Denunciaron a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en La Haya

Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gabinete, además de representantes del sector militar y judicial de Venezuela, fueron denunciados hoy ante la Corte Penal Internacional de La Haya por haber cometido presuntamente crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, tortura y persecución por razones políticas.

Tal como anticipó LA NACION, el coordinador político de Voluntad Popular exiliado, Carlos Vecchio, el letrado del líder de Voluntad Popular encarcelado Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, en representación de familiares de las víctimas de esos hechos de violencia, junto al abogado argentino Francisco José Quintana presentaron hoy a las 15 (11 en la Argentina) un escrito de 190 páginas en la Oficina del Fiscal de ese tribunal para pedir que se investiguen los casos de violencia "sistemática y generaliza" por parte del Estado contra la población civil de Venezuela en las protestas contra el gobierno que comenzaron en febrero de 2014.

El documento solicita que la fiscal Fatou Bensouda, de Gambia, dé curso a un examen preliminar sobre los "presuntos crímenes cometidos por funcionarios de alto rango del gobierno de Venezuela al menos en el Distrito Metropolitano de Caracas y en los estados de Aragua, Táchira, Carabobo, Mérida, Lara, Zulia y Miranda, desde comienzos de febrero de 2014".

"Ya consignamos el documento formalmente ante la Oficina de la Fiscal", dijo Vecchio telefónicamente a LA NACION al salir de la reunión en el tribunal de La Haya. "El plazo [de análisis de la denuncia] puede ser de dos meses a dos años. Pero nosotros llamamos la atención de lo urgente, lo importante del asunto, de cara a las elección [parlamentaria] y las amenazas de Maduro", puntualizó Vecchio, quien en febrero de 2014 fue acusado, igual que Leopoldo López, por los crímenes de incendio, incitación pública, daños y asociación para delinquir. Tras 108 meses escondido en su país, huyó, y actualmente vive en Miami.

La denuncia subraya que "el pedido de examen preliminar es considerado urgente a la luz de las próximas elecciones [parlamentarias] en Venezuela del 6 de diciembre de 2015 y las amenazas realizadas por Maduro" en caso de que el oficialismo pierda, el escenario más factible según las últimas encuestas, que le dan una ventaja de hasta 30 puntos a la oposición, en medio de una fuerte crisis económica en el país.

En las últimas semanas, el mandatario bolivariano advirtió que si el chavismo pierde las elecciones legislativas, "el país entrará en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política" y que "la revolución pasaría a gobernar con el pueblo" y en "unión cívico-militar".

De qué se los acusa

La denuncia se basa en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que Venezuela ratificó en el año 2000, y que tipifica al crimen de lesa humanidad como "cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque". De los delitos enumerados en dicho artículo, Vecchio y Gutiérrez esperan que se investigue a figuras del chavismo por:

• asesinato (artículo 7a);
• encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional (7e);
• tortura (7f);
• persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos (7h);
• otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física (7k)

En ese sentido, el texto apunta que "hay una gran cantidad de información fiable y corroborada de fuentes disponibles que demuestra que el gobierno de Venezuela, bajo el liderazgo del Presidente Maduro, ha adoptado una política estatal para atacar a parte de la población civil percibida como disidente para prevenir, restringir, monitorear, castigar a disidentes y encubrir crímenes con el fin de retener el poder bajo cualquier medio, incluyendo la comisión de crímenes de lesa humanidad".

"Conforme a esta política, desde comienzos de febrero de 2014, las fuerzas de seguridad nacional del gobierno de Venezuela, bajo el control de jure de Maduro, y paramilitares armados pro-gobierno, bajo el control de facto de Maduro, perpetraron un ataque generalizado y sistemático contra los civiles percibidos como disidentes", agrega el texto, que expone como consecuencia de esos ataques:

• la muerte de entre 33 a 36 civiles desde febrero de 2014, según Amnistía Internacional y Foro Penal Venezolano, respectivamente.
• el encarcelamiento de entre 3351 a 3758 de personas arrestadas en protestas desde febrero de 2014. Foro Penal reportó que al menos 638 casos de arrestos arbitrarios se trataban de individuos que fueron liberados luego de haber sido detenidos sin siquiera ser sometidos ante una corte, tal como lo requiere la ley.
• la tortura de 437 individuos durante las protestas conforme a datos del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, y 138 casos de tortura o de trato cruel e inhumano durante las detenciones registrados por Foro Penal.
• otros actos inhumanos infligidos en al menos 878 civiles lesionados desde febrero de 2014, conforme a fuentes oficiales de los cuales, 138 sufrieron heridas de balas, 330 de perdigones, 72 personas fueron apaleadas, 34 sufrieron lesiones provenientes de objetos contundentes, y los restantes 280 heridos sufrieron lesiones de diversa índole.
• la persecución de un número significativo de civiles percibidos como fascistas, incluyendo líderes políticos, activistas políticos, empresarios, propietarios de medios de comunicación, empleados, periodistas y empleados de los medios de comunicación como también líderes y abogados de derechos humanos y ONGs, quienes han sido víctimas de serias y reiteradas amenazas y atentados contra su vida y libertad sobre la base de sus creencias políticas. El texto aclara que "el número exacto de casos no están confirmados debido al temor de denunciar la victimización y la ausencia de remedios judiciales adecuados".

A quiénes apuntan

Si bien la lista con los nombres de los acusados es confidencial, Vecchio adelantó a LA NACION, incluye a "ministros, gobernadores, miembros del Poder Judicial y de la Fiscalía y militares de jerarquía".

En el texto se vislumbran ciertos nombres a los que señalan como responsables de algunos ataques, siempre bajo la orden de Maduro, de quien subrayan que controla al poder legislativo, judicial, las fuerzas policiales, militares e incluso paramilitares (los denominados colectivos).

"Los miembros de la Policía Nacional (bajo el comando del Comandante Manuel Eduardo Pérez Urdaneta), la Guardia Nacional Bolivariana (bajo la dirección del Gral. Antonio José Benavides Torres), el SEBIN (bajo la dirección del Gral. Manuel Gregorio Bernal Martínez del 24 de enero al 17 de febrero y posteriormente del Gral. Gustavo Enrique González López), diversas agencias policiales bajo las órdenes de los Gobernadores de los estados relevantes, incluyendo al Gobernador de Carabobo, Coronel Francisco Ameliach; el Gobernador de Aragua, Tareck El Aissami; el Gobernador de Táchira, Capitán José Gregorio Vielma Mora, y el Gobernador de Mérida, conjuntamente con los paramilitares armados pro-gobierno bajo el control de facto del Poder Ejecutivo, y en particular del Presidente Maduro, abrieron fuego disparando municiones reales indiscriminadamente contra las multitudes, como también balas de goma y gas lacrimógeno deliberadamente a corta distancia contra individuos, causando entre 33 y 36 muertes desde febrero de 2014, conforme a Amnistía Internacional y Foro Penal respectivamente", dice un fragmento del texto.

Urdaneta, Benavides, Martínez y González López fueron sancionados este año por Estados Unidos por abusos de los derechos humanos.

El texto también menciona a funcionarios de alto rango del gobierno bolivariano, como el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien en un tuit del 16 de febrero lanzó un llamado a un "contrataque" ante los manifestantes.

También apuntan al Poder Judicial -en especial, a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz- y afirman que hay un "clima donde los actuales miembros del Poder Judicial son o leales o actúan en temor a la presión de la presidencia".

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