Delincuentes condenados forman parte de la fuerza policial que aterroriza a Venezuela

GUARENAS, Venezuela.– Desde que el presidente Nicolás Maduro fundó la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional de Venezuela hace dos años y medio, el escuadrón se ha ganado una reputación temible en los barrios pobres del país. Oficiales de la fuerza fueron acusados de torturar y realizar ejecuciones sumarias por grupos de derechos humanos, políticos de oposición y ciudadanos comunes.

El pasado noviembre, la agencia Reuters publicó una investigación sobre 20 muertes cometidas por la fuerza, conocida como FAES, en la que las versiones oficiales de tiroteos como actos de autodefensa se contradicen con la de testigos y se evidencian en videos, certificados de defunción, informes de autopsias y otras documentaciones. La fuerza se vinculó con cientos de muertes desde su creación en 2017.

Sin embargo, pese a su notoriedad, el grupo FAES es muy reservado y es conocido por sus máscaras y uniformes negros con insignias de calavera, pero sin llevar etiquetas con sus nombres. Los oficiales suelen permanecer en el anonimato incluso después de derramar sangre.

Ahora, un caso judicial que involucra a la FAES en la muerte de dos hombres el pasado marzo revela otro hecho poco conocido: algunos oficiales del escuadrón son criminales condenados.

Según cientos de documentos reservados presentados por los fiscales del caso, al menos dos oficiales procesados por participar en las muertes cumplieron penas de prisión antes de unirse a la fuerza. Los escritos, que incluyen autopsias, informes balísticos, testimonios de oficiales y archivos de personal, muestran también que por lo menos tres miembros del mismo grupo, que no están siendo procesados por la mortal operación, tienen antecedentes penales.

Es ilegal y contrario a la política de la policía nacional la presencia de delincuentes en la FAES. Una ley de 2009 prohíbe a los venezolanos con condenas penales trabajar como agentes. Las normas del grupo y los documentos de reclutamiento dicen que los oficiales no deben tener antecedentes penales y sí tener "buen carácter moral".

José Domínguez, jefe nacional de la fuerza FAES, dijo que los miembros de la fuerza pasan por "procesos selectivos" y "entrenamiento especial". Sin embargo, no respondió a preguntas sobre los antecedentes penales de algunos policías del grupo FAES ni a una solicitud para discutir los hallazgos de Reuters en persona o por teléfono. El Ministerio del Interior, que supervisa a la policía, y el Ministerio de Información, responsable de las comunicaciones gubernamentales, tampoco respondieron a las llamadas ni los correos electrónicos ante la consulta por esta situación.

La presencia de convictos dentro de las filas de la FAES arroja luz sobre una fuerza de seguridad ampliamente considerada por los venezolanos como un mecanismo de control social de Maduro, cuyo gobierno está asediado por el declive económico, el hambre, la inseguridad generalizada, las sanciones internacionales y el aislamiento. Defendido por el presidente como un nuevo medio para combatir el aumento de la delincuencia y la violencia, el grupo FAES se volvió tan temido como los criminales a los que estaba destinado a combatir, especialmente en las barriadas pobres, donde las dificultades avivan la inestabilidad política.

Personas familiarizadas con la unidad FAES dicen que los administradores del grupo están más preocupados por la fuerza y el miedo que por la rectitud. "Ellos veían la necesidad de contratar personas que no tengan temor de cometer delitos, de ingresar a una vivienda sin orden de allanamiento y matar", dijo Nora Echavez, exfiscal jefe en Miranda, el estado donde se escuchará el caso judicial en curso. "Un delincuente hace esto fácilmente porque ya lo hizo la primera vez", agregó.

