Récord de piquetes
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LA NACION
El derecho a protestar o peticionar ante las autoridades asume su expresión más errada con el corte de calles, rutas o accesos de tránsito público. Sea cual fuere el motivo del reclamo, no debe permitirse que un grupo de individuos impida ejercer a otros el derecho de circular, garantizado por la Constitución nacional.
No se trata de desestimar la legitimidad de la causa que defienden quienes recurren al piquete, pero, por más validez que tengan los reclamos de los manifestantes y por más derecho a marchar que los asista, una sociedad seria no puede seguir permitiendo que la protesta callejera se salga de madre, debiéndose respetar el derecho del resto de la sociedad a trabajar y a ejercer sin impedimentos cualquier actividad lícita.
El último informe de Diagnóstico Político revela que 2021, año electoral, cerró con la cifra más alta de piquetes de los últimos siete años: 6658 cortes de calles en todo el país, lo cual confirma que no se trata de una práctica acotada. Una vez más, la provincia de Buenos Aires, con 997 piquetes, y la ciudad de Buenos Aires, con 713, registraron la mayor cantidad a nivel nacional, seguidas por Santa Fe (519), Neuquén (492), Misiones (392), Santa Cruz (362), Chubut (359) y Río Negro (349). En los restantes distritos se contabilizaron menos de 300 piquetes anuales.
En cuanto a quienes organizaron los piquetes, se señala que las manifestaciones vienen siendo más sectoriales comparadas con las grandes de la CGT y la CTA. Las organizaciones sociales protagonizaron el 23 por ciento de las protestas de 2021 (1550), seguidas por un 17 por ciento de desocupados (1109). Un 16 por ciento correspondió a vecinos autoconvocados (1073); 13 por ciento, a trabajadores privados (842); trabajadores estatales (784), y fuerzas político-partidarias (811). Estos últimos alcanzan un 12 por ciento. El resto corresponde a otros actores sociales, como estudiantes, ambientalistas y pueblos originarios.
Resolver los cortes de calles por piquetes no es de fácil solución, pero no debería haber más demoras para la instrumentación de medidas que pongan fin a estos desbordes
Los piquetes se han convertido en un paisaje urbano tan frecuente como irrespetuoso y abusivo para quienes se mueven especialmente por la ciudad de Buenos Aires, ya sin esperanzas de no ser sorprendidos por una manifestación a cualquier hora, en cualquier lugar y por cualquier motivo.
Respecto de 2022, hasta el momento la tendencia demuestra que los reclamos no cesan y que el número de piquetes sigue creciendo incluso en cantidad de manifestantes, tal el caso de los organizados por el gremio de Camioneros. Igualmente importante podría resultar el que anuncian para el 12 y el 13 del mes próximo referentes de más de 40 organizaciones que integran la Unidad Piquetera, en protesta por las negociaciones del Gobierno con el FMI.
Para comprender la magnitud del problema se debe tener en cuenta que, desde 2010, la ciudad se vio afectada por más de 8000 piquetes.
En este contexto, el legislador porteño Ramiro Marra, de La Libertad Avanza –fuerza que lidera Javier Milei–, presentó un proyecto de ley con el objetivo de prohibir la realización de piquetes en la vía pública, que tan reiteradamente interrumpen el funcionamiento normal de los servicios públicos y la circulación durante los días de semana. La iniciativa, que no pretende restringir la libertad de expresión de aquellas personas que desean realizar reclamos, sino hacer valer los derechos de todos los transeúntes por igual, exige al gobierno de la ciudad que asigne un espacio para estos fines, donde los manifestantes puedan expresarse sin perjudicar a terceros. Seguramente, la propuesta, que debe ser bienvenida en un afán por generar cambios de hábitos, no satisfaga a los piqueteros que buscan precisamente crear caos para llamar la atención.
Como reiteradamente señalamos en estas columnas, la problemática de los piquetes y cortes de calles no es de solución sencilla, pero no debería haber motivos que demoren la implementación de medidas para poner límites a semejantes desbordes. El proyecto de ley recientemente presentado es una alternativa que merece ser considerada.
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