Cristina: un desafío moral para Milei

Cristina Kirchner nunca entraba en las tiendas más caras de París o de Nueva York. Solo les sacaba foto a los artículos expuestos en las vidrieras y luego los mandaba a su entonces secretario privado, Fabián Gutiérrez, a comprarlos, preferentemente y si podía, con dinero en efectivo. Fabián Gutiérrez está muerto, luego de haber sido cruelmente torturado en El Calafate, el caro enclave santacruceño que es un feudo virtual del matrimonio Kirchner. Los magistrados que investigaron el caso de los Cuadernos, que está ahora en pleno juicio oral, tienen la certeza, que no pueden probar, de que Gutiérrez fue torturado y asesinado como un mensaje al resto de los arrepentidos que dieron forma a la causa de los Cuadernos. Un mensaje mafioso, desde ya. Cristina Kirchner denunció que su exsecretario privado, quien les contó a fiscales y jueces cómo era el sistema de sobornos en tiempos de los dos Kirchner, fue “presionado y extorsionado” por la Justicia para que hiciera esas confesiones. Repasemos lo que sucedió. Gutiérrez se encontró con una muerte inesperada en territorio bajo protección política de los Kirchner; previamente, había sido sometido a un tormento sin límites. Su caso fue investigado por una fiscal que es sobrina de Cristina Kirchner, Natalia Mercado, hija de Alicia Kirchner, hermana de Néstor, y de su exmarido Armando “Bombón” Mercado. Gutiérrez murió mucho más cerca del señorío kirchnerista que de los jueces y fiscales de la Capital, ante quienes el exsecretario declaró como arrepentido. El relato de la viuda de Kirchner es abiertamente contradictorio con los datos objetivos de las pruebas y testimonios de la causa que se está juzgando. Un detalle bizantino para sus seguidores. En varias paredes de la ciudad, el fanatismo escribió frases como esta: “Cristina libre. La patria primero”. La patria huele a dólares. Fiscales y jueces que participaron del caso de los Cuadernos en las primeras investigaciones se sorprenden ahora por la magnitud de lo que ellos mismos supieron en su momento, aunque de manera vertiginosa por el fárrago mismo de la pesquisa. Paralelamente, el autoritario presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, inventó un campeonato y un premio que no existen en el reglamento de esa entidad; premió a Rosario Central y sancionó a Estudiantes de La Plata por haber protestado. Se terminó el fútbol como una sana competencia entre clubes. Tapia decide quién gana y quién pierde. Al lado de Tapia, merodea Ariel Vallejo, un financista que se benefició del control de cambios en tiempos de Alberto Fernández. Compró dólares baratos, por supuesto, y hasta está involucrado en la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la agencia de discapacitados. “La billetera del fútbol”, lo apodaron a Vallejo. Del fútbol de Tapia. La corrupción supuesta asedia a Tapia. El Tribunal de Disciplina de la AFA está integrado, entre otros, por el polémico exjuez federal Jorge Ballestero, y por tres jueces en funciones (Sergio Fernández, Néstor Barral y Martín Peluso). Ese tribunal, con la disidencia de Barral, inhabilitó al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, por el solo hecho de que los jugadores de su club protestaron ante la arbitrariedad de Tapia. Menos mal que son o han sido jueces.

