Bolivia: de la bonanza económica a las señales de debilidad del modelo

La larga época de bonanza que tuvo la economía de Bolivia empezó hace poco a mostrar sus primeros números rojos. Detrás de un modelo económico que se apoyó en el auge de los precios de los commodities hay un sistema estructural que se redefinió bajo nuevas reglas establecidas por el Estado.

El período de gracia económica en Bolivia coincidió con la mayor parte del gobierno de Evo Morales. De hecho, en 2005, el PBI de Bolivia era de 9549 millones de dólares y para 2014 saltó a 32.996 millones de dólares, mientras que en 2018, cerró en 40.288 millones, según cifras del Banco Mundial. Esto se tradujo en tasas de crecimiento que promediaron el 4% anual durante los últimos años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia.

Esa evolución estuvo impulsada por la suba de los precios de las materias primas, especialmente hidrocarburos, minería y productos agroindustriales, como la soja, que dejaron un caudal de recursos sin precedentes para el país.

Durante ese período, el gobierno consolidó un modelo económico basado en la nacionalización de empresas y la ampliación del gasto público a partir de la exportación de las materias primas, especialmente, hidrocarburos. "Nos encontramos con un superávit fiscal que permitió invertir en sectores como infraestructura y acumular reservas internacionales", explicó a LA NACION Luis Carlos Jemio, exministro de Economía durante el gobierno del principal candidato que compitió con Evo Morales, Carlos Mesa.

Este panorama motorizó rápidamente el consumo y se percibieron mejoras en los índices de pobreza, que fueron del 59,6% en 2005 al 34,6% en 2017, según datos del Banco Mundial, y en el crecimiento del salario promedio, que subió de 287,5 dólares en 2005 a 661 dólares en 2017 en el sector privado, según estadísticas oficiales.

Una de las medidas que alentó la reducción de la pobreza fue la aplicación de bonos, como el Juancito Pinto, destinado a incrementar la matrícula escolar y reducir la deserción en la educación pública; el bono Juana Azurduy para mujeres embarazadas y niños de hasta dos años que no cuenten con seguro de salud; y la Renta Dignidad -antes Bonosol-, un beneficio de carácter universal no contributivo destinado a las personas mayores de 65 años.

Pero los tiempos de bonanza se empezaron a debilitar en 2014, cuando comenzaron a caer los precios de los productos primarios. La exportación de gas representó en 2018 un 33% del total de sus exportaciones, muy por debajo del 50% que habían alcanzado en 2014. Pablo Mendieta, economista jefe del Centro Boliviano de Economía, explicó a LA NACION que en 2014 la desaceleración de los precios de las materias primas dejó a Bolivia con un déficit fiscal de aproximadamente 8% del PBI.

"Nuestra economía está concentrada en materias primas: gas, minerales y metales, productos como soja y sus derivados. Entonces, si los precios oscilan, estamos complicados", sintetizó Mendieta. "Bolivia crecía por encima del 4%. Durante todo este proceso el Estado aumentó sustancialmente su peso en su economía, pero cuando vino la caída de los precios, el Estado se encontró con un déficit muy grande, que llegó casi al 8% anual entre 2015 y 2018. ¿Cómo se financió ese déficit? El gobierno recurrió al endeudamiento y empezó a perder reservas internacionales", continuó Jemio.

Otra de las características de la economía boliviana es el tipo de cambio fijo, que se impulsó a través de medidas que han fomentado el ahorro en moneda local, por ejemplo, a través de impuestos a las transacciones en dólares o el establecimiento de encajes a las entidades financieras. Estas medidas transformaron la forma de adoptar créditos. "Si en el 2002 solo el 5% de los créditos estaba en moneda nacional, hoy son más del 80%", graficó Mendieta.

Otro de los índices que mejoró durante la gestión de Evo fue la tasa de empleo. Sin embargo, la creación de trabajo estuvo atada a un fuerte crecimiento de la informalidad, que se estima en torno al 70%. Sobre este punto, Gabriel Espinoza, economista y Coautor de "Un siglo de economía en Bolivia", señaló a LA NACION: "Tuvimos un crecimiento basado en consumo, apoyado en tres sectores que han generado mayor cantidad de empleo: comercio, servicios de transporte y construcción y minería que, a su vez, son los que más índices de informalidad tienen".

En relación con los sistemas de salud y educación, el gran problema reside en el acceso. Según el INE, en agosto de 2018 el 65,3% de la población no contaba con un seguro de salud, tal como consignó la CNN. "Salud y educación dependen del gobierno central, pero se dividen las competencias: el Estado provee todos los sueldos y salarios para los que prestan salud y educación, mientras que los gobiernos subnacionales, en función de los niveles de competencia, son los que proveen infraestructura. La construcción de colegios están a cargo de las alcaldías", explicó Espinoza.

Y sobre el costo de vida en Bolivia, resumió: "La vivienda es el ítem donde más gastan las familias. Se va el 50% de sus ingresos. Entre el 8% y el 10% lo destinan a educación y en términos de alimentos gastan un 25%. Hay un incremento de ingresos que mejoró la situación, pero muy poca capacidad de ahorro".