De la Espriella será el próximo presidente de Colombia y pone fin al ciclo de Petro
Según el conteo preliminar oficial, el candidato outsider derrotó a Iván Cepeda en un balotaje ajustado; el aspirante oficialista anticipó que impugnará 33.000 mesas; Petro denunció irregularidades y pidió esperar la revisión final
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BOGOTÁ.- Menos de 250.000 votos. Por esa diferencia mínima, el outsider de derecha Abelardo de la Espriella se impuso sobre el oficialista Iván Cepeda y será el próximo presidente de Colombia, según el escrutinio preliminar oficial. El conteo avanzó a toda velocidad y confirmó una victoria por menos de un punto, en un balotaje de infarto que fue leído, en buena medida, como un plebiscito negativo para el presidente saliente, Gustavo Petro. También dejó otra postal: la de un país profundamente dividido.
Con un 99,86% de las mesas escrutadas, la tendencia era irreversible a favor de este abogado de 47 años que llega a la presidencia en su primer intento y sin ninguna experiencia política previa, por el momento, con el 49,65% de los votos para su Defensores de la Patria, frente al 48,70% recibido por el candidato del Pacto Histórico y delfín de Petro.
La diferencia mínima, sin embargo, dejaba también otra lectura: lejos de cerrar la grieta que marcó los últimos años, el resultado exponía a un país totalmente partido en dos, en línea con otras elecciones recientes de América Latina, donde los triunfos por márgenes estrechísimos —como ocurrió en Perú— dejaron a los nuevos gobiernos con un mandato frágil y una sociedad atravesada por la desconfianza, el hartazgo y la polarización.
En ese clima, Cepeda advirtió que el resultado inicial “no es vinculante” y anticipó que impugnará 33.000 mesas de votación. El candidato izquierdista aseguró, sin embargo, que reconocerá el resultado de la elección presidencial una vez que concluya el escrutinio definitivo.
Por su parte, Petro, un protagonista incómodo durante la campaña, intervino vía X y pidió que una serie de mesas fueran “de inmediato impugnadas”. “La votación casi empatada, nadie llega al 50% obliga a esperar los escrutinios”, escribió el mandatario saliente.
Minutos más tarde, con casi el 100% de las mesas informadas, insistió en que todavía “no sé puede proclamar ninguno presidente”, aunque llamó a la “tranquilidad” ciudadana. “Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces”, agregó.
Lejos de bajar el tono, volvió luego a tensar el clima con una nueva denuncia. “No están dejando entrar los abogados de escrutinio en Corferias de Bogotá. Le solicito a la policía nacional y a los jueces de escrutinio dejar entrar a todos los abogados de escrutinio. Solo los jueces determinan quien es el presidente de Colombia. Toda declaratoria hoy de un triunfo en las elecciones solo es deseo”, escribió.
El batacazo de Abelardo
Desconocido para la política en la previa de esta contienda electoral, el presidente electo llegó a la segunda vuelta en el mejor momento de su campaña.
Con los resultados del 31 de mayo, que lo pusieron a la delantera con el 43,74% de los votos y sellaron su pase al balotaje, De la Espriella rompió por primera vez, y definitivamente, el techo del 30% de intención de voto.
A partir de entonces, no paró de crecer. Tras asegurarse el apoyo de los sectores de la derecha tradicional que no lo habían acompañado en la primera vuelta, haber conseguido la bendición de múltiples grupos religiosos en un país profundamente cristiano y haberse hecho fuerte en la clase media y media baja, De la Espriella consiguió proyectarse más allá de lo necesario para vencer a Cepeda.
Principalmente, el outsider consiguió el apoyo fundamental del Centro Democrático, el partido creado en 2013 por el histórico líder de la derecha colombiana Álvaro Uribe. Apenas conocidos los resultados de la primera contienda, la candidata del uribismo Paloma Valencia reconoció la derrota y se alineó detrás del “Tigre” con un mensaje en conferencia de prensa.
Lo mismo hizo el propio Álvaro Uribe vía X, en un video en el que llamó a votar por el candidato insistiendo en que “Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en la sucursal del chavismo”.
Ahora, el desafío para el futuro presidente será, en primer lugar, afianzar su poder en una Colombia profundamente dividida, para así intentar llevar a cabo sus múltiples y ambiciosas promesas de campaña.
Con una clara inspiración en el modelo económico del presidente de la Argentina, Javier Milei, y un gusto por el programa de “mano dura” al estilo del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, De la Espriella ha prometido un recorte drástico del Estado y anular todos los diálogos de paz iniciados por el gobierno de Petro.
En cuanto a la economía, el próximo presidente ya adelantó que pretende recortar un 40% el gasto público y eliminar unos 700.000 cargos entre funcionarios y contratistas.
En cuanto a la seguridad, busca imitar el controvertido sistema de megacárceles de El Salvador, denunciado por Amnistía Internacional y Human Rights Watch por condiciones inhumanas y violaciones a los derechos humanos.
Antes de llegar a la presidencia, De la Espriella dijo que firmaría 90 decretos en los primeros días de su gobierno para lograr los objetivos de su “Patria Milagro”. Ahora que se sentará en el sillón de la Casa de Nariño, resta por ver cuánto era promesa y cuánto intención.
