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Un negado conflicto armado
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LA NACION
Mientras hay quienes pretenden encubrir la acción terrorista de los años 70, viejos miembros del ERP sacan a relucir su grado de "capitanes" militares
En marzo pasado, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, recibió una misiva de parte de tres miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Ángel Gutiérrez, Mario Paz y Martín Jaime, quienes se presentaron con mención de su grado de "capitanes" militares del "Estado Mayor de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP" y ofrecieron "respetuosamente" por dicha vía su colaboración al presidente de la Nación en el marco de la pandemia. El grado de organicidad de la agrupación que representan se desprende claramente del hecho de que no se dirigen directamente al primer mandatario, sino que, como indican los procederes castrenses, elevan su pedido al Ministerio de Defensa, como si fuese su superior jerárquico inmediato.
La abogada Victoria Villarruel, presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), reveló en un tuit que tanto Gutiérrez como Paz y Jaime estuvieron detenidos durante la década del 70 y que cobraron jugosas indemnizaciones al amparo de la ley 24.043, de reparación para víctimas de delitos por parte del Estado.
Vale, pues, recordar quiénes son los firmantes de la misiva. Ángel Gutiérrez estaba detenido cuando, en mayo de 1973, el entonces presidente Héctor J. Cámpora lo amnistió junto con otros terroristas detenidos o condenados. Un año después estaba nuevamente preso con Enrique Gorriarán Merlo y Humberto Tumini, entre otros. En 1976 se le dictó condena a 20 años de prisión, que con el advenimiento de la democracia no cumplió. En 1992 y en 2015 fue doblemente indemnizado con las sumas de US$88.460 y $1.558.734,50 respectivamente. Mario Paz participó del fallido ataque al Regimiento 17 de Catamarca en 1974 y fue también detenido. No cobró una indemnización, sino dos, en 1994 y en 2014, habiéndole reconocido el Estado argentino US$209.875 y $709.265, respectivamente. Finalmente, Martín Jaime, quien también estuvo detenido, cobró en 1994 una indemnización estatal de US$197.489.
Gutiérrez, Paz y Jaime se presentan con frecuencia vistiendo sus uniformes de combate del ERP, tradicional brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. No estaría de más preguntarse qué acciones o cuántas vidas les valió el grado de capitanes que hoy exhiben. En el documental Compañía de Monte - Una estrella de 5 puntas sobre la bandera sanmartiniana, estrenado en 2018, relatan la experiencia guerrillera del ERP en Tucumán, jactándose de haberse levantado en armas contra las instituciones de la Nación en plena democracia.
Al detenernos en el texto de la carta de los tres combatientes de esta organización armada que en los años 70 cometió gravísimos ataques contra la población civil y no combatiente, incluso en tiempos de gobiernos democráticos, llaman la atención distintos pasajes. Expresan que "no puede haber otro combate que el de enfrentar (organizados) codo a codo una aproximación entre argentinos". No hablan de diálogo ni de unión, hablan de combate y enfrentamiento "organizado" en términos castrenses. ¿Cómo entender que digan desde ese planteo que "no hay ya lugar para los rincones del odio"?
Los "jóvenes idealistas" de ayer que ponían bombas, secuestraban y disparaban contra inocentes hoy ofrecen su contribución en la lucha contra el Covid-19 pretendiendo encuadrarse dentro de la vía institucional "llenos de humildad y respeto por nuestro pueblo…". Nos hemos cansado de escuchar de boca de exguerrilleros, jueces y políticos que lo que se vivió en los años 70 no fue una guerra. Sin embargo, aquellos protagonistas aún hoy visten sus uniformes castrenses, hablan de organización militar y ostentan su jerarquía de capitanes. Con mucha mayor frecuencia de la deseada –y aunque ya no son esos jóvenes–, continúan recibiendo reconocimientos como los que surgen de la asignación de cargos públicos siempre asociados con gobiernos peronistas.
Estas reapariciones de lo peor de nuestro pasado siguen siendo parte del presente argentino. No conformes con el festival de indemnizaciones que el Estado ha repartido en los últimos treinta años a todos los miembros de las organizaciones terroristas, se presentan escandalosamente frente a muchos que parecen haber perdido la memoria y tantos otros que sacan rédito de un mendaz relato. O que incluso logran convenientes excepciones avaladas desde el Gobierno, autorizándoles compras de dólares al cambio oficial, que se les niegan a ciudadanos comunes, y transferencias de dinero al exterior, donde muchos de ellos o sus familiares viven sus oportunos "exilios". Que algunos de sus alféreces no se llamen convenientemente a silencio confirma que nuestro país está atravesado por virus muchos más peligrosos, capaces de volver a enquistarse privilegiadamente en el poder.
LA NACION
