Presos políticos y desapariciones en Venezuela
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Desde 2014 organizaciones como Foro Penal y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) documentan cientos de casos de detenidos que pasan días o semanas sin contacto con abogados, familia ni jueces. El patrón es conocido: operativos nocturnos, traslados a centros de inteligencia como El Helicoide o Boleíta, incomunicación y luego presentación ante tribunales sin debido proceso. La práctica de la desaparición forzada instalada en Venezuela viene siendo por años utilizada como herramienta de control político.
Provea documentó un incremento del 196% de casos en 2025 respecto del año anterior. Durante ese lapso, según el informe anual de la organización, 160 personas resultaron víctimas de ese delito, una escalada que superó ampliamente las 54 desapariciones registradas en 2024. En 2025, Venezuela consolidó el retroceso institucional más severo de la región, con un aumento del 102% en detenciones por motivos políticos respecto del promedio de los últimos 17 años.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) contabilizó la existencia de 518 presos políticos, bastantes más que el registro de Foro Penal, cuya cifra es de 372. A raíz de los terremotos del 24 de junio pasado JEP ha advertido sobre la vulnerabilidad en la que se encuentra esta población carcelaria, psicológicamente golpeada por la pérdida de familiares, con deterioro alimentario, aterrada por la desatendida situación de las estructuras penitenciarias, aislada comunicacionalmente y sin protocolos de evacuación segura ante este tipo de emergencias.
Según el más reciente balance de Foro Penal, desde el pasado 8 de enero se han contabilizado más de 670 excarcelaciones en diversos centros de reclusión del país por razones políticas. Este flujo, impulsado en parte por la aplicación de la ley de amnistía promulgada el 18 de enero ha permitido que cientos de personas se reencontraran con sus familias.
El problema no es solo la detención arbitraria. Es la negación del paradero y del estado del detenido, lo que configura desaparición forzada según el Estatuto de Roma. Víctimas que son opositores, militares disidentes que no quisieron plegarse a la represión, periodistas que publicaron lo que molestaba, sindicalistas y familiares usados como moneda de cambio. El objetivo es claro: generar miedo, romper redes de apoyo y evitar el escrutinio público.
Para Estados Unidos, la situación plantea una responsabilidad concreta. Si Washington ha aumentado su influencia sobre el gobierno de Caracas a través de negociaciones, levantamiento parcial de sanciones y presencia diplomática, esa influencia debe también traducirse en medidas concretas para terminar con las violaciones de derechos humanos.
Sin informes oficiales sobre la situación de detenidos y cárceles luego de los terremotos, miembros de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos acampan hace más de un mes en las afueras de la embajada norteamericana en Caracas pidiendo por la reapertura de los casos y ser escuchados.
No basta con declaraciones. Lo que corresponde es vincular cualquier alivio económico, cooperación o normalización diplomática a avances verificables: liberación de presos políticos, acceso irrestricto del Comité Internacional de la Cruz Roja a los centros de detención y apertura de causas en el sistema judicial venezolano contra responsables de tortura y desaparición. La presión multilateral en la OEA y la ONU también es necesaria para que el tema no se limite a la agenda bilateral.
Estados Unidos no puede desconocer lo que ocurre en las cárceles de Venezuela por lo que debe usar su influencia y poder para exigir la liberación inmediata de los detenidos por motivos políticos y el fin de las desapariciones forzadas. Cualquier acuerdo o avance político que ignore a las víctimas viola sus derechos humanos y consolida la impunidad.
