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Divide a la OEA la postura ante el gobierno de Franco
Los miembros del ALBA quieren suspender al país del organismo; Insulza encabezará una misión
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WASHINGTON.– A diferencia de lo que sucedió con el Mercosur y la Unasur, que reaccionaron preventivamente contra la destitución de Fernando Lugo, la sucesión presidencial en Paraguay dividió ayer las aguas en la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo Consejo Permanente fue convocado a una sesión extraordinaria para decidir la actitud del organismo frente al gobierno de Federico Franco.
Con un panorama adverso, el representante de Paraguay, Bernardino Hugo Saguier, tuvo la difícil tarea de remar contra la corriente y defender a Franco, a quien llamó el "legítimo presidente" de su país, y pidió a los Estados miembros de la OEA evitar la "injerencia" en los asuntos internos de esa nación.
Saguier intentó así torcer el brazo de la retórica dominante de los últimos días en la región, reiterada en la sesión de ayer, según la cual Franco asumió de manera legal, pero no legítima. Una de las mayores críticas va por el lado del procedimiento, puesto que se trató de un juicio relámpago en el que, según la mayoría de los observadores, no se concedió un período de tiempo adecuado para la preparación de la defensa.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, calificó la situación de "crisis institucional" que "no puede resolverse sólo por la vía de la acción externa", y anunció que encabezará una misión para evaluar el desarrollo de los hechos.
"Me voy a preparar para informar a este Consejo Permanente sobre la situación en Paraguay, y voy a ir también a otros países", dijo Insulza, que no precisó la fecha de su viaje.
La decisión, tomada sin el consenso de todos los miembros de la OEA pero que se encuentra dentro de las atribuciones que posee Insulza, tiene el fin de preparar una nueva sesión extraordinaria a mediados de la próxima semana, que considerará la posibilidad de convocar una asamblea general extraordinaria sobre Paraguay.
El representante de Honduras –país que fue suspendido de la OEA tras el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en 2009–, Leónidas Rosa Bautista, había propuesto previamente el envío de una misión para analizar sobre el terreno el nuevo mapa político de Paraguay.
La moción hondureña fue respaldada entre otros por Estados Unidos, cuya representante, Carmen Lomellin, dijo que su gobierno seguía "con mucha tensión" los acontecimientos, y centró el foco en la velocidad con que se desarrolló el juicio.
Del otro lado unieron fuerzas los países del bloque del ALBA, como Venezuela y Nicaragua, que impugnaron desde el primer día el proceso contra Lugo y que ayer reclamaron sin más trámite la suspensión de Paraguay del organismo interamericano.
En lo que no faltó consenso fue en cuestionar la inusitada celeridad del juicio político, realizado de forma expeditiva en poco más de 24 horas desde el anuncio hasta la sentencia. Como dijo el representante de Brasil, "se observó claramente un enjuiciamiento sumario". El brasileño respaldó la propuesta de enviar una comisión para reunir más elementos antes de adoptar una definición. En concreto, propuso esperar las decisiones que adopten esta semana de manera oficial los bloques Mercosur y Unasur, de los que Paraguay forma parte y que convocaron a sus miembros para analizar la destitución de Lugo.
Y en ambos foros el gobierno paraguayo lleva claramente las
de perder. Por lo pronto, la Argentina y otros países calificaron la sucesión presidencial como "golpe de Estado".
Rechazo
En sintonía con esa postura, fue rechazada la participación de representantes de Franco en la cita del Mercosur, que tendrá lugar en Mendoza. Allí, en la reunión semestral del bloque, se tratará la crisis paraguaya, que cerrará el viernes con una cumbre extraordinaria de la Unasur.
La crítica situación del gobierno de Franco en la arena internacional se refleja en el multitudinario retiro de embajadores de las legaciones de Asunción. Hasta el momento se retiraron los de la Argentina, Venezuela, Ecuador y Cuba. Los gobiernos de Chile, México, Colombia, República Dominicana, Uruguay, Perú y Brasil llamarán a consulta a los suyos.
El representante uruguayo en la OEA, Jorge Collazo Uboldi, dijo ayer que "el daño está hecho" en la política paraguaya. Al igual que su colega brasileño, se mostró favorable a no apurar las decisiones hasta que se emita una resolución en la cumbre de Mendoza. Y dijo que América latina debía ayudar a sacar a Paraguay de este "atolladero en que sus legisladores lo han metido".
"Eso se veía venir, en el momento que nosotros estábamos debatiendo en la reunión del viernes 22 ya se veía venir. Rumores, noticias, la mayoría parlamentaria en contra del presidente Lugo era abrumadora", recordó el diplomático, testigo de la expulsión de Lugo del gobierno.
Collazo y los demás cancilleres de la Unasur habían sido enviados de urgencia a Asunción para tratar de cambiar la historia y ejercer la diplomacia para contener la avalancha de votos que se veían venir contra Lugo, como efectivamente sucedió.
Agencias AFP, EFE y Reuters
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