Inusual dureza de la justicia británica

LONDRES.– ¿Varios meses de prisión por el robo de dos conos de helado? ¿Cárcel por saquear un par de botellas de agua mineral de un supermercado? ¿Cuatro años tras las rejas por convocar a unos disturbios... que finalmente nunca ocurrieron?

Las sentencias son duras. Desproporcionadas. Para muchos, hasta ridículas y, lo que es peor, contraproducentes. Son penas, además, que no están siendo establecidas por un régimen dictatorial, sino en un país que se considera la cuna de la democracia.

La severidad con la que están actuando algunos jueces británicos contra los detenidos por los graves disturbios de la semana pasada en Gran Bretaña ha dado pie a una polémica sin precedente en el país, donde, pese a las críticas, el gobierno conservador defendió ayer los fallos, al señalar que son una necesaria medida disuasoria.

El primer ministro David Cameron, de hecho, fue el que marcó el rumbo por seguir tras la ola de violencia que dejó cinco muertos y varias casas ardiendo, en su intervención ante el Parlamento la semana pasada, cuando advirtió que los jóvenes vándalos no serían tratados con benevolencia. "Quien tiene edad para cometer delitos también tiene edad para ser castigado por ello", había dicho Cameron, para luego agregar: "Todo el que haya sido violento debe ir a la cárcel".

Varios juristas se mostraron ya entonces asombrados por lo que parecía ser una violación de la participación de poderes. Y ayer se difundieron incluso informaciones de que los tribunales londinenses recibieron indicaciones pertinentes de una instancia judicial superior.

Según la nueva directriz, que fue comunicada por Novello Noades, el juez principal de la corte distrital de Camberwell, en el sur de Londres, los jueces no tienen que atenerse al reglamento normal para el Código Penal en relación con disturbios.

"Las sentencias deben asustar", reconoció públicamente el juez Elgan Edwards, en Cheshire, tras dictaminar una pena que, sin duda, aterró a varios: cuatro años de cárcel para Jordan Blackshaw y Perry Sutcliffe-Keenan, dos jóvenes de 20 y 22 años, que convocaron a disturbios a través de Facebook, pese a que éstos nunca se concretaron.

En medio del caos, Blackshaw creó un evento en esa red social titulado "Destruir la ciudad de Northwich" (noroeste de Inglaterra), mientras que Sutcliffe-Keenan abrió una página titulada "Organicemos un motín", incitando a la violencia en Warrington (noroeste). Ambos llamamientos carecieron de seguimiento.

Otros casos que suscitaron gran controversia en el país fueron los de Anderson Fernandes, de 22 años, que por robar dos conos de helado enfrenta una pena de varios meses en prisión, o el de Nicolas Robinson, de 23, que fue sentenciado a seis meses tras las rejas por robar dos botellas de agua mineral de un supermercado, por un valor de cuatro euros.

También fueron fuertemente criticados por activistas y parlamentarios los casos de Ursula Nevin, una madre de dos chicas con residencia en Manchester que fue sentenciada a cinco meses de prisión por aceptar de una amiga unos pantalones que habían sido robados de un centro comercial, y el de un joven de 26 años que fue condenado a 18 meses de cárcel por tener en su auto un televisor robado.

Las sentencias "deberían ser justicia de restauración y no una venganza por lo ocurrido", dijo el parlamentario liberal demócrata Tom Barke, para quien muchos de los sentenciados habrían recibido penas diferentes si hubieran cometido el mismo delito días antes de los disturbios.

"Encerrar a gente joven puede convertir a saqueadores de ocasión en criminales serios", advirtió, por su parte, Vicki Helyar-Cardwell, presidenta de la alianza Justicia para los Delincuentes.

En la misma línea se expresó el ex presidente de la Asociación de Juristas británicos Paul Mendelle, que declaró a la BBC que si los sentenciados cumplen penas demasiado largas en prisión "podrían terminar perdiendo sus trabajos y empleos, y creando así un mayor problema social".

En tanto, el abogado John Cooper, experto criminalista, sostuvo que las sentencias no sólo "son una exageración", sino que crearán una ola de apelaciones en las cortes.

Pese a las críticas, incluso de sus propios aliados en el gobierno, los liberal demócratas, Cameron defendió ayer la imposición de penas severas.

"Los tribunales están enviando un mensaje de dureza, y creo que es bueno que puedan hacer eso. Lo que pasó en nuestras calles fue espantoso, y la justicia debe dejar bien en claro que no será tolerado", afirmó el premier.

También el ministro para las Comunidades, el conservador Eric Pickles, sostuvo que los severos fallos demostrarán que hay consecuencias serias para quienes participan de disturbios. "Hay que entender que esta gente creyó que cometer delitos no les traería consecuencias. No vamos a permitir que la sociedad tenga miedo por su seguridad pública en sus propias casas", destacó.

Más de 2800 personas han sido arrestadas en conexión con los saqueos, incendios y destrozos ocurridos entre el 6 y 9 de agosto pasado en Londres y otras ciudades británicas, que se iniciaron tras una protesta en el barrio de Tottenham en reclamo por la muerte de un joven negro a manos de la policía.

Hasta ayer, ya habían pasado por los tribunales británicos 1277 sospechosos, de los cuales un 64% permanece bajo custodia policial, un porcentaje que en tiempos normales apenas llega al 10%.

En este aspecto, la política de mano dura de Cameron causa también un problema práctico, ya que gran parte de las cárceles británicas están sobrepobladas, y la justicia trabaja ya al límite, con jornadas de 24 horas.

Ayer, por otro lado, el príncipe Carlos y su esposa, Camilla, interrumpieron sus vacaciones veraniegas para expresar en persona su solidaridad a varias de las familias que perdieron su hogar en los incendios en Tottenham. También visitaron la sede del comando policial en Londres.

Penas "disuasivas"

• Jordan Blackshaw y Perry Sutcliffe-Keenan: pese a no haber participado activamente en los disturbios, ambos fueron condenados a cuatro años de prisión por haber incitado en la red social Facebook a actos de violencia, que finalmente no llegaron a producirse.

• Anderson Fernandes: por robar dos conos de helado, este joven de 22 años enfrenta una pena de varios meses en prisión.

• Nicolas Robinson: fue sentenciado a seis meses tras las rejas por robar dos botellas de agua mineral de un supermercado, por un valor de 4 euros.

• Ursula Nevin: madre de dos niñas, fue sentenciada a cinco meses de prisión por aceptar de una amiga unos pantalones que habían sido robados de un centro comercial durante los saqueos.

Agencias EFE, AFP, AP y ANSA