Vergonzoso festival de impunidad
Los relatos construídos desde el Gobierno pretenden debilitar el control ciudadano para que triunfe la falta de justicia
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Hace poco menos de un mes, el Grupo Indalo anunciaba con orgullo que gracias a su “incesante esfuerzo” había logrado recuperar Oil Combustibles SA, aquello de lo que había sido despojado “de manera ilegal”. El levantamiento de la quiebra ordenada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 5, en estricto cumplimiento de una ley de moratoria diseñada a medida de los socios de dicho grupo, tomaba la forma de un triunfal anuncio publicitario.
Poco tiempo pasó para que la AFIP desistiera de la querella en la causa que tramita ante el Tribunal Oral Federal N° 3 contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray. “La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, se afirmaba en el escrito que suscribió su titular, Mercedes Marcó del Pont.
Se avanza así en otro capítulo del burdo relato reivindicatorio en favor de dos empresarios supuestamente perseguidos por un injusto y hostil gobierno. Finalizado este, Oil renace como la empresa próspera y pujante defenestrada en tiempos de la denunciada usurpación macrista.
Abonar debidamente el terreno con falsedades conduce a dejar impune uno de los mayores fraudes al Estado argentino: una escandalosa maniobra de incumplimiento impositivo que se pretende ocultar del escrutinio público. Los accionistas de Oil acusan al gobierno anterior de haberlos “ahogado financieramente”, pero la verdad difiere mucho del falso relato.
A través de una ley de moratoria “a medida”, con condiciones nunca vistas en otro régimen de financiamiento fiscal, un gobierno cómplice le permitió a una empresa levantar una quiebra que jamás debió haberse perdonado
El propio secretario general de la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh), Gerardo Canseco, anunció las tareas de readecuación ambiental que YPF debió iniciar sobre Refinería San Lorenzo luego de adquirirla en 2018, tras la quiebra de Oil Combustibles, por unos 85 millones de dólares. “Si durante cuatro años el Grupo Indalo no pagó un impuesto, menos invirtió”.
La realidad indica algo muy diferente a lo que se pretende instalar y surge del propio expediente de la quiebra. Oil promovió su insolvencia porque ya en 2011 la empresa estaba “ahogada”. Así lo determinó la Cámara de Apelaciones en lo Comercial cuando confirmó el fallo de primera instancia que estableció que, ya para junio de dicho año, había caído en cesación de pagos. “Dejó de pagar una enorme deuda fiscal para, de ahí en más, acogerse a sucesivos planes de pagos que eran solo parcialmente cumplidos”. En efecto, a menos de dos meses de adquirida la refinería San Lorenzo, Oil Combustibles se acogía al primero de numerosos planes de pagos de la AFIP que fueron calificados por la Cámara como medios “irregulares de financiamiento” y que configuraron una “maniobra fraudulenta”. El financiamiento que obtenía Oil Combustibles, lejos de reinvertirse en la compañía para sacarla adelante, se utilizó para financiar préstamos entre compañías que le permitieron al grupo adquirir nuevas empresas. Los impuestos que pagaban los contribuyentes en el precio de la nafta y que en realidad debían ingresar a la AFIP, se destinaban a hacer negocios. En vez de volver al Estado para ser invertidos en rutas, hospitales y cloacas, ese dinero sirvió a López y De Sousa para comprar nuevas empresas con la connivencia del gobierno kirchnerista a través de la máxima autoridad de la AFIP, Ricardo Echegaray. Así se construyó el Grupo Indalo.
