Encrucijada: las reformas jubilatorias, un desafío que crece y desvela al mundo

El plan para eliminar los regímenes jubilatorios especiales que desató un estallido social en Francia, el cambio en el sistema previsional brasileño, las crecientes críticas a la estructura de pensiones en Chile y las posibles reformas que quiere impulsar el gobierno en Colombia coinciden en algo: despiertan una fuerte resistencia en las calles y asumen cada vez mayor relevancia global, algo que desvela a los gobiernos y los deja en medio de una encrucijada ante un escenario de poblaciones con mayor esperanza de vida, nuevas modalidades de trabajo y economías que intentan alcanzar el equilibrio de sus cuentas fiscales.

El primer punto de conflicto en el debate sobre los sistemas previsionales aparece por una cuestión demográfica: en 2000 se estimaba que la población mundial rondaba los 6121 millones de personas, mientras que para 2017 esa cifra ascendía a 7530 millones, según el Banco Mundial. Sin embargo, no solo hay más personas en el mundo, sino que también viven más tiempo: la esperanza de vida pasó de 67 años en 2000 a 72 en 2016. Y esas expectativas son mayores en países desarrollados.

Los esquemas de jubilación no son incipientes, sino que más bien ingresaron en la fase de maduración y empiezan a mostrar su impacto sobre las economías. Rafael Rofman, líder del programa de desarrollo humano para la Argentina, Paraguay y Uruguay del Banco Mundial, explicó que los sistemas de pensiones se diseñaron a principios del siglo XX, cuando la situación demográfica era distinta. "Ahora se hace cada vez más difícil financiar un sistema que se vuelve un componente muy importante del gasto público", dijo a LA NACION.

Según su visión, allí empieza el detonante del problema: "En la práctica, los sistemas previsionales son una fuente de financiamiento y hoy en los más desarrollados hay déficit. La raíz de los conflictos es que las reformas buscan reducir el gasto futuro y eso implica que hay alguien que tendrá menos", señaló Rofman.

En general, los esquemas de pensiones parten del cobro de un porcentaje del salario -que rondan un mínimo del 5% al 25%, según el sistema-, pero las diferencias entre cada país suelen radicar en las variaciones que cada uno asume a la hora de calcular las jubilaciones: si se realiza con el valor del último salario, sobre un promedio de los sueldos de toda la vida laboralmente activa o si se establecen jubilaciones mínimas y máximas.

Fabio Bertranou, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur de América Latina, explicó que las pensiones no contributivas están ligadas a un nivel asociado con el salario mínimo o el valor de la línea de pobreza, mientras que las prestaciones contributivas en los sistemas de reparto tradicional se calculan sobre la base del tiempo de aporte sobre un salario de referencia. "En la práctica hay numerosos países que tienen sistemas de determinación de las prestaciones híbridos, donde combinan un componente relacionado con el tiempo de trabajo y una prestación básica", dijo.

Oscar Cetrangolo, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de UBA-Conicet, distinguió entre dos grandes esquemas según la región. "En Europa hay casos de sistemas muy maduros, en los que no hay grandes índices de informalidad y el debate principal ronda en torno a los regímenes especiales y la edad de retiro porque la esperanza de vida se va alargando y genera un punto de conflicto que conspira contra el mercado de trabajo", indicó.

Distinta es la situación de América Latina, marcada por una profunda informalidad y desigualdad en el mercado de trabajo. "En los años 80 y 90 reinaba la idea de que las jubilaciones se resolvían con el sistema de capitalización -en el que cada contribuyente aporta para sí mismo y las pensiones se calculan según esa contribución-, pero eso trajo aparejado jubilaciones muy bajas en salarios con pocos aportes", explicó Cetrangolo.

En coincidencia, Rofman consideró que "en los últimos 20 años, los sistemas contributivos se volvieron importantes, pero no alcanzan e imponen el desafío de cómo financiarlos; la raíz del problema es la proporción de gente que no aporta porque no tiene empleo formal".

