Vacunas y discapacidad
Es de esperar que se arbitren las medidas para que las personas con discapacidad que no residen en instituciones sean incorporadas al grupo prioritario del plan de inoculación contra el Covid-19
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LA NACION
Cuando aún no hemos dejado de sumar nombres a los bochornosos listados de los llamados vacunados vip, nos anoticiamos de operaciones de venta de vacunas por carriles no oficiales, con los peligros que eso conlleva. No menos grave ha sido que el Gobierno haya desaprovechado la extensa red sanitaria nacional para inocular a la población, optando en muchos casos por hacerlo en sedes de La Cámpora o del Frente de Todos que promueven abiertamente el trueque de vacunas por votos.
Ya nos hemos referido en estas columnas a otra vergonzosa situación que condena a las personas que sufren discapacidad al riesgo del contagio sin protección alguna. Las que no están internadas en hogares o residencias quedan fuera del régimen prioritario de vacunación obligatoria contra el Covid, según disposición del Ministerio de Salud de la Nación. Inconcebible, cuando son tantos los casos de externados que viven en sus propios hogares, con familiares o terceras personas que los asisten.
Se trata de personas de alto riesgo. Nunca mejor aplicada esta calificación para quienes son tan proclives a contraer una enfermedad altamente contagiosa como el Covid, no solo por razones congénitas o propias de su limitación, sino por sus necesidades vitales, que los vuelven dependientes.
No se trata de ahondar en odiosas argumentaciones sobre asignación de prioridades. Todos los ciudadanos deben ser vacunados lo antes posible. Se trata de no postergar a quienes por su condición deberían indudablemente ser prioridad. Recordemos que este sector de la población triplica el riesgo de mortalidad respecto del resto.
El Estado tiene la obligación de cumplir acabadamente con la ley vigente ratificada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito es proteger, promover y asegurar el pleno goce en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos para todas las personas con discapacidad. Y el derecho a la salud integra esa categoría.
Son muchas las personas con certificado de discapacidad a las que se les niega la vacuna. También, numerosos los reclamos de entidades para que se las incluya en una categoría especial que les permita inocularlas sin demoras.
Instamos a suprimir esos obstáculos. Es de esperar que se arbitren las medidas para que las personas con discapacidad que no residen en instituciones sean incorporadas al grupo prioritario del plan de vacunación.
LA NACION
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opinión
