En una Bolivia ya paralizada por los bloqueos, los partidarios de Evo Morales amenazan con una “insurrección nacional”
Desde comienzos de mes las rutas están cortadas en casi 70 puntos del país en protesta por la situación económica; la tensión aumentó con la nueva orden de arresto contra el expresidente
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LA NACION
LA PAZ.- En medio de una virtual parálisis general por bloqueos de rutas desde hace más de diez días en casi 70 puntos de todo el país por diferentes demandas sectoriales, los partidarios del expresidente Evo Morales amenazaron este martes con una “insurrección nacional”, si se cumple la orden judicial de arresto emitida contra el exlíder socialista, quien se encuentra refugiado en el Trópico de Cochabamba bajo la protección de seguidores armados.
En medio del cerco, el presidente Rodrigo Paz convocó este martes a los bloqueadores al diálogo.
“Quiero convocar (…) a los dirigentes que están representando hoy día a estas posiciones de bloqueo, también a los comités de bloqueos y a las bases porque muchas veces los dirigentes no hablan con la verdad a las bases. El diálogo, la reconciliación y la certidumbre hacia el futuro es lo que tenemos que construir conjuntamente”, dijo.
El mandatario hizo esta nueva convocatoria al diálogo mediante un video publicado en redes sociales, mientras los bloqueos continúan en distintas rutas del país.
Los bloqueos fueron iniciados a principios de este mes por trabajadores del transporte público por la escasez de combustible y la crisis económica reflejada en la falta de suministros, en medio de una creciente indignación social.
“Tenemos a la fecha, 67 puntos de bloqueo, de los cuales 50 se encuentran en el departamento de La Paz, tanto rurales como urbanos”, señaló este martes el general Mirko Sokol, comandante de la Policía Boliviana.
Ante una consulta periodística, agregó que “al momento, todavía no tenemos la instrucción para proceder al desbloqueo”, y explicó que las autoridades se encuentran en diálogo con los sectores movilizados.
Campesinos, indígenas y maestros rurales, entre otros sectores, se movilizan en distintos puntos del país para exigir atención a sus demandas sectoriales.
Por su parte, el líder campesino Vicente Salazar, de la Federación Túpac Katari, descartó cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno del presidente Rodrigo Paz y exigió abiertamente la renuncia del jefe de Estado, a quien acusó de no representar ya a la población seis meses después de haber asumido.
Según los principales medios bolivianos, también otros sindicatos campesinos, mineros y obreros amenazaron con una radicalización de los bloqueos de carreteras y las protestas en diversas regiones del país.
En el caso de La Paz el cierre de carreteras está dando un duro golpe a la economía local. La Cámara Departamental de Industrias alertó que la región pierde por día hasta 15 millones de dólares y comienzan a faltar los insumos para el sector, al punto que algunas plantas se han visto obligadas a parar sus operaciones, lo que genera problemas en el abastecimiento de productos y el incremento de los precios de alimentos.
Además aumentan los problemas vinculados con la salud ya que los camiones con oxígeno medicinal también quedaron bloqueados en medio de las protestas.
Orden de arresto
A esta situación de crisis se sumó la decisión de un tribunal de Tarija de declarar el lunes en rebeldía al expresidente Morales y emitir una nueva orden de arresto en su contra por trata agravada de personas.
Sus partidarios, en particular los sindicatos de cultivadores de coca en Chapare, amenazaron con protestas masivas y una posible “insurrección nacional” si Morales es efectivamente arrestado.
El lunes, la Justicia de Bolivia ratificó la declaratoria de rebeldía y la orden de aprehensión contra el expresidente (2006-2019) por no presentarse al inicio del juicio oral que se le sigue por trata agravada de menores en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, distrito limítrofe con Argentina.
El exmandatario está acusado de mantener en 2015 una relación con una adolescente de 15 años, que en 2016 dio a luz a una niña presuntamente hija del líder cocalero, según un certificado de nacimiento emitido en la ciudad de limítrofe de Yacuiba.
El líder del MAS, el histórico movimiento indígena boliviano de tendencia socialista, reside desde noviembre de 2024 como refugiado en su enclave del Trópico de Cochabamba, y varios intentos por capturarlo ya han fracasado.
Morales sostiene que se trata de un caso de persecución judicial (lawfare) iniciado por el expresidente Luis Arce (2020-2025) para inhabilitarlo políticamente y aniquilarlo moralmente.
Nelson Cox, abogado de Morales, ha sostenido públicamente que la presunta víctima ya presentó varios documentos en los que afirma “No soy víctima”, y Morales argumenta que “sin víctima no puede haber un delito penal”.
Mientras la justicia intenta avanzar en su caso, Morales convocó a una nueva movilización de sus seguidores contra el actual gobierno.
La protesta culminará con una marcha de seis días que comenzó el lunes en la localidad de Caracollo, en la sierra, a unos 190 kilómetros de la capital, con el objetivo de exigir que el gobierno actual abandone las políticas que Morales ha calificado de “neoliberales y privatizadoras”
Agencias ANSA y AFP
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