Restricciones en pandemia con hijos y entenados
Todos por igual, sin ningún tipo de excepciones, estamos obligados a respetar las normas para hacer frente al Covid-19, y las autoridades deben dar el ejemplo
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LA NACION
Las constantes y justificadas apelaciones de las autoridades a acatar los protocolos para evitar una mayor propagación del virus del Covid caen en un agujero negro cuando se observa la existencia de grupos de personas decididas a no cumplirlos. No solo no los acatan. Tampoco reciben una amonestación por su “rebeldía” ni se intenta evitar que vuelvan a infringir las normas.
A lo largo de toda la pandemia se han realizado decenas de movilizaciones por diferentes reclamos. En muchas de ellas se han respetado y se respetan la distancia social, los manifestantes usan barbijos y su duración es acotada. No es lo que sucede con la mayoría de los piquetes que se llevan a cabo en muchas ciudades, pero especialmente en la de Buenos Aires y en sus accesos, merced a la visibilidad mediática que otorga a los manifestantes trasladar sus reclamos ante la sede misma del gobierno nacional.
Sin embargo, ese tipo de movilizaciones con cortes de calles, bloqueos de accesos interjurisdiccionales y amontonamientos de gente escasa de protecciones se suceden sin intervención de las autoridades, como si los integrantes de esos grupos fueran inmunes a contraer coronavirus o a contagiar a los demás.
Por una concepción totalmente errada –o ideologizada– del lugar y del derecho que le asiste a la autoridad para asegurar el mantenimiento del orden y hacer cumplir las normas de convivencia en situaciones sanitarias críticas como la que estamos transitando, se deja hacer a determinados grupos lo que a otros se prohíbe.
Es comprensible que se ponga especial interés en evitar reuniones de muchas personas en lugares cerrados, que se debata sobre la seguridad en las escuelas, que se impidan o desarmen fiestas clandestinas y se haga pagar a sus organizadores por las faltas cometidas. Pero resulta tan inaceptable como irritante que no se exija lo mismo a quienes, en defensa de un derecho, no solo violan los ajenos, sino que ponen en peligro a la sociedad en su conjunto.
Ya hemos comentado en estas columnas la barbaridad que significó permitir la realización del superclásico entre River Plate y Boca Juniors cuando la mayoría de los futbolistas que iban a participar de ese partido habían tenido contacto estrecho con unos 15 compañeros contagiados de Covid. Concluido ese encuentro se supo que también se infectaron varios de los jugadores que lo disputaron.
Por estas horas, se debate sobre la conveniencia de llevar adelante la Copa América 21, que disputarán diez seleccionados de fútbol en ciudades de la Argentina y de Colombia, entre el 13 del mes próximo y el 10 de julio. Al hablar sobre el asunto, el presidente Alberto Fernández dijo haberle exigido a la Conmebol que garantice el extremo cumplimiento de los controles sanitarios por parte de los equipos que arriben al país y que baraja la posibilidad de que la Argentina sea la única organizadora. “No tiene sentido cargarle las culpas a River, porque le puede pasar a cualquiera”, sostuvo Fernández. Si hay algo en lo que no se equivoca es en que efectivamente “le puede pasar a cualquiera” contraer el virus. Con más razón si se expone al país por no afectar al intocable negocio del fútbol.
Fuera de ese deporte, estamos siendo testigos de cómo se permiten reuniones de muchísimas personas en lugares cerrados como estudios de televisión, medio en donde ya –como en tantos otros– ha quedado harto demostrada la velocidad con la que se ha viralizado la enfermedad, incluso con la aplicación de protocolos.
Las imágenes de centros de trasbordo de pasajeros en los que no cabía un alfiler, como consecuencia de las demoras que produjeron varios piquetes de los que ninguna autoridad se hizo cargo, confirman que en este tema de los controles hay hijos y entenados. Lo insalvable es que, como nadie está exento de enfermarse, los perjudicados de esta anomia terminamos siendo todos.
Ni qué hablar del velatorio multitudinario para despedir a Maradona en la propia sede del Gobierno ni de los actos políticos que se siguen haciendo: un presidente sin barbijo abrazado a gobernadores sin protección, pero con enorme descaro; almuerzos en Olivos sonriendo a cámara; fotos de dirigentes apretujados al solo efecto de mostrar unidad política donde la desunión es evidente y donde reina la falta de soluciones para paliar la grave situación de millones de argentinos.
Todos los días nos enteramos de cifras alarmantes de contagios, de ocupación de camas de terapia intensiva, de colapso sanitario, de vacunas con cuentagotas y de la trágica suba del número de decesos. Sin embargo, mientras se endurecen las normas para algunos, con las terribles consecuencias económicas por todos conocidas, otros se sienten eximidos, amparados en un poder notoriamente temeroso de lo que pueda depararle un calendario electoral aún incierto.
La mayoría de la sociedad ya ha tomado debida nota de la gravedad de la situación epidemiológica. Falta que a quienes les corresponde dimensionar y controlar el riesgo de la transmisibilidad de este virus no se les permita mirar para otro lado. Es de esperar que el bienestar común se anteponga al interés particular; que las normas nos alcancen a todos por igual, y que quienes piden más sacrificios empiecen por dar el ejemplo.
LA NACION
