Superar las estigmatizaciones

El 31 de mayo, en un barrio de la ciudad de Fontana, cercana a Resistencia, Chaco, una horda policial compuesta por uniformados y personal de civil derribó la puerta de la humilde vivienda de una familia Qom, etnia del grupo pámpido también conocida como toba, a las 4 de la mañana, porque creían que allí se escondía un delincuente. Elsa Fernández, indefensa, recibió un golpe de pistola en la cara, pero no dejó de gritar al ver cómo se llevaban de los pelos y a las patadas a sus dos hijos y a otros dos jóvenes, una de ellos menor de edad. Un video de ese terrible momento se viralizó y conmocionó a la sociedad. Se supo también que, ya en la comisaría, los policías continuaron aterrorizándolos, manosearon a las chicas y golpearon y rociaron con alcohol a los jóvenes, tratándolos de "indios infectados", con la luz apagada, y al grito de "ya les tiramos alcohol, ¿ahora quién les prende fuego?".

El gobernador Jorge Capitanich dispuso el apartamiento de cuatro de los efectivos que participaron del ataque, imputados provisoriamente por privación ilegítima de la libertad, vejaciones agravadas y torturas, allanamiento ilegal y apremios.

El barrio Gran Toba, de Resistencia, se ha convertido en epicentro de contagios por coronavirus en el Chaco, una de las provincias más castigadas, y dando argumento para el maltrato hacia los indígenas. Algunos reconocen en esa provincia que el "toque de queda sanitario" ha exacerbado los episodios discriminatorios de violencia institucional, algunos afortunadamente visibilizados por la videograbación en celulares. De hecho, las declaraciones testimoniales confirmaron que fueron no una, sino tres las situaciones irregulares que terminaron con detenciones de jóvenes Qom en Fontana. Mientras tanto, la cuarentena demora el ritmo de la investigación penal y las rondas de reconocimiento.

Como señaló Micaela Urdinez en una reciente nota publicada en LA NACIÓN, la discriminación contra las comunidades indígenas es una práctica extendida y cotidiana en nuestro país con una fuerte carga estigmatizante que las atemoriza y vuelve blanco de atropellos y opresiones de todo tipo.

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) denunció que la criminalización hacia los pueblos aborígenes no ha cesado. Se refieren a aproximadamente un millón de personas tan invisibles que ni el censo las identifica, muchas veces a merced de punteros políticos que solo les mienten y que nada hacen por satisfacer sus necesidades más básicas, una situación agravada ante la pérdida de territorios por desmontes que afectan también dramáticamente su acceso al agua.

Los funcionarios de todo nivel se llenan la boca prometiendo soluciones. El presidente Alberto Fernández tuiteó que las imágenes del ataque eran "inaceptables" y declaró: "Debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia".

Se trata, efectivamente, de una deuda que se remonta incluso a tiempos de Manuel Belgrano, quien, al referirse a las comunidades indígenas de Misiones, expresaba que venía a restituirles, entre otros, el derecho de libertad, del que tantas generaciones han estado privadas en nuestro país. Criticaba Belgrano que muchos de esos pobladores hayan estado "sirviendo únicamente para las rapiñas de los que han gobernado, tratándolos peor que a las bestias de carga, hasta llevarlos al sepulcro entre los horrores de la miseria e infelicidad, que yo mismo –decía– estoy palpando con ver su desnudez, sus lívidos aspectos y los ningunos recursos (sic) que les han de dejado para subsistir". Ciertamente, un nivel de sensibilidad el de aquel entonces del que aún hoy carecemos.