Un gobierno vacunado contra la vergüenza
Omitir información sobre la planificación, adquisición y distribución de dosis contra el Covid es otro hecho gravísimo en el nefasto manejo de la pandemia
5 minutos de lectura'
LA NACION
Una mayoría oficialista en un organismo supuestamente independiente como la Auditoría General de la Nación (AGN) evitó un control más exhaustivo e impuso una inconcebible reserva sobre el informe referido a la compra de vacunas durante la pandemia. Aprobado por unanimidad, la excusa fueron las cláusulas de confidencialidad de los contratos suscriptos entre los laboratorios AstraZeneca UK, AstraZeneca AB-Covax, Serum Institute (vacuna Covishield), Human Vaccine (Sputnik V) y Sinopharm y el Ministerio de Salud de la Nación, cuya difusión podría eventualmente resultar en sanciones de las farmacéuticas. Los tres auditores de la oposición rechazaron de plano el documento por “limitado, superficial y poco relevante”.
Las demandas de miembros del Parlamento Europeo lograron que se garantizara la publicidad de los contratos de compras de vacunas, entendiendo que la transparencia debe primar cuando el interés público está en juego.
En cambio, entre nosotros, en un escandaloso trámite se aprobaron, sin debate y de manera reservada, diez contratos suscriptos por el Estado argentino, obstaculizando el control ciudadano sobre actos de gobierno, propio de una democracia. Se vulnera de manera alarmante el derecho a acceder con transparencia a las decisiones de los funcionarios ungidos por los ciudadanos. Se trata, nada más ni nada menos, que de la irregular compra de 146 millones de dosis, por las que se abonaron 1737 millones de dólares.
No podremos más que suponer qué criterios rigieron las decisiones del Gobierno durante la emergencia ni si las entregas de vacunas respetaron en tiempo y forma lo contratado, por ejemplo. La diputada Graciela Ocaña (Pro-Buenos Aires), junto a otros legisladores de Juntos por el Cambio, solicitaron al presidente de la AGN, Jesús Rodríguez, la apertura del documento aprobado para encarar una investigación.
Como era de esperar, las escandalosas conclusiones de los auditores, trasladadas oportunamente al Ministerio de Salud, no generaron explicaciones satisfactorias. Además de verificarse la falta de control interno de las contrataciones en tiempos del escandaloso ministro Ginés González García, dando origen a diferencias entre lo pagado y lo facturado con un perjuicio para el Estado de más de 53 millones de pesos, también se comprobó que muchos de los productos comercializados carecían del certificado de aprobación de la Anmat. Tal el caso de unos 200.000 camisolines descartables por los que se pagaron 44 millones de pesos. Se verificaron también violaciones de la ley de ética pública en la contratación de servicios provistos por los propios funcionarios del ministerio.
Fuentes de la cartera de Salud, hoy comandada por la heredera del impresentable González García, la también oprobiosa Carla Vizzotti, pretendieron justificar que la situación de emergencia extraordinaria habilitaba apartarse de los procedimientos. El auditor Rodríguez dejó expuesta la vocación oficial por no rendir cuentas y la diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal-Buenos Aires) pidió interpelar a Vizzotti. No explicaron por qué dejaron pasar la oferta de Pfizer en pleno brote ni se refirieron a los incumplimientos contractuales de entrega de AstraZeneca. Menos aún, a las afinidades ideológicas que condujeron a comprar la vacuna que menos vidas salvó en el mundo: la Sputnik.
Con un confinamiento que largamente superó el promedio de otros países, un número de fallecidos por millón de habitantes que nos ubica entre las peores 12 naciones y una caída de la actividad económica también muy por encima de la registrada en la región, las presunciones respecto del desmanejo, las irregularidades y la gigantesca corrupción que rodearon las decisiones sanitarias locales en pandemia quedaron alevosamente expuestas.
Casi sin testeos y con una suba de casos el mes último, atribuidos también a subvariantes del virus más contagiosas, se habilitó la quinta dosis o “tercer refuerzo” para mayores de 18 años. Sin embargo, la obligatoriedad de uso de barbijo en espacios cerrados y transporte público derogada hace más de tres meses no se modificó y hoy es solo una mera recomendación. El Gobierno anunció para esta semana la distribución de las primeras vacunas llamadas bivalentes, que generan anticuerpos para los sublinajes de ómicron y no solo sobre la variante de Wuhan. Vizzotti había indicado que el objetivo era primero utilizar los actuales excesos de stock de monovalentes, pero ahora el anuncio prevé la coexistencia de ambas por varias semanas.
Por su parte, la comunicación se presenta accidentada. Se habló de unos seis millones de dosis con vencimiento entre enero y marzo de este año, que pocos querrán aplicarse si las bivalentes ya están en el mercado, ¿otro error de cálculo? Tampoco se observan estrategias creativas que convoquen a vacunarse a los más jóvenes. Solo la mitad de la población de entre 18 y 29 años se dio el primer booster (dosis 3), el 40% entre los de 12 a 17 años y el 13% en la franja que va de los 3 a 11 años. La ministra reporta que se aplicaron 113 millones de los 120 millones de dosis recibidas desde el inicio de la pandemia.
Más de 130.000 fallecidos por Covid nos recordarán siempre la ineficiencia, irresponsabilidad y desfachatez de un gobierno que condenó a un largo encierro a la población, vacunó sin vergüenza a los amigos y celebró encuentros como el Olivosgate cuando estaban prohibidas las reuniones sociales. La pandemia aún no termina y la ciudadanía reclama información sobre lo actuado y seriedad de cara a lo que sigue. Poco podemos esperar de una cartera en manos de tan cuestionables personajes. En un tema tan sensible como el de las políticas sanitarias, las irregularidades denunciadas justifican sobradamente que exijamos la renuncia de tantos irresponsables.
Tipo de trabajo:
opinión
