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Corrupción: el operativo Lava Jato, frente a su mayor crisis en seis años
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PARA LA NACIONMarcelo Silva de Sousa
RÍO DE JANEIRO.– Criticada por el procurador general de la República en Brasil , Augusto Aras, y por una alianza informal que aglutina al bolsonarismo y al opositor Partido de los Trabajadores (PT),la operación anticorrupción Lava Jato enfrenta su mayor crisis en seis años.
Aras y los fiscales del Lava Jato libran una verdadera guerra desde hace semanas. El origen de la discordia está en la intención del jefe de los fiscales, designado por el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro , de impulsar cambios profundos para ejercer mayor control sobre la operación.
"Hay que corregir el rumbo. El lavajatismo tiene que pasar", dijo Aras semanas atrás, en una conferencia con abogados progresistas de un grupo llamado "Prerrogativas", conocidos por criticar la operación. El procurador general adoptó públicamente un discurso crítico de los presuntos excesos de la operación, etiquetados como lavajatismo, que a su entender violaron garantías fundamentales de la defensa de algunos reos.
El discurso de Aras cuenta con el beneplácito de miembros del izquierdista PT, que desde el comienzo del cerco judicial contra el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva , arrestado por corrupción en abril de 2018 y liberado en noviembre del año siguiente, sostienen que el Lava Jato fue un instrumento para sacar del juego electoral al líder petista.
El procurador criticó que el Lava Jato sea una "caja de secretos" y acusó a los fiscales de mantener toneladas de informaciones sigilosas. Aliados de Bolsonaro, que llegó a la presidencia en 2018 como un abanderado contra la corrupción, comenzaron en los últimos días a hacer explícito el rompimiento con el Lava Jato, identificado con el exministro de Justicia Sergio Moro, devenido un opositor desde que dejó el gobierno en abril pasado.
Flavio Bolsonaro, hijo del presidente y senador, dijo en una entrevista con el diario O Globo que existen investigadores con "intereses políticos y financieros" manejando los destinos de causas.
Por detrás de los cruces, fiscales y defensores de la operación anticorrupción aseguran que lo que está en juego es un intento de "vaciamiento" del Lava Jato, en un movimiento de reacción de la clase política bajo el disfraz de cuestionamientos, mientras que sectores históricamente críticos de la operación, apoyados ahora por el bolsonarismo, celebran que Brasil entre en un momento cúlmine para revisar el trabajo de fiscales y jueces.
"Existe una alianza entre quienes sostienen críticas válidas y necesarias a los excesos y quienes aprovechan el momento interesados en que las investigaciones no avancen más", dijo a LA NACION Raquel de Mattos Pimenta, especialista en combate a la corrupción y una de las autoras del libro "Corrupción y el escándalo del Lava Jato en América Latina".
Pimenta, investigadora de posdoctorado en la Fundación Getulio Vargas (FGV), aseguró que la operación viene sufriendo una crisis desde el llamado "Vaza Jato", la filtración de conversaciones de Telegram comprometedoras entre el exjuez Moro y el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol, en las que se mostró que el exjuez presuntamente extrapolaba sus funciones como juez al orientar a la acusación en procesos.
Pintos señaló que Bolsonaro protagonizó apenas un matrimonio por "conveniencia", que terminó una vez que llegó el poder.
"Hoy vivimos un momento de reflujo. Hay muchísimas críticas pero pocas propuestas para mantener una política anticorrupción legítima", señaló la investigadora de la FGV.
Otros frentes
La operación viene sufriendo también en otros frentes, como el Supremo Tribunal Federal (STF). Los ministros de la Corte deben fallar, en las próximas semanas, sobre la obligación de que los fiscales de la operación compartan información con la Procuraduría General de la República.
Además, en septiembre se prevé que la segunda sala del supremo tribunal juzgue un recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Lula, que cuestiona la presunta parcialidad de Moro en la condena del líder petista en el caso del tríplex de Guarujá. Un eventual fallo favorable para el líder petista abriría la puerta a anular el proceso, en un golpe simbólico muy fuerte a la operación.
En otro carril, el coordinador de la fuerza tarea de fiscales en Curitiba, Deltan Dallagnol, fue blanco de dos pedidos de apartamiento de la operación en el Consejo Superior del Ministerio Público Federal, presentados por senadores.
El ministro del STF Celso de Mello le dio aire a Dallagnol la noche del lunes pasado al suspender los procesos la víspera de que se trataran. De Mello consideró que la eventual remoción de Dallagnol, "sin elementos probatorios sustanciales" y basada en reclamos disciplinares, podía amenazar la independencia del Ministerio Público.
Marco Aurelio Carvalho, abogado cercano al PT y miembro de Prerrogativas, dijo que la crisis excede al Lava Jato. "Estamos delante de la mayor crisis del sistema judicial brasileño provocada por el Lava Jato", advirtió.
Carvalho citó presuntas prácticas ilegales de los fiscales, como la intervención de las líneas de celulares de los abogados de Lula, denunciada por la defensa del líder del PT, y otros vicios, como la supuesta coordinación entre Moro y los fiscales revelada en conversaciones publicadas en el Vaza Jato.
"Hubo un conjunto de prácticas ilegales con objetivos electorales para perseguir a ciertos grupos y proteger a otros. La Corte no juzgará a Moro, sino al sistema judicial brasileño. Nadie quiere el fin del combate a la corrupción, pero sí de ciertos métodos", dijo el abogado, autor de "El libro de las sospechas", que analiza la operación.
La agenda anticorrupción, que muchos creían que cobraría vigor con un presidente electo que prometía ser implacable contra el delito, va quedando cada vez más rezagada, opinó Marco Antonio Teixeira, doctor en Ciencias Sociales y profesor de la FGV. Las elecciones municipales de este año son un registro de eso. "Será la primera vez en tres o cuatro elecciones que el Lava Jato, impregnado por la imagen de Moro, queda aislado políticamente. El debilitamiento les interesa a Bolsonaro, al PT, al Partido de la Social Democracia (PSDB). La agenda anticorrupción perdió centralidad en el debate", sintetizó Teixeira.
