Putin, aislado

Hace pocos días, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por crímenes de guerra debido a su responsabilidad en secuestros de niños en Ucrania.

El tribunal señaló que Putin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de niños y del de traslado ilegal de esa población de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”. También emitió una orden de detención para Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada para los derechos de la infancia de la Oficina del presidente ruso, con similares acusaciones.

Desde el inicio de la invasión a Ucrania, hace más de un año, organizaciones internacionales acusaron a las autoridades rusas de orquestar el desplazamiento forzado de miles de menores ucranianos. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ya antes del comunicado de la CPI, no dudó en definirlos como “secuestros”, “adopciones forzadas” y “reeducación” calificándolos de crímenes de guerra.

Al respecto, Lesia Zaburanna, diputada del Parlamento ucraniano, denunció que más de 16.000 niños ucranianos han sido deportados a Rusia, desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero de 2022, y que otros 350 niños han sido incluso dados por desaparecidos.

Por su parte, según un duro informe publicado por la Universidad de Yale en febrero de este año titulado “El sistemático programa de Rusia para la reeducación y la adopción de menores ucranianos”, consigna que, desde febrero de 2022 hasta enero de 2023, “han sido transferidos más de 6000 jóvenes de entre 4 meses y 17 años de edad”.

La orden de detención contra Putin lo deja prácticamente aislado del mundo, pero solo se hará efectiva si el presidente ruso viaja a alguno de los 123 países que firmaron el Estatuto de Roma, siempre que estos acepten detenerlo y enviarlo a La Haya, con el consiguiente riesgo de confrontación contra Rusia. La CPI no cuenta con un cuerpo policial propio.

La posibilidad de que la CPI finalmente juzgue a Putin es prácticamente imposible por varios motivos: la Corte no puede atender casos in absentia del acusado; Rusia se retiró en 2016 del Estatuto de Roma que sirve de cimiento legal para el tribunal y el Kremlin no tiene la más mínima intención de entregar a ningún oficial ruso a la Corte.

Sobre el particular, el jurista polaco Matthew Waxman, profesor de la Escuela de Derecho de Columbia, señaló que esta es una “etapa muy importante para la CPI, pero que las posibilidades de que Putin sea arrestado algún día son pocas”.

Lo resuelto por la CPI indica que existen instancias capaces de acorralar a dictadores, autócratas y genocidas y, si bien en este caso no servirán para frenar las atrocidades del dictador ruso, ponen en evidencia sus viles procederes y aumentarán su aislamiento, confirmando que siempre hay algo por hacer para detenerlos.

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