América Latina en la carrera espacial: entre las oportunidades y el desafío de no llegar tarde a la disputa que define el próximo orden global
Estados Unidos, China y las empresas privadas se pelean por el dominio económico y político del espacio; América Latina tiene recursos propios para no quedar al margen, pero necesita una estrategia para no quedar sin voz en la trinchera del poder global.
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Argentina vivió la misión Artemis II como otra coronación de gloria: fue el único país de la región que pudo enviar un microsatélite. Y así volvimos a poner los ojos en el espacio. Es la historia de la evolución de la humanidad, pero también de la conquista, porque el espacio ultraterrestre siempre fue un escenario de disputa de poder, donde cada gesto es una demostración de las capacidades militares y tecnológicas que tiene un país para avanzar o defender. Frente a esto, América Latina tiene el desafío de encontrar su lugar en un tablero donde distintos actores compiten por definir las reglas del juego.
Según datos de Novaspace, la economía espacial alcanzó en 2025 los 626.000 millones de dólares, impulsada por un ecosistema que combina inversión pública, desarrollo privado y aplicaciones cada vez más extendidas en la vida cotidiana. Esta cifra no muestra un techo cercano: el Foro Económico Mundial proyecta que alcancé los 1.800.000 millones de dólares en 2035. Es un negocio inmenso y todos quieren la porción más grande de la torta.
Los especialistas consultados por LA NACION coinciden en que América Latina puede aprovechar el desarrollo de tecnologías espaciales para reducir sus brechas estructurales en infraestructura, conectividad y acceso a servicios. Sus aplicaciones trascienden ese ámbito y son una herramienta clave para abordar desafíos como la mitigación de desastres y el cambio climático, la conectividad y la respuesta humanitaria. También tienen impacto en áreas como la seguridad, la investigación en salud, la sostenibilidad y la eficiencia en la cadena de suministro. ¿Más simple? Mirar al espacio podría ayudarnos a resolver problemas en la Tierra.
Y sin embargo, el espacio corre el riesgo de convertirse en la próxima frontera colonial, con los mismos sistemas extractivos que históricamente profundizaron las desigualdades entre países. Estados Unidos y China compiten por definir quién escribe las reglas. Las empresas privadas operan sin bandera ni obligaciones. Las potencias emergentes buscan su lugar. Y América Latina, una vez más, corre el riesgo de llegar tarde a una disputa que ya empezó.
Es una región muy heterogénea en términos de iniciativas, capacidades y alineamientos, que históricamente dependió de la tecnología espacial extranjera para su desarrollo. “Ocupa un lugar periférico, pero no irrelevante”, sostiene Luis Castillo Argañaraz, investigador del CONICET y doctor en Derecho y Ciencia Política. Aunque no lidera la carrera tecnológica ni la explotación de recursos, “tiene oportunidades reales de inserción en áreas como aplicaciones satelitales, cooperación internacional y desarrollo de capacidades específicas”, explica.
Potencial en órbita
Un punto clave para capitalizar es la ubicación geográfica privilegiada. “Los países más cercanos al Ecuador son excelentes para tener centros de lanzamiento, mientras que en el Cono Sur se pueden realizar actividades de observación astronómica que no pueden llevarse a cabo en ninguna otra parte del mundo”, explica Martina Elia Vitoloni, abogada especialista en derecho espacial e investigadora de la Universidad de McGill.
En este sentido, Castillo Argañaraz resalta dos lugares estratégicos. El desierto de Atacama, en Chile, es un punto clave para el desarrollo del Space Situational Awareness (SSA), que permite conocer qué objetos hay en el espacio, dónde están, cómo se mueven y qué riesgos pueden generar. “Gracias a estos sistemas es posible detectar satélites activos, desechos espaciales y monitorear la actividad de otros actores, tanto estatales como privados”, detalla Castillo Argañaraz. Brasil cuenta con el Centro de Lanzamiento de Alcântara, piedra angular del programa espacial de la Agencia Espacial Brasileña (AEB). Ubicado en el estado de Maranhão, es uno de los mejor ubicados del mundo: su cercanía al ecuador le da una ventaja significativa en eficiencia de combustible, ya que permite a los cohetes aprovechar al máximo la rotación de la Tierra, especialmente para órbitas bajas y ecuatoriales.