Reuters no pudo determinar exactamente cuántos exconvictos pueden estar trabajando dentro de las filas de la fuerza FAES en todo el país. El gobierno no hace públicos los registros de personal y ni siquiera el número de integrantes, que según estiman miembros de la policía, es de unos 1500 oficiales. El misterio que rodea a la fuerza, incluida la falta de transparencia sobre sus oficiales, es fundamental en su manual. "La FAES prefiere el anonimato", dijo Javier Gorriño, un criminólogo y comisionado de policía municipal en El Hatillo, un distrito de Caracas, que interactuó con la fuerza. "Una máscara da más terror cuando uno no sabe quién está detrás", expresó.

El caso que se sigue en Guarenas, una localidad a unos 39 kilómetros al este de Caracas, es uno de los pocos en los que la identidad y los antecedentes de los oficiales de la FAES salieron a la luz. Los dos hombres muertos allí estaban relacionados con las fuerzas de seguridad. Uno era un policía municipal de Caracas y el otro era un exmiembro de la misma fuerza en la capital venezolana. Ninguno de los dos estaba afiliado a la fuerza FAES ni a ninguno de sus oficiales.

Personas familiarizadas con el caso creen que probablemente la única razón por la que sus muertes provocaron una mayor investigación son los vínculos de las víctimas con la policía. Los casos de miles de otros venezolanos que murieron a manos de la policía, supuestamente después de resistirse a un arresto, habitualmente no se investigan.

Alexis Lira, un antiguo policía convertido en abogado cuyo hermano fue una de las víctimas en Guarenas, dice que la mayoría de las familias de personas muertas a manos de policías carecen de recursos y medios para desafiar las versiones de los operativos del grupo FAES. "La mayoría de las víctimas tiene que aceptarlo", sostuvo Lira, quien pasa gran parte de sus días trabajando con los fiscales para buscar la responsabilidad por la muerte de su hermano, Fernando, un expolicía de 39 años que se había convertido en diseñador gráfico. También murió el amigo de Lira, Eligio Duarte, un funcionario municipal de 41 años en Caracas.

Ninguno de los dos tenía antecedentes penales. Murieron el 6 de marzo de 2019, cuando un grupo de oficiales de FAES les disparó tras una breve persecución en auto. En un comunicado a los investigadores policiales, el supervisor de la fuerza que dirigió la operación dijo que los hombres habían disparado primero contra sus agentes. La respuesta de la policía fue "bajo estado de proporcionalidad", dijo el supervisor en su declaración.

No obstante, pronto surgieron pruebas de lo contrario. Las pruebas forenses mostraron que ni Lira ni Duarte, que habían ido a Guarenas a cobrar un dinero por la novia del primero, dispararon un arma. Ambos hombres fueron baleados desde arriba, según informes de autopsia, lo que socava la afirmación de la fuerza FAES de que fueron alcanzados en un tiroteo. En una presentación judicial que llevó a la imputación de cargos de homicidio al supervisor de FAES y a seis oficiales, un fiscal estatal escribió: "Los hechos no se suscitaron de la forma como los funcionarios policiales pretenden hacer ver".

Guarenas es el tipo de lugar violento que podría haberse beneficiado de una nueva fuerza nacional de lucha contra el crimen. Con unos 200.000 habitantes, esta comunidad del estado de Miranda, al este de la capital, tiene tasas de criminalidad que históricamente han excedido el promedio de Venezuela. Algunas pandillas, expulsadas de Caracas en los últimos años, se mudaron a las colinas que rodean Guarenas y se extienden a lo largo de la costa caribeña. Las fuerzas policiales aquí y en otros lugares de Miranda son consideradas corruptas desde hace mucho tiempo.

Después de que los precios del petróleo se hundieron en 2014, provocando que Venezuela cayera en recesión, Maduro siguió políticas que profundizaron los problemas del país. Casi cinco millones de personas migraron, aproximadamente el 15% de la población del país. En ese éxodo han participado soldados, policías y otros trabajadores de la seguridad pública. Con salarios equivalentes a unos pocos dólares al mes en la economía hiperinflacionaria de Venezuela, quedan pocos incentivos para atraer candidatos calificados para reemplazarlos.

