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Superar las divisiones y gobernar con transparencia
Atacar el flagelo del hambre, crear empleos y saldar nuestras deudas, entre otros objetivos, no deben quedar una vez más en el plano de la retórica
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LA NACION
El mensaje de Alberto Fernández con motivo de su asunción como presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa, llamando a la unidad de todos los argentinos, a un esfuerzo para intentar bajar los escandalosos índices de pobreza e indigencia y a conformar equipos multidisciplinarios para analizar los principales problemas del país con vistas a la formulación de políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos no puede menos que ser bienvenido.
Del mismo modo, vale destacar su convocatoria a lograr acuerdos básicos de solidaridad en la emergencia empezando por la atención de los más necesitados -"por los últimos, para después llegar a todos", dijo en reiteradas oportunidades-, así como corresponde celebrar su propósito de que la Argentina siga integrada al mundo y el reclamo indeclinable de soberanía sobre las islas Malvinas reconociendo como única instancia posible la paz y la diplomacia.
Es para celebrar también el tono conciliador del nuevo presidente y sus menciones a Alfonsín y Frondizi, al igual que a Sarmiento y Alberdi.
Solo elogios puede suscitar su declarada intención de terminar con los secretismos en el Estado y con la "oscuridad que quiebra la confianza". Habló de un "nunca más" -asimilando esa causa al nombre del informe que durante el alfonsinismo produjo la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas-. Lamentablemente, extendió esa simbología de enorme significación entre nosotros a cuestiones vinculadas con la necesidad de impunidad que persiguen no pocos compañeros de ruta del actual presidente para que no los alcance la vara de la Justicia.
"Nunca más", volvió a decir Alberto Fernández a la hora de criticar sin nombrarlos a los jueces que siguen las numerosas causas de corrupción que se tramitan en torno a un número importante de exfuncionarios kirchneristas, muchos de los cuales vuelven ahora a la escena pública, como el controvertido Carlos Zannini, nada más ni nada menos que como flamante procurador del Tesoro de la Nación. Esa designación de quien está siendo investigado en la causa del memorándum con Irán -por la que ya ha estado preso y sigue procesado por encubrimiento agravado- es un pésimo mensaje para los jueces que tanto y tan fundadamente han trabajado en el tema, reuniendo innumerables pruebas. El propio Alberto Fernández, en su época de distanciamiento del kirchnerismo, había asegurado que el convenio con Irán era "definitivamente un acto de encubrimiento", una ley para pretender proteger a un gobierno de la comisión de un delito.
Ha prometido el Presidente enviar al Congreso una reforma integral del sistema federal de Justicia. Más allá de los necesarios cambios en esa órbita, es menester que no se confundan posibles excesos en el uso de las prisiones preventivas con la supuesta existencia de presos políticos, que en su mayoría son políticos presos y no al revés. La reforma judicial no puede ni debe ser una herramienta para encubrir la búsqueda de impunidad.
Resulta ponderable también que haya anunciado la reforma de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Ha decidido intervenirla y quitarle los fondos reservados, los que, junto con los correspondientes a otras tantas jurisdicciones del Estado, pasarán a solventar cuestiones vinculadas con la lucha contra el hambre. Tendremos que esperar a conocer cómo y quiénes manejarán ese dinero, pues de nada serviría que pasen de una oscuridad a otra.
Del mismo modo, deberemos aguardar precisiones sobre qué significa "un Estado presente" y prestador masivo de "créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas". Corremos el riesgo de seguir ampliando los gastos públicos, de por sí elefantiásicos, y de transformar los préstamos en un sistema paralelo del crediticio legalmente constituido y controlado.
En materia económica, el mensaje del nuevo presidente ha estado dominado más por generalidades que por precisiones de cómo habrán de transitarse los caminos para sacar al país "de una situación de virtual default", según la describió. Sobre este punto, hay que destacar la voluntad expresada de cumplir con el pago de nuestras deudas. Habrá que estar atentos, pues, a que no ocurran nuevos excesos que terminen boicoteando esa intención de honrar los compromisos asumidos.
La exacerbada disposición de dineros públicos es la fuente del déficit fiscal crónico y de los permanentes desequilibrios que nos han llevado tanto a los procesos inflacionarios como al fuerte endeudamiento. De eso deben hacerse cargo tanto las nuevas autoridades como el resto de la dirigencia política.
Ha puntualizado el flamante primer mandatario cuatro grandes muros por superar: el del rencor y el odio, el del hambre, el del despilfarro de nuestras energías productivas y el emocional. No podemos sino coincidir con ello. Y abogar para que los cambios se realicen pensando en el conjunto de todos los ciudadanos, sin parcialidades ni sectorismos, sin profundizar las divisiones, unidos en la diversidad y con absoluto respeto por las instituciones de la República.
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