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El régimen chavista anunció que tramita la solicitud de una orden de captura contra Milei, su hermana Karina y Patricia Bullrich
Lo anunció el fiscal general Tarek William Saab, el día siguiente a que el Gobierno respaldara un pedido de detención contra el presidente Nicolás Maduro en la Justicia; fuerte repudio de la Cancillería
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LA NACION
CARACAS.- El fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, anunció que tramitan la solicitud de una orden de captura contra el presidente argentino, Javier Milei; la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quienes les abrieron “una averiguación” por el “robo” del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero pasado.
“[La Fiscalía General] anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes al caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión”, anunció Saab, que agregó que la medida se basa en tratados internacionales a los cuales ha suscrito Venezuela. sin dar más detalles.
“[Milei] se ha convertido en un peligro brutal para todo el hemisferio por lo que no tiene moral para atacar a las instituciones democráticas venezolanas”, advirtió Saab.
Poco después, el Gobierno emitió una respuesta a través de un comunicado de la Cancillería. “La Argentina repudia las órdenes de aprehensión dictadas por el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela contra Javier Milei, Karina Milei y Patricia Bullrich, a raíz del incidente del avión de la empresa Emtrasur. El mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional. El Gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro”.
El avión de origen venezolano-iraní que estaba retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza desde el 6 de junio de 2022, en medio de un complejo entramado judicial, fue decomisado por el gobierno de Joe Biden y enviado a Estados Unidos en febrero pasado. A principio de año, el juez del caso, Federico Villena, había hecho lugar al decomiso pedido por Estados Unidos. Fue tras un dictamen, en el mismo sentido, de la fiscal Cecilia Incardona.
El anuncio de este miércoles de Saab llega un día después de que la Cámara Federal celebrara en los tribunales de Comodoro Py una audiencia con presuntas víctimas del régimen venezolano para tratar un pedido de detención e indagatoria del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Fue en el marco de una causa radicada en la Justicia local el año pasado bajo el principio de “justicia universal”.
En este expediente se investiga a Maduro junto a unos 30 imputados más, entre los que se encuentra Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y Justicia venezolano y hombre fuerte del chavismo.
De la audiencia participó Patricia Bullrich. “Pedimos la indagatoria de Maduro y el resto de los imputados, además que se ordene la orden de captura internacional respecto a eso”, indicó Tomás Farini Duggan, abogado de la querella, de la que también forma parte el ministro de seguridad porteño y miembro del Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER), Waldo Wolff. El funcionario porteño también estuvo presente en la audiencia celebrada en los tribunales de Retiro.
El pedido de captura contra el presidente venezolano –cuya legitimidad tras las elecciones de julio es amplia y duramente cuestionada por buena parte de la comunidad internacional– fue solicitado ante el juez federal Sebastián Ramos en el marco de una causa iniciada en julio de 2023 cuya investigación estuvo a cargo del fiscal Carlos Stornelli. Fue luego de que la fundación “Clooney Foundation for Justice” -una organización que preside el actor norteamericano George Clooney junto a su pareja Amal, una abogada defensora de los DDHH- presentara una denuncia en los tribunales de Retiro para que se investigara la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.
Stornelli y su par ante la Cámara de apelaciones, José Luis Agüero Iturbe, también estuvieron presentes en una audiencia que se extendió por poco más de una hora y media y estuvo signada por el hermetismo.
En la causa, que cuenta con más de una decena de declaraciones reservadas, se denuncia un amplio abanico de prácticas violatorias de los derechos humanos por parte del régimen de Maduro –torturas, desapariciones, detenciones, entre otras-. Según afirma la querella, estas suceden desde 2014 en suelo venezolano, pero se han visto “agravadas” tras las elecciones presidenciales celebradas el 29 julio, en las que Maduro se dio ganador sin mostrar las actas de votación.
“Son hechos ordenados desde las más altas esferas del poder para generar terror y perpetuarse en el poder”, señaló la querella, antes de dar paso a las cinco presentaciones.
Una de las víctimas, un hombre que supera los 30 años y cuya identidad permanece en reserva, relató con detalle cómo fue apresado y torturado por oficiales del servicio bolivariano. Todo bajo la atenta mirada de los camaristas, Mariano Llorrens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.
Agencias AFP y AP
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