Cuando habían pasado escasos meses de asumir Mauricio Macri, a fines de 2015, Oil se presentó en concurso a pesar de que un empleado de la empresa declaró en la causa que, por aquel entonces, Oil podría haber hecho frente a su deuda de unos mil millones de dólares con la AFIP. Tanto López como De Sousa celebraron que su exproveedor de servicios jurídicos, Alberto Fernández, llegara a la Presidencia en diciembre de 2019. Pretendían que la nueva AFIP les permitiera levantar la quiebra, a pesar de que la moratoria sancionada apenas asumió los había dejado afuera por tratarse de una firma quebrada sin continuidad empresaria. Muy a su pesar, la AFIP de Marcó del Pont rechazó sus reclamos, apodada a partir de entonces desde el multimedio del Grupo Indalo como “Marcó del Pro”, echando por tierra la tesis persecutoria.
Para desmarcarse de ese mote, esta misma semana la funcionaria también contribuyó con los sueños de impunidad de Lázaro Báez al decidir no apelar su desprocesamiento como jefe de una presunta asociación ilícita fiscal.
Las visitas a Olivos en pleno confinamiento estricto no fueron solo para celebrar cumpleaños. El 23 de julio de 2020, el visitante De Sousa se volvió con un regalo: una semana más tarde, a partir de las eficientes gestiones de Sergio Massa en el Congreso, logró la aprobación en Diputados de una ley de moratoria reformada a su medida. Para concretar las aspiraciones de reivindicación de Oil fue necesario pasar por el Congreso y modificar una ley que el gobierno de Fernández había sancionado. Sus dueños encontraron así el ansiado marco favorable.
La pregunta que subyace entonces es: ¿por qué tanto empeño en levantar la quiebra de una empresa que ya no tiene actividad? Si hoy ya no posee activos ni empleados para operar porque la Refinería San Lorenzo con sus instalaciones portuarias y estaciones de servicios fue adquirida por YPF en el marco del proceso concursal, ¿qué es lo que tan orgullosamente dice recuperar el Grupo Indalo? ¿Una empresa quebrada sin continuidad que no tiene activos para seguir funcionando? A través de una ley de moratoria “a medida”, con condiciones nunca vistas en otro régimen de financiamiento fiscal, un gobierno cómplice le permitió levantar una quiebra que jamás debió levantarse ¿Qué sentido tiene tratar de revivir un muerto? El proceder coordinado del gobierno nacional y de los accionistas del Grupo Indalo solo se explica en el marco de un plan de construcción de poder a partir de la manipulación de la opinión pública que conduzca a la impunidad.
Asistimos a un nuevo intento por acallar el reclamo ciudadano, una película que ya vimos en marzo de 2018, cuando desde las calles se puso freno a la impunidad. Los excamaristas federales Eduardo Farah y Jorge Ballestero, con la disidencia de Leopoldo Bruglia, habían levantado por entonces la prisión preventiva de López y De Sousa modificando la calificación legal del delito por el de evasión tributaria. No pudieron. Las pruebas en manos de los jueces del Tribunal Oral N° 3 son contundentes gracias a la eficiente labor probatoria llevada adelante por los funcionarios de AFIP de la gestión macrista. El 23 del corriente mes, el fiscal Juan Patricio García Elorrio debe considerar si da por probados los hechos y los acusa. Sin embargo, la celebrada moratoria reformada también podría servir para dar por finalizado el juicio penal en su contra. Esta es la razón de tanto esfuerzo por redimir una empresa que ya no tiene actividad, pero que podría resurgir como ave fénix del delito. Si se retomara la hipótesis de la evasión tributaria o la insolvencia fiscal fraudulenta, en lugar del delito de administración fraudulenta contra el Estado nacional que hoy se investiga, de acuerdo con el texto de la ley de moratoria López y De Sousa podrían ver extinguir la acción por pago, dando por finalizado el juicio. Al mismo tiempo, Echegaray quedaría libre de culpa y cargo porque, como administrador federal, bajo estos delitos pasaría a convertirse en víctima en lugar del verdadero perpetuador de una de las mayores estafas al Estado argentino. Una gran estafa más contra los ciudadanos honestos y trabajadores. De cada uno de nosotros depende que el festival de impunidad que nos quieren imponer no siga barriendo tanta corrupción debajo de la alfombra.
