Cataluña aprueba la ley del referéndum y lleva al extremo la tensión con Madrid

MADRID.- El independentismo de Cataluña consumó anoche su anunciada ruptura con la legalidad española y empujó al país a una delicadísima crisis institucional, en la que está en juego su unidad territorial.

En una sesión tumultuosa y marcada por el escándalo, la mayoría separatista del Parlamento regional sancionó la ley que faculta al gobierno de Carles Puigdemont a convocar un referéndum para el 1º de octubre próximo y declarar inmediatamente después la fundación de una república soberana.

El gobierno de Mariano Rajoy , en alerta máxima, denunció que en Barcelona se estaba consumando "un golpe a la democracia". Antes del debate presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que reclamó acciones penales contra las autoridades catalanas. Pero nada detuvo a los nacionalistas.

La ley aprobada establece "un régimen jurídico excepcional" que "prevalece sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto" con ella. Es decir, se la coloca por encima de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía. Además, exime a las autoridades regionales de obedecer sentencias judiciales que discutan su validez. Era el choque frontal tan temido.

El trámite se hizo por una vía de urgencia, sin dar lugar a que se pronuncien sobre el contenido del texto los letrados del Consejo de Garantías del Parlamento (que rechazan la viabilidad jurídica de la ley). Se incluyó a última hora el proyecto en el orden del día, sin que pasara por comisión y sin darle tiempo a la oposición de presentar enmiendas. Se ajustaron a un artículo que incluyeron en el reglamento de la cámara dos meses atrás y que está impugnado por la justicia.

Entre gritos, quejas e incontables recesos, la sesión pareció zozobrar. Pero ocho horas después de su inicio se abrió un debate que se zanjaría a la velocidad de la luz.

Los bloques opositores -minoritarios en bancas, pero que sumaron más del 50% de los votos en las últimas elecciones autonómicas- denunciaron un "atropello a sus derechos". Los diputados de Ciudadanos, el socialismo y el PP se ausentaron, teatralmente, durante la votación.

La mayoría separatista -la coalición gobernante Junts pel Sí y los anarquistas de la CUP- se impuso en soledad. La ley salió con 72 votos a favor, 11 abstenciones (de Podemos) y ningún rechazo. Los legisladores separatistas cerraron el trámite con una ovación de pie y cantando el himno de Cataluña.

Después de seis años de agitación independentista, y cuando aún no pasaron tres semanas del atentado jihadista, el conflicto institucional entró en su fase decisiva.

El presidente Carles Puigdemont ya advirtió que no acatará sentencia alguna que impida el referéndum. De hecho, ayer firmó el decreto de convocatoria. Rajoy insiste en que la votación nunca se celebrará. "Usaremos toda la fuerza de la ley para defender la unidad de España y los derechos de los catalanes. Sabemos lo que hay que hacer y lo haremos en cada momento", dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Rajoy coordinó sus movimientos con los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera, que le dieron su "apoyo absoluto" ante el desafío catalán. La otra fuerza nacional, Podemos, se abrió: dice que el referéndum es un "recurso democrático válido".

La intriga que tiene en vilo a España es hasta dónde escalará la crisis. Rajoy impugnará la ley ante el TC, que ordenará su suspensión. Pero si Puigdemont lo ignora, el gobierno quedará ante la disyuntiva de tomar medidas más drásticas o tolerar la rebeldía. Los recursos judiciales que presentó Rajoy podrían derivar en que el TC disponga la suspensión o inhabilitación de la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, por desobedecer una orden de no tratar leyes consideradas ilegales. Más adelante podría pedir acciones contra el gobierno regional.

Los independentistas dicen que no piensan retroceder ante nada. "Nos hubiera gustado hacer esto a partir de un pacto. Pero no nos dejan otra opción", dijo Puigdemont.

La nueva ley contempla que el referéndum se celebre el 1º de octubre con la siguiente pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?". El resultado será vinculante. No establece un piso de participación ni una cifra mínima de votos favorables para determinar el ganador. Establece que, en caso de triunfar el sí, en un plazo de 48 horas se declarará la independencia y se abrirá la transición hasta la constitución de la nueva república.

Nadie sabe cómo será la organización del referéndum: cuando faltan 25 días para la fecha clave, no se conoce qué censo usará, quiénes serán las autoridades de mesa, dónde tienen las 6000 urnas que deberían desplegar ni a qué establecimientos habría que ir a votar.

Las armas legales de Rajoy

Para impedir la celebración del referéndum catalán, el Ejecutivo español puede imponer sanciones disciplinarias a funcionarios o imputarlos penalmente por “desobediencia” o “rebelión”

Otra opción del gobierno para impedir el referéndum es declarar por decreto una “situación de interés para la seguridad nacional”. El dispositivo le daría al gobierno de Rajoy el poder de controlar de manera directa y temporal a la policía catalana, los Mossos d’Esquadra

La medida más extrema sería la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que anula las competencias de una región autónoma. El gobierno no quiere aplicar esta medida porque puede ser vista como una agresión en Cataluña