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El presidente firmó la reforma constitucional que lo destituye y profundiza la pulseada entre Magyar y Orban
Tamás Sulyok, aliado del ex primer ministro, promulgó la enmienda que puso fin inmediato a su mandato, aunque denunció un “abuso del poder político”; el nuevo gobierno defendió la medida como parte del desmantelamiento del sistema construido por Viktor Orban
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LA NACION
BUDAPEST.– El presidente de Hungría, Tamas Sulyok, firmó este sábado la reforma constitucional que puso fin de manera inmediata a su propio mandato, una decisión que, según afirmó, tomó por obligación legal pese a considerar que la medida constituye un “grave y vergonzoso ejemplo histórico de abuso del poder político”.
La reforma forma parte del amplio proceso de cambios impulsado por el primer ministro Péter Magyar, quien busca desmantelar la estructura institucional heredada del gobierno de Viktor Orbán.
Sulyok anunció la promulgación mediante un video en el que explicó que había analizado tanto sus posibilidades legales como su conciencia antes de tomar la decisión.
"Tras una cuidadosa consideración de mis posibilidades legales y de mi conciencia, cumplo con mi obligación conforme a la Ley Fundamental. Mi firma es el sello definitivo de mis obligaciones como presidente de la República“, sostuvo.
Al mismo tiempo, advirtió que la enmienda representa “un punto de inflexión” para la democracia constitucional húngara y cuestionó la forma en que se apartó de su cargo a funcionarios públicos.
El mandatario, un exjuez del Tribunal Constitucional elegido por el Parlamento en febrero de 2024 gracias a la mayoría de dos tercios que entonces tenía el partido Fidesz, de Orbán, sostuvo que la reforma deja un precedente peligroso para el Estado de derecho.
A su juicio, la remoción de autoridades mediante este mecanismo "inflige una profunda herida a los valores constitucionales de la democracia, la separación de poderes y el Estado de derecho“.
La aprobación de la reforma constituye uno de los pasos más importantes del programa político de Magyar, quien ganó las elecciones legislativas de abril con una amplia mayoría y puso fin a 16 años consecutivos de gobiernos encabezados por Orbán.
Durante la campaña electoral ya había prometido desmantelar el denominado “sistema Orbán”, una estrategia que incluía la salida de Sulyok y de otros altos funcionarios designados durante la administración anterior.
El paquete de reformas constitucionales, aprobado el lunes pasado por el Parlamento, otorgaba al presidente un plazo de cinco días para promulgar la norma o remitirla al Tribunal Constitucional. Magyar incluso había advertido que impulsaría un proceso de destitución si Sulyok se negaba a firmarla. Finalmente, tras la promulgación, confirmó que el cargo de jefe de Estado quedará vacante desde el próximo lunes.
Hasta la elección de un nuevo presidente, la titular del Parlamento, Ágnes Forsthoffer, asumirá de forma interina las funciones de jefa de Estado. La Cámara tendrá un plazo máximo de 30 días para designar a un sucesor, quien ejercerá el cargo hasta la entrada en vigor de una nueva Constitución o, como máximo, durante cinco años.
Magyar adelantó además que espera recibir propuestas de candidatos de partidos políticos, figuras públicas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos particulares.
Tras conocerse la firma de Sulyok, el primer ministro celebró la entrada en vigor del paquete de reformas. "Con estas decisiones devolvemos al pueblo húngaro algo que el régimen de Orbán intentó arrebatarle durante muchos años: la certeza de que el poder tiene límites, de que los bienes públicos se pueden recuperar y de que el Estado puede volver a servir a sus ciudadanos, los ciudadanos húngaros libres“, afirmó en un mensaje publicado en redes sociales. También expresó su confianza en que el próximo presidente será capaz de “crear unidad nacional y representar dignamente” al país.
La reforma no solo afecta a la Presidencia. También establece un límite de 12 años para los legisladores e impone una edad máxima de 70 años para los jueces del Tribunal Constitucional, una disposición que obligará a dejar su cargo a cuatro magistrados, entre ellos el presidente del alto tribunal, Peter Polt, considerado un aliado de Orbán.
El ex primer ministro reaccionó con dureza tras la entrada en vigor de la reforma. "La tiranía ya no es una amenaza, sino una realidad. Si esto se le pudo hacer al presidente de la República, entonces nadie estará a salvo mañana. ¡Que Dios proteja a Hungría!“, escribió en las redes sociales desde Estados Unidos.
En la misma línea, Fidesz acusó al gobierno de Magyar de haber llevado al país a “un período de tiranía del poder abierta”, una muestra de que la disputa política e institucional entre el nuevo oficialismo y el antiguo liderazgo continúa lejos de resolverse.
Agencia Reuters y diario El País
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