Argentina tiene una de las trayectorias espaciales más sólidas de la región. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), con más de tres décadas de experiencia, le da al país la capacidad de desarrollar y lanzar satélites de manera independiente, algo que muy pocos países de la región pueden decir.
Esa trayectoria tiene nombres concretos. En 1961 fue el primer país del hemisferio sur en lanzar exitosamente un cohete, el Alfa-Centauro. Fue pionera en desarrollar satélites geoestacionarios de telecomunicaciones propios, como ARSAT-1 y ARSAT-2, y en el uso de tecnología radar avanzada con la serie SAOCOM, que permite observar la Tierra en cualquier condición climática. Logró su primera exportación espacial al aportar componentes al satélite Amazonia-1 de Brasil. Y su último hito fue el microsatélite Atenea, enviado en la misión Artemis II, un proyecto que reunió a la CONAE, organismos científicos, universidades y la empresa VENG S.A., y que da cuenta tanto de la capacidad técnica del país como del entramado de colaboración que la sostiene. Detrás de estos desarrollos, siempre aparece INVAP, la empresa estatal especializada en integración y ensayo de satélites, con experiencia exportadora y operación en órbita.
Mirar hacia arriba para resolver lo de abajo
América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, con brechas profundas en el acceso a infraestructura básica que también se reflejan en la conectividad. Esa falta de acceso impacta directamente en la salud y la educación, y es más marcada entre zonas urbanas y rurales y entre países con distintos niveles de desarrollo. En ese escenario, las tecnologías espaciales empiezan a jugar un rol concreto para achicar esas distancias: “La infraestructura para seguimiento y mapeo de satélites puede mejorar la vida de comunidades aisladas por la distancia, garantizar acceso a telemedicina, educación virtual y otros servicios clave para su desarrollo”, explica la abogada.
En esa misma línea, la tecnología espacial también permite anticipar y responder ante catástrofes naturales cada vez más frecuentes. “Por ejemplo, los datos satelitales pueden predecir dónde y bajo qué condiciones podría iniciarse un incendio, lo que facilita evacuaciones tempranas y una mejor planificación de los recursos. Es algo que la CONAE hace muy bien y que el año pasado fue clave para mejorar el monitoreo y la respuesta ante los incendios en la Argentina”, señala Vitoloni. A esto se suman las redes satelitales, que aseguran conectividad para los equipos de rescate incluso en áreas remotas, y satélites especializados capaces de detectar fugas de metano de forma más rentable que los sensores terrestres. En una región especialmente expuesta a estos fenómenos, esa capacidad no solo mejora la respuesta: puede marcar la diferencia entre anticiparse o llegar tarde.
Ese potencial, sin embargo, convive con limitaciones estructurales. Las brechas en infraestructura, gobernanza y financiamiento siguen condicionando el desarrollo de políticas espaciales sostenibles en la región. “Hoy hay déficits importantes, sobre todo en la retención de talento. Muchos profesionales del sector espacial se van del país y eso genera una escasez de recursos humanos que la región no puede darse el lujo de ignorar”, advierte Vitoloni.
Un tablero, múltiples jugadores
Estados Unidos y China compiten con estrategias diferentes, pero con un mismo objetivo: asegurar su posición en un dominio estratégico. “A diferencia de la Guerra Fría, donde el motor era el prestigio estatal, la nueva carrera espacial está impulsada por la necesidad de establecer un nuevo ordenamiento jurídico y económico global”, explica Castillo Argañaraz. “El fin es que, al momento en que las actividades logren plena rentabilidad económica, las reglas de juego ya hayan sido establecidas por quienes lideraron la coalición científico-tecnológica más fuerte”, agrega.
El modelo estadounidense de cooperación combina inversión estatal con un fuerte impulso privado. Busca establecer las reglas del juego y ordenar la gobernanza espacial a través de los Acuerdos Artemis, unos principios de cooperación para la exploración espacial impulsados por la NASA y firmados ya por 61 países.
China avanza con un modelo predominantemente estatal que apuesta al liderazgo operativo y a la autonomía de sus infraestructuras, con el despliegue de estaciones propias y constelaciones soberanas. “A través de su diplomacia espacial intenta atraer a potencias emergentes y a Estados no alineados con Estados Unidos”, explica Castillo Argañaraz. Como respuesta al descontento con los Acuerdos Artemis, impulsa junto a Rusia la Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS), un proyecto que busca establecer una base científica permanente en el polo sur de la Luna y consolidar una red alternativa de cooperación espacial, a la que se han sumado Venezuela, Nicaragua y otros países de Asia, África y Europa del Este.
