Uruguay: plebiscitar el progreso
El referéndum es un primer globo de ensayo de la izquierda retardataria, que busca mantener sus privilegios obstruyendo el buen accionar del gobierno
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LA NACION
El domingo próximo, Uruguay realizará un referéndum sobre la llamada ley de urgente consideración (LUC), impulsada por la coalición del presidente Luis Lacalle Pou, debatida ampliamente y sancionada en julio de 2020. De sus 478 artículos, 135 serán plebiscitados. Abarca un importante abanico de temas vinculados con educación, seguridad, relaciones laborales, impuestos y libertad individual, puntos principales del programa del oficialismo que rechazan los sectores más radicalizados del Frente Amplio (FA), que gobernó ese país durante 15 años a lo largo de tres mandatos presidenciales.
Sectores de la izquierda uruguaya como el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores, conocido como PIT-CNT, manejado por el Partido Comunista en alianza con el Movimiento de Participación Popular (Tupamaros), desplazó a los moderados y recurrió a la militancia para recolectar las firmas necesarias a fin de convocar a este referéndum, mecanismo que demanda el apoyo del 25% del padrón electoral.
En numerosas ocasiones nuestros vecinos han recurrido a este instituto de democracia directa contemplado por la Constitución uruguaya, siempre en relación con normas legales, cuestiones que no afectan la estabilidad económica ni que son privativas del gobierno.
Las encuestas reflejan buen nivel de aprobación para Lacalle Pou, quien ve ahora sometida su gestión a una suerte de plebiscito, a pesar de ser considerado su gobierno uno de los que mejor han venido manejando la crisis provocada por la pandemia de coronavirus. Uruguay es calificado, además, como el país más democrático de la región.
El referéndum del domingo próximo apunta a minar la democracia y persigue desgastar al oficialismo con vistas a que la izquierda pueda tener alguna chance de retomar el poder
La izquierda, con su oposición cerril, no quiere perder los privilegios que la LUC acota cuando contempla tanto el derecho de huelga como el derecho del trabajador a asistir a sus labores y a que la fábrica o empresa no pueda ser tomada. Se opone ese sector al derecho al trabajo, promueve piquetes y huelgas y atenta contra la libre circulación. Rechaza también que no se puedan reducir las penas a violadores, asesinos o narcotraficantes y que la policía goce de mayor sostén jurídico. En el ámbito educativo, la descentralización y modernización impulsada por la LUC limita el poder sindical en la toma de decisiones y permitiría devolver a Uruguay la excelencia de la que hizo gala durante un siglo.
En definitiva, la objeción y solicitud de derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración debe ser considerada un primer globo de ensayo de las fuerzas políticas más retardatarias de la izquierda uruguaya, que buscan obstruir el accionar del buen gobierno de coalición en el poder. Apuntan a minar la prosperidad y democracia en la que hoy viven los uruguayos y persiguen el desgaste al que quedaría expuesto el oficialismo de triunfar el sí en el plebiscito. Apuntan así a la posibilidad del retorno al poder en 2024.
En el referéndum de voto obligatorio se juega más que la derogación de la LUC. Los socios uruguayos de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y el régimen cubano se enfrentan al proyecto de país identificado con Lacalle Pou, quien apuesta por una democracia plena, abierta al mundo y defensora de los derechos humanos –aun cuando otros callan–; que premia al inversor y al que da trabajo, y que defiende al ciudadano víctima de la delincuencia, no al delincuente.
Lo que está en juego es un sistema republicano de gobierno, respetuoso de las libertades y entusiasta promotor de una economía pujante que reparta bienestar entre los uruguayos en un marco jurídico acorde.
Es de esperar que los electores rechacen la derogación de la LUC y que el presidente Lacalle Pou reciba el respaldo de la ciudadanía, que se ha ganado con su impecable gestión. Ante los sombríos panoramas que se ciernen sobre la región sería una buena señal que la transparencia y el respeto triunfen en la vecina orilla.
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