Denuncias de corrupción militar en Chile

SANTIAGO, Chile.- Denuncias de corrupción por presuntas irregularidades millonarias que se investigan en el ejército y en la fuerza aérea han salpicado a sus mandos y han derivado en amenazas de muerte a uno de los involucrados y a un periodista que investigó uno de esos casos.

En la fuerza aérea, la controvertida importación como pertrecho militar de lujosos muebles de rattan involucra nada menos que al jefe del arma, general Fernando Rojas Vender.

En el ejército, las investigaciones por coimas y sobreprecios de adquisiciones en el hospital militar parecen apuntar al general Jorge Lucar, ex vicecomandante en jefe, que habría entorpecido las indagaciones iniciadas hace cuatro años y que recientemente se reabrieron, según denunció el general retirado Humberto Julio.

El general Julio, de quien dependía directamente el establecimiento hospitalario militar, dijo que Lucar entorpeció las investigaciones y no le permitió el acceso al entonces comandante en jefe, Augusto Pinochet.

El fiscal militar que dispuso la reapertura del caso fue relevado de la investigación sin explicación alguna. Pero antes sometió a proceso al mayor Patricio Videla, que se desempeñó como jefe de adquisiciones del establecimiento. El industrial Raúl López debió pagar millonarias coimas para ser beneficiado con adquisiciones de sus productos, según admitió.

López, de acuerdo con lo que denunció su abogado Héctor Salazar, fue objeto de un atentado cuando aún estaba libre y ahora, en prisión, ha recibido a otras autoridades militares.

Un periodista del matutino La Epoca, diario que reveló los hechos, también fue amenazado.

El escándalo llevó al diputado Rodolfo Seguel, un ex sindicalista que en mayo de 1983 inició las protestas públicas contra la dictadura de Pinochet, a calificar a los militares con términos como "coimeros", "homosexuales" y otros epítetos formulados al amparo del fuero parlamentario.

El gobierno se mostró molesto y descalificó el ataque de Seguel.

Ha sido, hasta ahora, la única reacción oficial ante las denuncias de irregularidades que afectan a las fuerzas armadas.

La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados acordó investigar el caso del hospital militar y citará a Lucar.

Las autoridades han guardado silencio ante la revelación que afecta al jefe aeronáutico por la importación para uso personal de los lujosos muebles. La adquisición fue hecha por la esposa de Rojas en Miami y tuvo un costo de alrededor de 20.000 dólares.

La fuerza aérea no ha desmentido la revelación, plagada de antecedentes, que hizo el diputado oficialista Nelson Avila. Se limitó a señalar que colaborará en la posible investigación del hecho. Avila mencionó que en cualquier otro país el cuestionamiento de la probidad de Rojas Vender habría implicado su relevamiento, pero en Chile el presidente de la república no pude remover a los jefes militares, que son inamovibles durante los cuatro años que están en el cargo.

Rojas Vender, que estaba en Canadá, ha permanecido en silencio. El jefe de las fuerzas armadas debe resolver próximamente una licitación por 600 millones de dólares para la adquisición de una flotilla de modernos aviones de la que participan empresas de los Estados Unidos, Francia y Suecia. La decisión permanece postergada desde marzo para permitir mejores ofertas de los fabricantes.

También en la armada se han registrado adquisiciones controvertidas. Aunque la jefatura de esa arma no lo ha reconocido así, una de dos misileras israelíes adquiridas el último año debió ser desguazada por su mala calidad, según se ha revelado. Esas compras fueron hechas durante la jefatura del ahora senador designado Jorge Martínez. La institución naval decidió también este año la compra de dos submarinos Scorpene por 400 millones de dólares, a pesar de que se trata de prototipos. La decisión produjo controversia en el interior de esa arma y un almirante retirado que la cuestionó fue sancionado.

Por Federico Quilodrán <br/> (Corresponsal en Chile)

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