En este marco, la relación entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y China se ha convertido en uno de los pilares más dinámicos de la cooperación Sur-Sur. “Ofrece a la región una alternativa al liderazgo tradicional de Estados Unidos”, detalla Castillo Argañaraz. “Para los países que firmaron los Acuerdos Artemis, esta doble vía de cooperación abre una tensión difícil de resolver”, agrega.
En lo que algunos describen como una ‘ruta de la seda espacial’, Pekín invierte en infraestructura terrestre vinculada al sector, con casos como el lanzamiento de satélites en Bolivia y Venezuela y la Estación de Espacio Profundo en Neuquén. Esta última, ubicada en Pampa de Pilmatue, fue construida con el propósito de seguir satélites y misiones espaciales; generó polémica por su hermetismo, y aunque Estados Unidos manifestó su preocupación por su posible uso militar, no existen pruebas públicas de espionaje.
“La mayor parte de los países latinoamericanos están buscando crear vínculos con otras potencias espaciales para desarrollar capacidades”, explica Vitoloni. En ese camino, la mayoría se sumó a los Acuerdos Artemis y, al mismo tiempo, coopera con China . Pero la especialista advierte un primer riesgo: “Se puede generar una situación de rehén en la que los países se adhieren porque necesitan los beneficios de la cooperación tecnológica para desarrollarse, pero no participaron en su elaboración ni pueden oponerse a las posiciones del país que lo elaboró en los foros internacionales”.
Castillo Argañaraz identifica un segundo riesgo, más estructural: “Se plantea un dilema sobre la autonomía estratégica, ya que la centralización de servicios como la geolocalización o la conectividad bajo un único modelo técnico y político impacta en la capacidad de decisión de los países latinoamericanos en un orden cada vez más fragmentado”. Así, adherirse a un modelo de cooperación sin haber participado en su diseño puede derivar en una dependencia tecnológica difícil de revertir.
Los actores privados también ocupan un rol predominante en la economía espacial con proyectos de impacto global. “Son el motor industrial y comercial de la nueva era espacial”, explica Castillo Argañaraz. Empresas como SpaceX, Blue Origin y Axiom Space buscan la rentabilidad y la expansión de mercados mediante estrategias orientadas a la reducción de costos, la reutilización, el desarrollo de estaciones espaciales y el despliegue de mega constelaciones satelitales para ampliar la conectividad global.
SpaceX —la empresa aeroespacial de Elon Musk— es el caso más representativo. A partir del desarrollo de cohetes reutilizables, redujo significativamente los costos de acceso al espacio y reconfiguró el sistema de lanzamientos. En ese marco, Estados Unidos concentra cerca del 80% de los objetos en órbita a nivel global, con un peso decisivo de SpaceX dentro de su capacidad de lanzamiento. Solo en el último año realizó más de 100 lanzamientos y colocó en órbita alrededor de 3.000 toneladas de carga, principalmente satélites de la red Starlink, consolidando un modelo de despliegue masivo que refleja la concentración de la infraestructura en un número reducido de actores.
“Sin el sector privado es muy difícil desarrollar un ecosistema espacial”, señala Vitoloni. La especialista advierte además que en América Latina su desarrollo es limitado, en parte porque la mayoría de los países no lo fomentan y porque aún existen vacíos regulatorios, más allá del caso de Brasil, que aprobó su legislación en 2024, lo que también puede desincentivar la inversión privada.
La apuesta por la cooperación regional
En el plano institucional, los países de América Latina han generado conexiones y alianzas con distintas potencias espaciales. Los 18 países que participan en la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos de la ONU (COPUOS) lo hacen de manera limitada y atravesados por la disputa entre los dos ejes, lo que dificulta la construcción de una postura regional común. “Casi toda la región forma parte de los Acuerdos Artemis, salvo Venezuela y Bolivia, lo que influye en cómo interactúan en el foro y tiene el riesgo de fragmentar la región”, advierte Vitoloni. “La fragmentación regulatoria predomina a nivel internacional, por lo que no me sorprendería si la región sigue el mismo camino, con la creación de sistemas paralelos en los que ciertos Estados consideran algo permitido y otros no”, agrega.
