del papel que cumplen las estructuras familiares en materia educativa y moral.
Los argentinos no debemos quedarnos al margen de esta tendencia generalizada a lograr que la familia se consolide como institución. Cuanto hagamos en ese campo contribuirá de manera muy clara al bienestar general de la población y al fortalecimiento de sus niveles de salubridad espiritual y material.