Una jornada electoral histórica
La tensión era palpable en Bogotá al inicio de una jornada electoral que rompió récords de participación, con números que superaron incluso aquellos de la primera vuelta, que ya había sido la elección en la que más colombianos habían ejercido su voto en la historia.
Alrededor del emblemático Hotel Tequendama, donde el aspirante del oficialismo había esperado los resultados de la primera vuelta, los locales aparecieron tapiados con amplias planchas de madera ante el temor de posibles disturbios.
Pero la convulsión social que muchos anticipaban no llegó a concretarse, al menos por ahora.
Alrededor de las 3 de la tarde, cuando la jornada entraba en su tramo final, las calles del centro de Bogotá —hasta entonces casi vacías— empezaron a teñirse con algunas camisetas de la selección nacional, convertidas en emblema de la campaña de De la Espriella y eje de una polémica que llegó incluso a los tribunales.
“Lo que necesitamos en este país es paz, pero la paz sólo se consigue con la fuerza. No podemos dejar que un grupo armado venga a decirle a la gente cómo vivir, que es lo que está pasando gracias a este gobierno. La gente quiere vivir en libertad”, dijo a LA NACION Eduard, un joven vestido con la titular de Colombia.
“Yo lo que espero es que se respeten los resultados. Porque eso es lo bonito de la democracia, que venga uno, que venga otro, pero que cambie y que la gente elija. No queremos que este gobierno se enquiste en el poder”, agregó.
La preocupación por lo que pudiera ocurrir después del cierre de las urnas atravesó buena parte de la jornada. Sin embargo, pese a una serie de denuncias de presuntas irregularidades —entre ellas varias formuladas por el presidente saliente a través de X—, distintos funcionarios y observadores coincidieron en destacar el normal desarrollo de las votaciones en todo el país. Entre ellos, el jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), José Antonio de Gabriel.
La herencia Petro
La elección también funcionó como una evaluación del legado de Gustavo Petro. El primer gobierno de izquierda de Colombia, que llegó al poder en un escenario de profunda convulsión social, deja una reconfiguración del debate público, con temas nuevos para la agenda política del país, pero también un sabor agridulce por la larga lista de promesas incumplidas.
A lo largo de sus cuatro años en la Casa de Nariño, Petro se convirtió en un abanderado de la lucha contra el cambio climático, la discusión sobre la memoria histórica y los movimientos sociales vinculados a los derechos identitarios.
Logró, además, reducir la pobreza monetaria a su piso histórico, un 28%, y aumentar también de forma inédita el salario mínimo de los colombianos, con un aumento del 23% frente al del 2025.
El gobierno de Petro buscó además hacer bandera de la educación pública, ampliando los cupos universitarios, y de la reforma agraria, a través de la cual distribuyó más de 2 millones de hectáreas.
No obstante, gran parte de estos logros se sustentaron en una política fiscal insostenible, en la que el gasto del Estado rompió la balanza de pagos y obligó al gobierno a una toma desmedida de deuda pública.
Los avances en educación en el sector terciario, por ejemplo, parecen no ser sostenibles económicamente en el largo plazo e incluso podrían haber operado en contra de los sectores iniciales, primario y secundario por absorber demasiados recursos.
Otra de las grandes deudas que deja Petro es la reforma del sistema de salud, una de sus principales batallas con el Congreso.
Luego de varios proyectos rechazados por los parlamentarios, el presidente decidió hacer uso de sus potestades e intervino directamente las EPS, entidades semiprivadas que se encargan de administrar el gasto público destinado a la salud y ofrecer los servicios a la población.
El gobierno intervino unas ocho entidades semiprivadas encargadas de administrar la prestación de servicios a unos 20 millones de afiliados con el argumento de que estas eran deficitarias y de que gestionaban mal o malversaban los fondos públicos que recibían.
No obstante, desde que el Estado se hizo cargo, los pacientes colombianos insisten en que el sistema se ha deteriorado, siendo frecuente la imposibilidad de conseguir turnos y la falta de insumos médicos y medicinas.
A esto se suma el hecho de que el presupuesto de gasto público destinado al sector es insuficiente, algo en lo que concuerdan gremios, analistas y la Corte Constitucional colombiana.
Al mismo tiempo, el gobierno de Petro se retira con un amplio historial de denuncias de corrupción, que implican a ministros, más de 50 congresistas y directores de diversas instituciones del Estado.
Por último, la que probablemente sea la herida más grande que deja el gobierno de Petro es el fallido plan de “Paz Total”, un enfoque dialoguista con el que el Estado pretendió negociar la desmovilización de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -aquellas que se negaron a firmar el Acuerdo de Paz de 2016- mientras se declaraba un alto en las operaciones militares del Ejército.
Si bien en un primer momento el enfoque pareció rendir frutos con la disminución de los choques entre los grupos criminales y el Estado, a la larga esta estrategia permitió la expansión de los grupos armados, generando a su vez un nuevo ciclo de violencia entre los mismos en busca del control de las economías ilícitas.
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