En ese contexto, Castillo Argañaraz subraya la importancia de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), que tuvo su primera reunión este año e imita el modelo de la Agencia Espacial Europea. “Reúne a 33 Estados de América Latina y el Caribe, con niveles muy desiguales de desarrollo espacial y compromiso político”, explica. Sin embargo, la ausencia de Brasil en su instrumento constitutivo podría afectar su viabilidad, aunque el país impulsa en paralelo un Consejo Espacial de los BRICS para institucionalizar la cooperación.
“La mera participación en iniciativas impulsadas por actores extrarregionales no implica una posición autónoma en la configuración del orden espacial emergente”, advierte Castillo Argañaraz. Sin una estrategia regional basada en la cooperación, el desarrollo de capacidades propias y una presencia activa en los foros internacionales, la participación latinoamericana puede quedar supeditada a intereses externos en la definición del futuro régimen espacial.
El precio de llegar tarde
Uno de los principales riesgos es la militarización del espacio. “El avance tecnológico no solo impulsa la exploración y comercialización del espacio, sino que también amplifica su dimensión militar, y se genera una dinámica en la que cooperación y rivalidad coexisten en tensión constante”, explica Luis Castillo Argañaraz.
En paralelo, en América Latina persisten vacíos regulatorios. “En la región no hay marcos normativos consolidados, más allá de la ley que aprobó Brasil en agosto de 2024. La mayoría de los países latinoamericanos no fomentan el sector privado espacial, lo cual es un gran error”, advierte Vitoloni. En ese contexto, la falta de regulación puede desincentivar la inversión y la consolidación de actores privados. Un ejemplo de ello es el caso de la empresa Satellogic, que inició operaciones en Argentina, se trasladó luego a Uruguay y finalmente estableció su sede en Estados Unidos en busca de mayor seguridad jurídica para la compañía y sus clientes.
El problema no es solo regional. El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, impulsado por la ONU y firmado por 115 países, constituye la base del derecho espacial internacional. Establece que el espacio debe utilizarse con fines pacíficos y prohíbe la apropiación nacional. Sin embargo, su carácter general deja amplios márgenes de interpretación. Vitoloni explica que el acuerdo “plantea principios generales más que obligaciones, lo que les da a los gobiernos amplio margen de interpretación y ningún incentivo para actualizarlo porque regular implica perder libertad”. En ese vacío, advierte, se impone una lógica de llegada temprana para asegurar presencia y control operativo en la Luna, una dinámica que reabre debates sobre formas de apropiación en clave contemporánea.
Esta ausencia de reglas vinculantes se inscribe en una tendencia más amplia. La fragmentación regulatoria ya predomina a nivel internacional, y no sería extraño que la región siga ese mismo camino, con la creación de sistemas paralelos en los que distintos Estados consideren válidas prácticas que otros no reconocen.
A esto se suma un riesgo concreto: el síndrome de Kessler, un escenario en el que la acumulación de basura espacial en órbita puede desencadenar una reacción en cadena de colisiones. Castillo Argañaraz explica que el aumento de satélites y mega constelaciones, como las de SpaceX, incrementa el riesgo de choques en órbita, generando desechos capaces de inutilizar otros satélites y afectar servicios como telecomunicaciones, conectividad y teledetección. “Esto transformaría la órbita terrestre en un entorno saturado de residuos, con impactos que trascienden el espacio y comprometen infraestructuras críticas en la Tierra, afectando la seguridad, la economía global y la gobernanza ambiental”, detalla el doctor.
Los especialistas aseguran que el problema no es solo jurídico sino también estructural: existe el riesgo de que un número reducido de actores termine tomando decisiones con impacto global, afectando a toda la humanidad y profundizando asimetrías que aún persisten en la Tierra. El espacio exterior debe entenderse como un recurso natural a preservar.
Quizás sea el momento de desafiar el paradigma de que el que llega primero escribe las reglas. Para eso es fundamental que América Latina defina en qué condiciones va a participar de la carrera espacial. La falta de cooperación regional es un problema que se repite en otros ámbitos, profundizando brechas y achicando márgenes de autonomía. En un momento en que el orden global se fragmenta, el espacio ofrece una oportunidad para que el Sur Global, a pesar de sus limitaciones estructurales, levante la voz y proponga algo distinto: un sistema basado en la cooperación, que proteja el patrimonio común y aproveche las capacidades de cada país en lugar de explotarlas. No para llegar tarde a una carrera que otros diseñaron. Para proponer otro juego.
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