Crece la tensión en Uruguay tras el fallo de la Corte
Miles de personas rechazaron ante la sede del Poder Judicial la decisión que podría archivar causas de la dictadura
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Corresponsal en UruguayNelson Fernández
MONTEVIDEO.- Reproches, acusaciones, amenazas, críticas, una manifestación en la sede del Poder Judicial y advertencias sobre riesgos para la convivencia democrática. Todo esto se dio en Uruguay ayer, tras la decisión de la Justicia de declarar inconstitucional una ley de 2011 que consideró imprescriptibles los delitos de la última dictadura (1973-1985).
Una manifestación -aunque menor de lo esperada- expresó ayer en el centro de Montevideo el rechazo a la última sentencia de la Corte Suprema sobre casos de la dictadura. Miles de personas convocadas por el oficialista Frente Amplio (FA) y organizaciones de derechos humanos se acercaron a la plaza donde está el edificio del alto tribunal, fuertemente custodiado por la policía.
El viernes pasado, por cuatro votos contra uno, se declaró inconstitucional la ley votada por el FA para estirar los plazos de prescripción de delitos de la represión militar.
Aunque casi todos los constitucionalistas consultados por el Parlamento habían advertido a los legisladores que el texto que estaba votando contradecía a la Constitución, el oficialismo reaccionó con sorpresa e indignación por ese fallo. Desde el FA surgieron críticas a la Corte, el anuncio de movilizaciones, y hasta insinuaciones de juicio político a los ministros.
La oposición acusó al FA de falta de espíritu democrático y hasta se llegó a decir que algunas movidas del oficialismo implicaban un golpe de Estado parlamentario contra la Justicia.
La izquierda entiende que la Justicia no contempla una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2011 ordenó al país investigar y juzgar los delitos de la dictadura, con el criterio de que al ser de lesa humanidad no prescribieron. Pero la Corte justificó su sentencia de inconstitucionalidad de la ley en que viola el principio de no retroactividad establecido en la Constitución.
El secretariado ejecutivo del FA analizó el caso y dispuso pedir asesoramiento a especialistas para ver qué camino jurídico seguir para que los juicios de este tipo no se interrumpan. Ayer también se analizó someter a un juicio político a la Corte, pero el oficialismo decidió esperar la respuesta de los ministros a un pedido de informes.
Algunos constitucionalistas advirtieron a la izquierda que no se puede hacer ese juicio a los magistrados por el episodio cuestionado.
Según el Partido Colorado, hay un "retorno del Frente Amplio a prácticas autoritarias". Además, convocó de urgencia a su Convención Nacional y reclamó al gobierno el uso de la cadena nacional para transmitir su posición. Por su parte, el Partido Nacional fue duro contra el oficialismo, y señaló: "El intento de sometimiento de uno de los poderes por presión o descalificación constituye una afrenta al régimen democrático".
El Partido Independiente recordó que siempre se opuso a amnistiar a los militares, pero cuestionó al oficialismo, y reivindicó el "apoyo irrestricto a la separación de poderes" y a la independencia de la justicia.
Los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle emitieron una declaración "ante la preocupante situación institucional" provocada por el FA. Dijeron que "no es posible agredir el principio de separación de poderes con la amenaza de infundados juicios políticos y el agravio constante a los miembros de la autoridad judicial".
La manifestación contra la Corte fue sin incidentes. El Ministerio del Interior había dispuesto un fuerte operativo de seguridad, debido a que días atrás manifestantes de izquierda habían invadido la sede e impidieron el juramento de jueces.
En tanto, mientras en una cárcel especial cumplen pena el ex dictador Gregorio Álvarez y los que fueron identificados como los principales represores de la dictadura, en los juzgados hay decenas de expedientes que esperan saber cómo seguirán esos trámites.
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