Contraofensiva de Bolsonaro tras la imputación: moviliza a la oposición y busca ganar tiempo hasta 2026
El procurador general de Brasil denunció al expresidente y a otros colaboradores por ser miembros de una organización criminal que intentó derrumbar la democracia brasileña
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PARA LA NACIONMarcelo Silva de Sousa
BRASILIA.- Jair Bolsonaro no esperó ni 24 horas. Dispuesto a enfrentar el avance de la Justicia en su contra, el expresidente de Brasil (2019-2022) se reunió este miércoles con diputados y senadores opositores para trazar estrategias, luego de que la Procuraduría General de la República lo imputara formalmente como líder de una trama para dar un golpe de Estado.
El encuentro, al que asistieron unos 30 legisladores, fue organizado en Brasilia por el líder opositor en la Cámara de Diputados, el teniente coronel Luciano Zucco. La oposición busca impulsar un proyecto para amnistiar a los condenados por el asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, iniciativa que podría beneficiar a Bolsonaro, formalmente denunciado el martes por la noche.
Tras darse a conocer la denuncia en su contra, el expresidente criticó lo que consideró “acusaciones vagas” y aseguró en un posteo en redes sociales que “el mundo está atento a lo que ocurre en Brasil”.
“El truco de acusar a los líderes de la oposición democrática de conspirar para dar golpes de Estado no es nada nuevo”, dijo Bolsonaro, y nombró a países bajo gobierno de partidos de izquierda como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia. “El manual es conocido: fabrican acusaciones vagas, dicen estar preocupados por la democracia o la soberanía, persiguen a los opositores, silencian las voces disidentes y concentran el poder”.
”Si los jueces juzgan y concluyen que son culpables, [Bolsonaro y 33 colaboradores] tendrán que pagar por el error que cometieron”, dijo por su parte Lula, en un acto en Brasilia.
El procurador general de la República, Paulo Gonet, señaló al expresidente y a otros 33 investigados como miembros de una organización criminal que intentó derrumbar la democracia brasileña. Entre los acusados figuran exministros, exgenerales del Ejército -incluido Walter Braga Netto, compañero de fórmula de Bolsonaro en 2022- y el exjefe de la Marina en el tramo final del mandato presidencial, Almir Santos.
La denuncia sostiene que Bolsonaro participó en la elaboración de un decreto para anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2022, en las que se impuso Luiz Inacio Lula da Silva. Además, según la acusación, presionó a militares para que adhirieran a un plan de ruptura democrática y dio su visto bueno a un esquema que contemplaba espiar e incluso asesinar al entonces presidente electo.
“Los miembros de la organización criminal prepararon, en el ámbito del Palacio del Planalto, un plan de ataque a las instituciones para derrocar el orden democrático, denominado ‘Puñal Verde y Amarillo’. Fue presentado al presidente de la República, quien estuvo de acuerdo”, escribió Gonet.
De acuerdo con la denuncia, la trama golpista comenzó en 2021, cuando Bolsonaro adoptó un tono de ruptura democrática y comenzó a cuestionar el sistema de urnas electrónicas en discursos públicos y en redes sociales. “Esa escalada cobró fuerza cuando Lula, visto como el más fuerte contendiente en la disputa electoral de 2022, fue rehabilitado políticamente tras la anulación de sus condenas criminales”, señaló Gonet.
Durante su mandato, Bolsonaro atacó repetidamente al Supremo Tribunal Federal (STF) y al Tribunal Superior Electoral, al sugerir sin pruebas que las urnas electrónicas podían ser manipuladas. Estos ataques sirvieron para preparar el terreno para una narrativa de fraude en caso de perder las elecciones, según la Justicia.
La defensa del expresidente recibió la denuncia con “indignación y perplejidad”. Si el STF aceptara la acusación, como se prevé, Bolsonaro se convertiría en reo y enfrentaría un juicio penal en la Primera Sala del STF, compuesta por cinco magistrados, entre ellos Alexandre de Moraes, quien lidera las investigaciones.
El expresidente fue denunciado por cinco delitos, incluido intento de golpe de Estado, que en conjunto podrían derivar en una condena de más de 30 años de prisión. Sus aliados argumentan que es víctima de persecución política. En el ámbito jurídico, la defensa sostiene que, incluso si el golpe hubiera prosperado, Bolsonaro no habría sido el beneficiario directo, sino un grupo de militares que integrarían un comité de crisis.
A pesar de estar inhabilitado políticamente hasta 2030 por dos condenas administrativas del Tribunal Superior Electoral, el exmandatario apuesta por movilizar a su base en las calles y en el Congreso para intentar revertir su situación. El STF pretende juzgarlo en 2025 para evitar interferencias en las elecciones presidenciales de 2026.
La principal consigna del bolsonarismo es la amnistía para los condenados por los ataques del 8 de enero de 2023, considerados el punto culminante de la trama golpista. Según Flávio Bolsonaro, su padre será la “voz” de esa causa, que podría abrir la puerta para revertir su inhabilitación. En paralelo, la oposición busca modificar la Ley de Ficha Limpia, para reducir de ocho a dos años el período de inelegibilidad para condenados, una iniciativa que cuenta con el respaldo del nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta.
Horas antes de que se formalizara la denuncia, el campo bolsonarista celebró una encuesta de la consultora Paraná Pesquisas, publicada el martes, que mostró que Bolsonaro superaría a Lula en una eventual primera vuelta electoral. Según el sondeo, si las elecciones fueran hoy, el expresidente obtendría el 36% de los votos frente al 33,8% del actual mandatario.
El respaldo popular al denunciado expresidente sigue siendo un factor clave en su estrategia.
A pesar de las múltiples investigaciones en su contra, Bolsonaro conserva una base leal que ve en él una alternativa al gobierno de Lula, en su peor momento de popularidad. La narrativa de que es víctima de una persecución judicial ha sido utilizada para mantener unida a su base y alimentar la posibilidad de un regreso político, así como aquel que vivió Lula en abril de 2021, cuando sus condenas fueron anuladas.
“Los procesos judiciales contra Bolsonaro no son una cuestión legal, sino una acción política en la que el régimen usa la ley para eliminar a un adversario”, escribió en redes sociales el periodista ultraconservador José Guzzo, en un mensaje compartido por el expresidente.
La oposición prepara manifestaciones para el 16 de marzo, en las que Bolsonaro se presentará como víctima del sistema. “La única convicción que tengo es que Bolsonaro será presidente de Brasil en 2026, electo en primera vuelta”, afirmó su hijo Flávio. “La denuncia está en manos de Dios”, agregó.
La posibilidad de que Bolsonaro termine en prisión, combinada con su estrategia de movilización, mantiene al país en vilo. El desenlace de este proceso no solo definirá el futuro del expresidente, sino que tendrá impacto en el rumbo de Brasil a partir de 2026.
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