Mauricio Macri, que tiene sus diferencias públicas y privadas con el Presidente, suele reaccionar seguro cuando se le mencionan los hechos de eventual corrupción en el gobierno mileísta (los casos $LIBRA y el de la Agencia de Discapacitados, ventilado en un audio que se le atribuye al exdirector de ese organismo Diego Spagnuolo). “A Javier no le importa el dinero”, enfatiza Macri, sin dudar. Debe agregarse que tanto el expresidente como otros que conocen a Milei se refieren a él, no a su entorno. A una parte de ese entorno le llegó la mancha del escándalo y la sospecha. Pero si bien se mira lo que sucedió con la corrupción, que creó en los últimos 40 años una élite de dirigentes políticos ricos y una sociedad en franca decadencia económica, el deber de Milei es mucho más amplio que ordenar las cuentas públicas y cambiar los paradigmas fracasados de la economía de los últimos 80 años. Deberá liderar también una reconstrucción moral del país, porque si eludiera ese compromiso se enfrentará con una sociedad dispuesta a saltar hacia cualquier lado. Cada país tiene sus propias circunstancias, pero ni Trump ni Bolsonaro ni el húngaro Orbán ni el crecimiento en España del partido ultraderechista Vox son productos de la nada. Hay humo porque hubo fuego. Milei dejaría inconclusa su misión si se limitara a liderar una revolución económica y monetaria. Su gobierno debería reinstaurar una noción de la moral en la función pública y refutar con los hechos el runrún del progresismo de que la corrupción y las políticas liberales son aliados naturales e imprescindibles. La historia los refuta. Si observamos las últimas cuatro décadas, solo tres presidentes no peronistas (Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Macri) no fueron acusados de haberse enriquecido personalmente en el ejercicio de la presidencia. La experiencia indica, por el contrario, que a muchos peronistas (no a todos, desde ya) les da lo mismo la honestidad o la deshonestidad cuando desfilan por las alfombras del poder.

Llamó la atención el monumental tamaño de la fortuna personal de los exsecretarios del matrimonio Kirchner, sobre todo de Daniel Muñoz y de Fabián Gutiérrez. Los Kirchner no eran (o no son) generosos ni estuvieron nunca dispuestos a repartir parte del botín. Funcionarios judiciales sostienen que, tal vez, una parte pequeña se lo permitieron a Muñoz, que era la última frontera antes de los Kirchner para depositar el dinero mal habido. Esos magistrados se inclinan más bien por sostener que fue tal la dimensión del robo al Estado que ni los propios Kirchner se daban cuenta de que los estaban despojando de una porción ínfima de su descomunal fortuna. Otra observación que surge del juicio en marcha es que la Justicia (más que nada los primeros, decisivos y valientes investigadores, el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio) le salvaron la vida, quizás, al histórico contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, cuando lo convirtieron en arrepentido y lo aislaron de la vida en sociedad. Manzanares era quien lo ayudó al matrimonio presidencial a lavar el dinero ilícito que recibían. Contó todo. Cómo lo hacía, de quién recibía instrucciones y hasta el mensaje de Cristina Kirchner que recibió en 2017, en el que le informó que ella ya no podía pagarle honorarios porque estaba siendo observada por jueces y fiscales. Manzanares se puso entonces en manos de la Justicia. No es cierto que Stornelli y Bonadio podían extorsionar a exfuncionarios o a poderosos empresarios. El trámite de los arrepentidos requiere de demasiados testigos. Fiscales, abogados defensores, secretarios letrados y escribientes de la Justicia. Nunca un arrepentido está solo con un juez.

Testimonios y pruebas confirman que Cristina Kirchner no es inocente por más que el relato para incautos sostenga que es víctima de una persecución ideológica. Y nada mejor para esa parábola que denunciar a Macri como el arquitecto de su suplicio judicial. Un miembro de una familia rica contra la lideresa de un movimiento que representa a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Ella cuestiona la validez de los cuadernos y al fiscal Stornelli, pero nunca se refiere al fondo de la cuestión: ¿robaron o no robaron? Por lo demás, el chofer Oscar Centeno ratificó en sus declaraciones antes los jueces lo que escribió en sus famosos cuadernos, que son la mejor biografía de la corrupción kirchnerista y que se conocieron gracias al trabajo periodístico de Diego Cabot en LA NACION. ¿De qué le sirve seguir hablando de “cuadernos truchos? Fraseología que no dice nada. ¿Se interesó Macri para que encarcelaran a Cristina Kirchner? El fallecido juez Bonadio le aseguró a este periodista que nunca recibió ningún pedido sobre Cristina Kirchner durante el gobierno de Macri. El también fallecido juez Norberto Oyarbide le llevó al ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano, una resolución en la que ordenaban la detención de Cristina Kirchner, pero a cambio de que no le pidiera la renuncia como juez. “No lo llamé para poner preso a nadie, pero usted no puede seguir siendo juez”, le respondió Garavano a un magistrado que había protagonizado varios escándalos públicos. Oyarbide colocó la resolución bajo el brazo, se fue y luego envió la renuncia. Sorprende, con todo, que el peronismo siga colonizado por el kirchnerismo y que no haya surgido todavía un liderazgo alternativo al de Cristina Kirchner. Es cierto, al mismo tiempo, que varios gobernadores han buscado una diagonal propia de negociación con Milei, más allá de la persistente militancia antimileísta de la señora de Kirchner. La necesidad los obliga, pero ninguno se alzó hasta ahora con el proyecto de un liderazgo nacional. Axel Kicillof no es una opción razonable a Cristina Kirchner porque es más dogmático e ideologizado que la expresidenta. El peronismo parece depender de una presa que ya no está en el poder y cuyo destino es no volver a estarlo.