En Miranda, las filas policiales disminuyeron tan rápidamente que los jefes de las comisarías comenzaron a bajar los estándares para los reclutas, dijeron seis exoficiales familiarizados con el área. Algunos de los contratados tenían antecedentes penales. La policía del área acrecentó su reputación de sobornar, cometer extorsiones y secuestros, así como de usar tácticas como chantajear a ciudadanos para sacarles sus pertenencias o detener camiones y saquear su carga. "Había funcionarios que no deberían haber pertenecido a ningún cuerpo policial", dijo Luis Martínez, un oficial de policía retirado que trabajaba en el área.

El crimen se disparó. La tasa de homicidios, que aumentó en toda Venezuela, subió particularmente rápido en Miranda. De 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes a comienzos de década, la tasa para 2017 en Miranda se disparó a 153, según el Observatorio Venezolano de Violencia. La cifra fue la segunda más alta en el país y alrededor de 30 veces la tasa en ese momento en Estados Unidos.

Cuando Maduro anunció la creación de la FAES en julio de 2017, su gobierno encargó a los administradores de la policía local reclutar a oficiales para la nueva fuerza. Las prioridades incluían la lealtad al gobernante partido socialista y la disposición a usar agresivas tácticas en los vecindarios delictivos en todo el país, dijeron más de una docena personas conocedoras de esos esfuerzos

En abril de 2018, la Policía Nacional lanzó la unidad FAES del área, administrada desde Zamora, un municipio cercano. La fuerza estableció su sede detrás de un hospital local, al lado de la morgue. Un cráneo toscamente dibujado adorna una pared de yeso encalado junto a la entrada.

Un exjefe de operaciones policiales de Zamora, Oliver Álvarez, tomó el mando. Construyó una unidad de 120 oficiales, muchos de cuales provenían de las fuerzas locales y cercanas, de acuerdo con los contratos de empleo para el escuadrón revisados por Reuters. Álvarez no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Entre los nuevos oficiales de FAES estaba Richard Sánchez, uno de los procesados en las muertes de Guarenas. Sánchez, ahora de 34 años, fue imputado en 2004 por robo y asalto, según registros judiciales. Reuters no pudo comunicarse con Sánchez ni pudo determinar si fue condenado por esos cargos. En 2014, fue declarado culpable de robo y cumplió dos años y medio de prisión, según muestran los documentos judiciales.

Su abogado, Miguel Peña, también representa a todos menos uno de los otros seis oficiales acusados en el caso de Guarenas. Peña dijo que los acusados están detenidos en un cuartel del grupo FAES en Caracas, pero aún son oficialmente parte de la fuerza. Confirmó la condena previa de Sánchez, pero dijo que sus clientes en este caso actuaron en defensa propia. "No estoy diciendo que son unos santos", indicó. Y añadió: "Hubo un enfrentamiento y ellos tuvieron que defenderse".

Otro recluta de la fuerza FAES local fue José Oliveros, un oficial que había escalado a través de las filas policiales en Miranda pese a una condena previa como cómplice de asesinato. Según los registros judiciales, Oliveros, ahora de 37 años, había acompañado a dos hombres cuando uno de ellos mató a tiros a un hombre después de un altercado de 2009.

Después de cumplir un año de una condena de cinco, Oliveros fue nombrado subdirector de una pequeña fuerza policial cerca de Guarenas en 2017, según muestran los documentos que anuncian su designación al cargo. Se convirtió en jefe de otra comisaría en 2018 y luego en jefe de otra el año pasado, incluso después de unirse a las filas del grupo FAES. Contactado por teléfono, Oliveros dijo que buscaría el permiso de sus superiores para hablar. No respondió a intentos adicionales para contactarlo. Su abogado, Julio Ortega, se negó a dar declaraciones.

Agencia Reuters