Confirmó EE.UU. una ley polémica

WASHINGTON.- Seis semanas después del trágico 11 de septiembre de 2001, el Congreso estadounidense aprobó la muy polémica ley patriótica, por cuatro años; menos de 24 horas después de la segunda ola de atentados en Londres, la Cámara de Representantes aprobó su vigencia definitiva, con sólo un par de excepciones, también controvertidas.

Dieciséis cláusulas de la ley, que para las organizaciones liberales viola o restringe derechos individuales sin mejorar el poder efectivo del Estado en su lucha contra el terrorismo, deben ahora ser refrendadas por el Senado. Los legisladores sólo fijaron que caducarán dentro de 10 años las dos previsiones más atacadas por la mayoría del bloque demócrata y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), entre otras entidades.

Por 257 votos a favor, incluidos 44 demócratas, y 171 en contra, incluidos 14 republicanos, los congresistas establecieron que la facultad estatal de indagar en los archivos médicos, financieros y bibliotecarios, entre otros, de cualquier ciudadano, sin fundamentar motivos suficientes, vencerá sólo a fines de 2015.

El FBI y otros brazos del Estado también podrán requerir a la Justicia órdenes para intervenir todas las líneas de teléfonos y páginas de Internet que utilice un sospechoso, también sin mayores fundamentos, en una audiencia secreta y sin habilitar el derecho de defensa del acusado.

El presidente George W. Bush reclamaba al Capitolio que renovara la ley patriótica, que caducará salvo que el Senado también la ratifique antes de fines de año. "La ley es una parte clave de nuestros esfuerzos para combatir el terrorismo y proteger al pueblo estadounidense, y el Congreso debe enviarme pronto el proyecto que la renueve, sin debilitar nuestra facultad de luchar contra el terror", reclamó Bush.

La restricción de las libertades individuales es una de las críticas constantes que recibe la Casa Blanca desde 2001, junto con la violación de los derechos y garantías de los detenidos en la base de Guantánamo. "Ha habido repetidas exhortaciones bipartidarias a que la ley patriótica sea mejorada, de modo que nuestras libertades no sean comprometidas de manera innecesaria", lamentó la consejera para Asuntos Legislativos de la ACLU, Lisa Graves.

"Cerca de 400 comunidades en todo el país, incluidos siete estados, han aprobado resoluciones por las cuales urgen al Congreso a que aporte un balance correcto entre la seguridad y la libertad", dijo.

En su formulación actual, la ley no exige al FBI que demuestre -o incluso tenga- un motivo para creer que los registros a los que desea acceder sean los de un supuesto terrorista o espía.

El ex procurador general durante el primer mandato de Bush, John Ashcroft, testificó ante el Comité Judicial de la Cámara baja, que la discutida sección 215 de la ley permitiría incluso obtener registros de bibliotecas, archivos informáticos y hasta datos genéticos.

El Departamento de Justicia también había concluido en diciembre de 2003 que la ley patriótica habilita al FBI a requerir a las universidades que entreguen información personal sobre los estudiantes y profesores extranjeros, sin comunicárselo al investigado, y mucho menos pedir su autorización.

Pero la controversia que rodea a la ley parece, por ahora, acotarse a las entidades y los centros de estudios más especializados de esta capital y de Nueva York, mientras que la mayoría de los estadounidenses en el interior del país coincide con los argumentos de la Casa Blanca y está dispuesto a pagar los eventuales costos de la llamada "guerra contra el terrorismo", según muestran todas las encuestas.

Entre los republicanos, el congresista Martin Meehan desafió los argumentos de todos sus pares. "Revisar periódicamente la ley patriótica es una buena acción. La ley representó un esfuerzo por responder a la pregunta más difícil que una democracia puede enfrentar: ¿cuánta libertad estamos dispuestos a ceder para sentirnos seguros?".

Por Hugo Alconada Mon

---

Conforme a