Guste o no guste, los empresarios no tienen la misma responsabilidad que los funcionarios públicos cuando existen hechos de corrupción. Hubo, sí, empresarios especialmente interesados en que existieran negocios a cambio de sobornos. Pero muchos empresarios debieron optar entre decir que no a las propuestas deshonestas y cerrar sus empresas o decir que sí y preservar sus compañías. Una cosa es la situación del CEO de la multinacional Techint, Paolo Rocca, dueño de una empresa que pudo decir que no (y no tuvo ninguna obra pública durante el kirchnerismo) porque su capacidad de producción no se reduce a la construcción. Techint entregó dólares cuando Hugo Chávez le confiscó en Venezuela una empresa de 4000 millones de dólares; lo hizo para que el gobierno de los Kirchner se interesara en la repatriación de trabajadores argentinos de esa compañía. Otra cosa es la situación del empresario de la construcción Ángelo Calcaterra, que tenía como empresa casi exclusiva una de las mayores constructoras del país. Como lo acaba de reconocer la Corte Suprema, Calcaterra aseguró desde el principio que solo había hecho obligados aportes para las campañas electorales del kirchnerismo en los años de elecciones 2013 y 2015. En el medio de esos dos ejemplos, hubo -cómo no- empresarios que participaron entusiasmados de las ventajas y las coimas.

En 40 años una dirigencia rica fue responsable e insensible de la decadencia social del país. Un estudio de Orlando Ferreres y Fausto Spotorno señala que el PBI per capita (es decir, la producción total del país dividida por la cantidad de habitantes) cayó el 3,1 por ciento entre 2007 y 2023, pero se derrumbó el 11,1 ciento entre 2011 y 2023. De estos últimos doce años, ocho fueron gobernados por el peronismo kirchnerista. Ningún otro país latinoamericano se hundió de esa manera. La productividad y el salario real cayeron verticalmente entre los años 2019 y 2023, bajo el gobierno de Alberto Fernández. Según el trabajo de los mismos economistas, en 1974 los argentinos que estaban bajo la línea de la pobreza significaban el 4,4 por ciento de la sociedad. En 2023, casi el 41 por ciento de argentinos estaban en esa situación. La realidad replica al kirchnerismo: en 2017 (gobierno de Macri) esa cantidad de argentinos técnicamente pobres había descendido a poco más del 27 por ciento, y en el primer semestre de 2025 (gobierno de Milei) el porcentaje de pobreza se ubicaba en el 31,5 por ciento, casi 10 puntos porcentuales menos que en el de Alberto Fernández.

Ese paseo entre la impericia para gobernar y la colosal acumulación de dinero robado, entre la obscenidad y la pornografía políticas, dejó una sociedad herida, que acaba de echar mano a un outsider, como lo es Milei, para que la saque de la inopia y la decadencia. Pero con la economía no basta. Semejante espectáculo de corrupción, que se despliega de manera asombrosa y pública en los tribunales, creó una nueva misión para Milei: refundar un orden moral donde reinaron el desorden y la codicia.

Por Joaquín Morales Solá

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