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Vacuna: seguridad, eficacia y transparencia
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LA NACION
El Gobierno debe enfrentar la pandemia sin generar falsas expectativas en la castigada población y deponiendo todo interés particular o partidario
Inmersos en esta pandemia, todas las miradas siguen el derrotero y el frenético ritmo de más de 180 proyectos de vacunas de distinto origen, con nuevos compuestos sintéticos y tecnología, y sin antecedentes científicos sobre sus efectos.
El desarrollo de vacunas se caracteriza por un alto nivel de fracasos e intentos fallidos, además de fuerte inversión. La vacuna contra la polio de Salk demandó cinco años hasta su aprobación; la del Ébola, 16, y llevamos más de 40 años esperando la del SIDA. En el corto tiempo desde la llegada del Covid-19, ninguno de los desarrollos ha tenido los avances clínicos necesarios; según la OMS, solo diez desarrollos han completado las fases 1 y 2, y solo ahora están ingresando en la 3, que requiere decenas de miles de personas dispuestas a ser voluntariamente inoculadas y monitoreadas por lo menos durante dos años. Luego llegarán las aprobaciones regulatorias, algunas ya en marcha aceleradamente, a cargo de organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Agencia Europea de Medicinas (EMA), pero que no precalifican para las versiones rusas y chinas de las vacunas que deberán ser aprobadas por cada país receptor, demandando ello mayor tiempo.
En la Argentina, desde un primer momento, se avanzó en tratativas con el Grupo Insud, cercano al Gobierno, que en combinación con laboratorios mexicanos se halla en condiciones de producir la vacuna de la Universidad de Oxford-AstraZeneca para Latinoamérica, comprometiendo un precio muy inferior al de otras vacunas y asumiendo su eventual destrucción si finalmente no sorteara las pruebas. Aparentemente, por diferencias en los términos del acuerdo contractual, las negociaciones no siguieron avanzando hasta aquí y tomaron otro rumbo. Tras el viaje de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, a Rusia, el presidente Alberto Fernández anunció días atrás con sonrisa triunfalista que se había procedido a reservar 25 millones de vacunas del proyecto Sputnik V, a cargo del Instituto Gamaleya de Moscú, uno de los diez en la última fase de ensayos, que podría aplicarse a partir de diciembre. Poco después se confirmó que serán 50 millones y que se planea vacunar a 30 millones de personas antes del próximo invierno.
A solicitud del gobierno argentino, las negociaciones serán entre los Estados, sin intermediación, luego de revelarse los antecedentes judiciales de varios directores de HLB Pharma Group que acompañaron a Vizzotti en un viaje rodeado de hermetismo, imputados en la explosión del Laboratorio Apolo, en La Tablada, en 2016.
Aunque se pague un precio supuestamente preferencial, no es una cuestión menor considerar el valor de las dosis comprometidas, dado que, en comparación con la vacuna de Oxford, la rusa estaría costando casi siete veces más, diferencia que saldrá del erario público, aunque los funcionarios no se cansen de hablar sobre su gratuidad. Por otra parte, un lote de este mismo desarrollo es el que ya llegó a Venezuela, lo cual lleva a concluir que tanto el país caribeño como el nuestro podrían ser efectivamente considerados laboratorios de ensayo extendido fuera de Rusia; esto es, voluntarios para fase 3 cuando los sondeos confirman altos índices de rechazo a recibirla de su propia población. No se puede desconocer tampoco que la India negó el permiso para las pruebas de fase 3 de este mismo desarrollo ante la falta de datos sobre su seguridad., algo que también se había denunciado en ámbitos científicos europeos, tras la publicación rusa de septiembre pasado en la revista The Lancet.
Con posterioridad, también se ratificó la compra de 12 millones de dosis a AstraZeneca, una maniobra tendiente a superar la grieta sembrada por la vacuna rusa. Y asimismo habría un precontrato de riesgo con Pfizer por otros 3 millones de dosis.
La prioridad la tendría el personal de salud y seguridad, luego los mayores de 60 años y los grupos de riesgo, un total de más de 12 millones de personas que demandarán una compleja logística y la capacitación de numerosos agentes, en la que ya se trabaja
Un lote del desarrollo ruso es el que ya llegó a Venezuela, lo cual lleva a concluir que tanto este país como el nuestro podrían actuar como conejillos de Indias
Se debe trabajar para contar con una cartera de vacunas que minimicen los riesgos y que se apliquen gratuitamente. En un tema por demás complejo, los mensajes que salen del Gobierno deberían centralizarse y evitar caer en contradicciones y falsedades. El ministro Ginés González García fue el último en salir al ruedo para reafirmar que se buscará persuadir pero no obligar a vacunar, toda vez que ordenar compulsivamente la vacunación presupone contar con la cantidad de dosis necesarias para el total de la población, algo imposible en la fase inicial.
En tiempo récord el Congreso aprobó el proyecto que dio carta blanca al Poder Ejecutivo para resolver la compra y que habilita al Estado nacional a firmar convenios que aceptan la jurisdicción de tribunales extranjeros.
Respecto de la vacuna rusa, hay que aclarar que se trata de una doble viral; es decir que dos vectores diferentes llevan la carga inmunológica, dos dosis a aplicarse con unos 21 días de diferencia con una promesa de efectividad del 70%, cuando la mayoría varía del 30 al 50%. Expertos locales señalaron que antes de avanzar con la compra se debería haber requerido una evaluación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para mayor seguridad, organismo cuya potestad en la materia no debe soslayarse ni alterarse por manejos políticos. La documentación estaría ya en poder del organismo, al igual que la de AstraZeneca.
Escapa a la competencia de esta columna anticipar si la vacuna reunirá las condiciones necesarias, pero en todo caso las autoridades sanitarias deberán extremar los cuidados para evitar experimentaciones con la población. Muchas voces autorizadas de la comunidad científica se han alzado advirtiendo sobre peligros de imprevisibles efectos, que ligaron incluso a alarmantes objetivos de ingeniería social que muchos consideran también pertinente atender. La doctora Silvia González Ayala, experta en vacunas, fue taxativa en sus expresiones respecto de que hoy no existe ninguna vacuna con autorización de uso. Todas están en estudio. Las estrictas pautas internacionales fijan que a los seis meses se puede dar una "autorización provisoria de uso de emergencia", pero que los plazos finales no se reducen. "Los políticos no resuelven cuando una vacuna está lista", afirmó mientras distinguía entre "esperanza e ilusión".
Contra el germen del temor y la infodemia no hay mejor vacuna que la libertad para acceder a fuentes de información seria y confiable; la prudencia continúa siendo una cualidad demasiado ausente en nuestra dirigencia.
A todo esto, las campañas de prevención que hacen foco en la distancia social y el uso del barbijo no insisten debidamente en la capacidad de cada persona para construir inmunidad. La importancia de promover hábitos saludables, que incluyan una alimentación natural, buen descanso y exposición solar lucen soslayadas para la gran mayoría.
Las políticas públicas en un delicado terreno como el sanitario deben no solo consensuarse, sino por sobre todo implementarse de manera coordinada. Es de desear que el mundo pueda cuanto antes disponer de una vacuna contra el Covid-19, aunque a nadie escapa que garantizar su seguridad y eficacia demandará más tiempo. Quienes nos conducen continúan al frente de una delicada tarea y la ciudadanía aguarda que se muestren a la altura de las circunstancias, deponiendo intereses personales, ideológicos o partidarios para llevar tranquilidad a una población agobiada y castigada por la pandemia.
LA NACION
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