Récord en la creación de áreas naturales protegidas

El año pasado, la Argentina alcanzó un récord histórico en la creación de áreas naturales protegidas. Efectivamente, se crearon seis nuevas áreas nacionales, con lo que se superó el récord histórico de 1937, cuando se crearon parques nacionales en la Patagonia andina: el Aconquija, en Tucumán; Ciervo de los Pantanos, en la provincia de Buenos Aires; Iberá, en Corrientes, y Traslasierra, en Córdoba. También, dos áreas marinas protegidas, Namuncurá-Banco Burdwood II y Yaganes, ambas al norte de la península antártica argentina y al sur de las islas de Tierra del Fuego y de los Estados.

Las nuevas áreas prácticamente duplican la superficie de los parques nacionales, aunque la gran mayoría de este aporte (10,1 millones de hectáreas) corresponde a las flamantes áreas protegidas marinas, que se suman al territorio ya protegido frente al Golfo San Jorge, en Chubut.

La iniciativa de proteger los espacios naturales es una de las herramientas más empleadas para salvaguardar el patrimonio natural y cultural. Desde 1904, cuando se creó el primer parque nacional, luego de la generosa donación de tierras de Francisco P. Moreno en la región de Nahuel Huapi, las áreas protegidas de dominio público han constituido una herramienta fundamental para la conservación de las riquezas naturales de nuestro país.

Resulta esencial destacar, sin embargo, que las áreas protegidas públicas (nacionales, provinciales o municipales) cubren alrededor de un 15% de nuestro territorio continental. El gigantesco espacio restante no es un abismo de tierras calcinadas, sino una naturaleza igual y, a veces, incluso más intensa que la protegida. En consecuencia, la mayor parte de los valiosos recursos naturales argentinos se encuentran sin protección y dependen de las actividades que allí se desarrollan. Es una situación angustiante si se considera que el nivel de uso de las tierras de propiedad privada está creciendo rápidamente. Es decir que si bien puede afirmarse que las áreas protegidas públicas han representado la modalidad más importante para la conservación de la naturaleza, asignar solo a ellas todas las responsabilidades en la protección del colosal patrimonio natural argentino constituye una buena manera de consentir la devastadora pérdida -en términos biológicos, económicos y culturales- que ocurre fuera de sus límites.

No debe olvidarse que en esa riqueza reside la base de las funciones y servicios que presta la naturaleza: la preservación de muestras representativas de recursos biológicos y genéticos, la regulación de cuencas hídricas, las reservas de dióxido de carbono, la fijación de suelos, los intercambios de gases de la masa vegetal y el valor escénico para fines turísticos y de goce estético.

Teniendo en cuenta, entonces, lo escaso del territorio sujeto a algún sistema de protección y los limitados fondos del Estado para ampliarlo, resulta imprescindible crear mecanismos que alienten a los propietarios de tierras de especial atractivo natural o cultural a integrarlas en sistemas de conservación con una perspectiva similar a la de las áreas protegidas públicas. En especial, en las que contengan sistemas naturales insuficientemente representados, en corredores ecológicos o para preservar sitios de especial riqueza natural, de modo de complementar el objetivo de conservar la naturaleza para las futuras generaciones. No debe olvidarse que varios parques nacionales recientemente creados tienen como origen una donación de propietarios privados. Y ello no se debe solamente al esfuerzo de quienes han donado grandes extensiones de tierra, como el Perito Moreno, al comienzo del Sistema de Parques Nacionales, o, más recientemente, al filántropo norteamericano Douglas Tompkins, sino también a los cientos de particulares anónimos que contribuyen con una tarea solitaria, de modo individual o junto a organizaciones no gubernamentales, a la conservación de nuestro territorio. De allí la importancia de avanzar con la elaboración de proyectos normativos que permitan sostener los emprendimientos de conservación y turismo ambiental. Es fundamental que se avance en el proyecto de ley de presupuestos mínimos de áreas protegidas impulsado por el Gobierno, una herramienta fundamental para seguir avanzando con la conservación del territorio y reconocer el esfuerzo de quienes trabajan en la conservación voluntaria y con su propio bolsillo.

Hay muchos sitios de alto valor que hoy se encuentran en serio peligro en el país, amenazados principalmente por actividades antrópicas y en ecorregiones poco representadas en el sistema de áreas protegidas. Tales espacios deberían ser prioridad cuando de creación de áreas protegidas nacionales se trata. Con estas medidas se evitaría además que las áreas protegidas públicas se transformen en verdaderas islas naturales rodeadas por inmensos espacios alterados por la actividad humana.