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Un vergonzoso aval al escrache
Causa estupor y constituye un grave riesgo para la democracia que haya dirigentes políticos que no solo legitiman los hostigamientos, sino que los promueven
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La fundada decisión de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado de procesar a la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar y a la concejala quilmeña Eva Mieri por el ataque contra el domicilio del diputado nacional José Luis Espert constituye una saludable señal, pues deja constancia de que aún existen resortes institucionales dispuestos a resistir la degradación de la convivencia democrática.
Lamentablemente, por decisión de la Cámara Federal de San Martín, integrada por los jueces Alberto Lugones y Néstor Barral, se ordenó la liberación de las dos mujeres, al entender, entre otras cuestiones, que la prisión preventiva fue excesiva. Arroyo Salgado no tuvo dudas al defender su proceder. Sostuvo que el ataque se hizo portando capuchas, con gorros y guantes, alterando chapas patentes y entregando un celular previamente vaciado. En su opinión, eso importaba riesgo de fuga y de alteración de pruebas.
El escrache perpetrado el 17 del mes pasado, en el que un grupo de militantes arrojó excremento frente a la casa del legislador oficialista y colgó un pasacalle con amenazas políticas, no puede leerse sino como un hecho deliberado y profundamente antidemocrático.
La atrocidad del episodio no solo radica en la violencia simbólica y material desplegada contra un dirigente político. Lo más bochornoso, lo que debería causar vergüenza a sus autores y a la sociedad en su conjunto, es que los protagonistas del ataque son funcionarios públicos, por lo visto carentes de ética republicana. Quienes deberían dar el ejemplo se comportan como energúmenos, como delincuentes que se sienten impunes. Cabe anotar en este punto que obran del mismo modo quienes luego apañan estas atrocidades desde el poder.
Abaigar y Mieri no son víctimas del sistema. Tienen responsabilidades de gestión pública, acceso a recursos del Estado y actúan –según determinó la jueza– con la peligrosa convicción de que la impunidad política es una garantía adquirida.
De los elementos reunidos en la causa surge una planificación urticante: conversaciones para reclutar a los participantes del ataque, promesas de cubrir gastos de traslado y vehículos del Estado usados con fines partidarios. Todo esto ejecutado por la directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires y por la jefa del bloque oficialista en el Concejo Deliberante de Quilmes y quien debería suceder a la intendenta Mayra Mendoza de llegar esta a asumir como diputada provincial, cargo testimonial que logró incluir a último momento en la boleta oficialista Fuerza Patria para las elecciones de septiembre. Es decir, a la intendenta la reemplazaría una funcionaria que estuvo presa y que acaba de ser procesada.
Abaigar logró en su momento que se le concediera la prisión domiciliaria en virtud de padecer una enfermedad pulmonar autoinmune, la que, sin embargo, no le impidió ir de madrugada y en pleno invierno a hostigar al legislador nacional.
Lo que se ha hecho contra la casa de Espert no es un “hecho de resistencia” como falsamente se quiere hacer ver, sino que encuadra en figuras penales como atentado contra el orden y malversación de fondos públicos, amenazas agravadas e incitación al odio.
Desde estas páginas, hemos condenado sin matices todos los escraches, vengan de donde vinieren y sean quienes fueren los destinatarios. Lo hicimos cuando Axel Kicillof –entonces viceministro de Economía– fue hostigado en una embarcación junto a su familia por pasajeros inescrupulosos que lo increparon incluso delante de sus dos pequeños hijos. En ese momento, Kicillof recibió el apoyo y la solidaridad de muchísimos sectores.
Resulta especialmente grave que el ahora gobernador opte por defender a las acusadas y criticar a la Justicia. Su reacción frente al procesamiento de Abaigar, funcionaria de su administración, revela una vergonzosa doble vara. Kicillof parece hoy más preocupado por blindar a su tropa política que por defender las normas elementales del decoro, de la ética y de la democracia.
Es imperioso que se erradique definitivamente esta incultura política que tolera y hasta festeja el hostigamiento como herramienta de disputa. Los partidos políticos y la Justicia deben sancionar con firmeza a quienes deshonran sus cargos. Las instituciones deben enviar señales claras de que el imperio de la ley no admite excepciones ideológicas. Y los ciudadanos debemos rechazar con igual vehemencia todos los atropellos, sin importar quién los cometa o a quién estén dirigidos.
La democracia se sostiene con justicia, reglas, límites, respeto y ejemplaridad. Sin doble vara.
Tipo de trabajo:
opinión
