Una crisis sobre todo moral

La anunciada reforma de la Justicia, que privilegia intereses personales por sobre los de la Nación, es un indiscutido reflejo de la falta de espíritu republicano

El estado general del país se ha agravado en los últimos ocho meses. A las consecuencias del desbarajuste financiero y económico que llevó a Cambiemos a perder las elecciones, y que en modo alguno han sido corregidas por el nuevo gobierno, se suma una crisis moral de proporciones devastadoras.

La comisión de expertos que asesorará al Presidente en la anunciada reforma judicial fue coronada a los pocos días de constituida con un patronímico antológico: ha sido bautizada popularmente con el apellido del abogado penalista que defiende a la vicepresidenta en las múltiples causas por corrupción que tiene abiertas. El doctor Carlos Alberto Beraldi no está solo en ese consejo consultivo: lo acompañan otros tres abogados penalistas, como para que no haya ninguna duda de que las angustias existenciales de Cristina Kirchner están en la primera línea de consideración de aquella reforma para ser atendidas a la mayor brevedad. Ya se verá más tarde qué precio se paga por la osadía.

Si alguien cree que se puede restaurar la confianza económica y financiera en la Argentina sobre el barro de las decisiones políticas, está muy equivocado.

En ocho meses de gobierno no hay plan económico que indique la dirección de un camino –es más, el Presidente ha dicho que no cree en ellos–, pero tampoco hay vergüenza para manifiestos atropellos que dejan a la república privada de su espíritu, enfrentando momentos de inaudita gravedad institucional. La sola inclusión del abogado defensor de Cristina Kirchner en el consejo consultivo para la reforma de la Justicia no hace más que desacreditar al cuerpo y dar cuenta de las oscuras intenciones del Gobierno. Los más memoriosos recordarán a las otras diez personalidades a las que el gobierno militar de Alejandro Lanusse acudió en 1971 a fin de estudiar un proyecto de modificaciones a la Constitución de 1853/60. He aquí sus nombres: Julio Oyhanarte, Germán Bidart Campos, Mario Justo López, Adolfo Rouzaut, Alberto A. Spota, Roberto I. Peña, Jorge Vanossi, Pablo Ramella, Carlos María Bidegain y Natalio Botana. La presencia en el nuevo grupo de estudiosos de Enrique Bacigaluppo, sin duda su figura más relevante en el plano jurídico internacional, permite recordar que le tocó, en el papel de procurador general del Tesoro designado en 1973 por el presidente electo Héctor Cámpora, dictaminar que correspondía, entre las reformas aprobadas al texto constitucional, aplicar solo aquellas referidas a la instalación de las nuevas autoridades. Entre ellas, la del tercer senador nacional por distrito político del país, que mucho más tarde legitimó la reforma constitucional de 1994.

Tanto el Presidente como su mentora redoblan la apuesta y sacan partido de su capacidad para hacer y deshacer, sustituyendo la realidad por el consabido relato que pretenden imponer. Ese particular registro no se ve reflejado en el estado de la opinión pública, cada vez más desconcertada y crítica de la prevalencia de las cuestiones personales de la vicepresidenta en desmedro de las urgencias que hacen al interés general y que se acumulan día tras día.

Es aquel estado de opinión pública, más que las acciones de la principal fuerza de la oposición, el que debería llamar al oficialismo la atención de que no se puede jugar con el país de la manera en que lo está haciendo.

La principal fuerza opositora fue una coalición electoral y no una coalición de gobierno. Deben sus dirigentes reflexionar mucho respecto de cómo continuar unidos y potenciar su peso hacia el porvenir. Más del 40% del electorado votó por Juntos por el Cambio, aun sufriendo el sabor amargo del fracaso final de una gestión. Lo hizo fundamentalmente para sustraerse de los dictados imperiosos de una fuerza empeñada en retomar un ideologismo anacrónico, malogrado en todo el mundo, que ha vuelto al poder en una Argentina más débil, con más dificultades internas y externas que a comienzos de siglo y más sensible, por lo tanto, a tolerar utopías sin destino.

Cambiemos necesita de una autocrítica amplia sobre lo ocurrido entre fines de 2015 y fines de 2019. Precisa también unificar un discurso entre sus voceros naturales para que actúen con criterio de moderación o con la energía que requieran las circunstancias. Requiere articular una conducción común, con dirigentes capaces y aguerridos para la lucha política detrás de un liderazgo. La acción política se hace desde los gabinetes de trabajo, desde las bancas y desde la calle, no desde oráculos hogareños o con un desdeñoso distanciamiento del escenario público. Necesita vigilancia permanente sobre los asuntos de Estado, preparación constante para el debate y modernización de las ideas y los proyectos. Es menester inyectar una contagiosa pasión por lo que se hace si lo que se busca es convocar y movilizar al electorado.

El interés del país exige consensos sobre la dirección que va imprimirse a la Nación después de la desorientación de estos tiempos. Lo único que no se puede consentir son complicidades para imponer una vez más la regla de la impunidad en los delitos cometidos contra el Estado o para violentar la Constitución y despojarla de principios básicos del Estado de Derecho, como la división de poderes y el ejercicio cabal de la libertad de expresión y de prensa.