Bolivia: el Congreso aprobó el referéndum, pero puso condiciones

LA PAZ.- El Congreso boliviano aprobó ayer la realización del histórico referéndum sobre el gas, el 18 del actual, pero con dos limitaciones que ponen en duda su éxito y alarmaron al gobierno. La aprobación se produjo asimismo en medio de la dura resistencia de los movimientos indígenas, campesinos y sindicales, que amenazaron con boicotear su celebración en distintas zonas del país.

Tras ocho agotadoras horas de debate, el Congreso aprobó ayer, por 74 votos a 26, la ley del referéndum, que incorpora un artículo transitorio autorizando en forma extraordinaria la votación, que había sido convocada por decreto presidencial.

Sin embargo, para validar la consulta popular el Parlamento impuso dos condiciones: que participe más del 50% de los empadronados y que la votación no sea obligatoria. Teniendo en cuenta que la abstención histórica en Bolivia promedia el 35% y que la Central Sindical (COB) y otras organizaciones sociales llamaron a no votar, las limitaciones alarmaron al gobierno de Carlos Mesa, que podría recurrir a la justicia.

De hecho, fuentes gubernamentales dejaron saber que ayer comenzaron los contactos con la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional para explorar la posibilidad de declarar nulas las dos condiciones impuestas.

La consulta definirá temas centrales de la política energética, entre ellos la modalidad de la exportación del gas y si se recupera la propiedad de los hidrocarburos en poder de firmas privadas.

Los ciudadanos también expresarán su respaldo o rechazo a la política de Mesa de usar el gas para presionar a Chile a fin de negociar el histórico reclamo boliviano de una salida soberana al océano Pacífico.

Bloqueos y movilizaciones

Según el líder campesino aimara Felipe Quispe, el referéndum es "tramposo" porque no incluye una pregunta sobre la nacionalización de las empresas petroleras que operan en el país. Quispe amenazó con boicotear la votación mediante movilizaciones, bloqueos, la quema de boletas y el llamado a la abstención.

La COB, por su parte, se propone reunir un millón de firmas para evitar el referéndum, al tiempo que anunció manifestaciones en todo el país para impedirlo.

Esos grupos exigen la nacionalización de los hidrocarburos o en su defecto la renuncia de Mesa, por entender que ése fue el espíritu de las protestas de octubre que obligaron a renunciar a Gonzalo Sánchez de Lozada.

En réplica, el gobierno advirtió que la Constitución y el Código Penal prohíben las protestas 48 horas antes de la realización del referéndum.

"Quienes boicoteen la consulta cometen un delito y quien comete un delito, tiene que enfrentarse a la justicia", advirtió Mesa.

Por Agencias ANSA, AFP y EFE

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