Más allá de cada modelo, hay otra cuestión que enciende interrogantes, que es el monto que se les otorga a los adultos mayores al momento de jubilarse. Según el informe Panorama de las Pensiones 2019 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en promedio, en los países que conforman el organismo, los mayores de 65 años perciben el 87% de la renta de la población total. En particular, en Estonia y Corea del Sur, es menos del 70% del ingreso medio, mientras que en Israel, Francia y Luxemburgo la renta es superior al 100%.

¿Pero son suficientes estos ingresos en relación con el costo de vida? El mismo informe detalla que la tasa media de pobreza de las personas mayores de 65 años es relativamente superior al resto de la población (13,5% frente a 11,8%) de los países de la OCDE. Sin embargo, hay diferencias: la tasa de pobreza en la tercera edad es inferior al 4% en Dinamarca, Francia, Islandia y Holanda, mientras que en Australia, Estonia, Corea del Sur, Letonia, Lituania, México y Estados Unidos es superior al 20%.

Para Cetrangolo, a partir de este punto empieza otra discusión: "Aparece la idea de financiar con recursos tributarios una compensación. El problema es que no se sabe bien a quién se está dando y a quién no. Habría que despejar la jubilación de los que pueden contribuir porque si una persona aporta 30 años debería tener un salario acorde con esa cuota".

Un fenómeno que atraviesa a los países en relación con el mercado laboral tiene que ver con las nuevas modalidades de trabajo que surgen a través de las plataformas de movilidad. Sobre este tema, la OCDE advierte sobre "la necesidad urgente" de que los gobiernos asuman una solución para contemplar lo que suceda con esos trabajadores después de su vida laboralmente activa.

Estos trabajadores, que el organismo denomina como "formas atípicas de empleo" -trabajo por cuenta propia, temporal o a tiempo parcial-, representan actualmente más de un tercio del empleo total en los países de la OCDE, suelen tener ingresos más bajos y contribuyen menos a las pensiones. "Suponiendo que un trabajador por cuenta propia cotizara durante toda su carrera terminaría con cerca del 80% de las prestaciones por pensiones que tendrían los empleados dependientes de los sistemas obligatorios", ejemplificó el informe.

Modelos

En este sentido, Rofman distinguió tres aproximaciones con las que los países buscan resolver ese punto: "Una es prohibirlo, es decir, desconocer esas modalidades como trabajo. La segunda es incluirlo en algunas categorías; por ejemplo, en Montevideo los choferes de Uber son autónomos. Y otros lo reconocen como algo distinto por sus condiciones. Algunos países están explorando cómo responder a una realidad que está cambiando, pero todavía no hay una respuesta clara y limpia", sintetizó.

En este contexto, ¿de qué manera se podrían alcanzar modelos previsionales que contemplen una cobertura universal, sostenible para las cuentas públicas y que proteja la calidad de vida de los jubilados? La respuesta aún está en proceso de búsqueda.

La OCDE explicó que en los últimos dos años la mayoría de las reformas de las pensiones se centraron en flexibilizar la edad, aumentar las prestaciones o ampliar la cobertura. Pero esas alternativas atentan contra la sostenibilidad financiera de los esquemas previsionales. Según el informe de la institución, "retroceder en las reformas que abordan las necesidades a largo plazo puede hacer que los sistemas de pensiones tengan una menor resiliencia a las tensiones económicas en el futuro y que no estén preparados para hacer frente al envejecimiento de la población".

Para Bertranou, los sistemas deben contemplar dos componentes relevantes: "Una garantía de protección social que otorgue en forma universal, independiente de la modalidad laboral, un nivel de seguridad económica para evitar la pobreza en la vejez; y un componente de seguro/ahorro organizado solidariamente para asegurar un nivel superior al piso mínimo que sugiere la OIT, que es de un 40%".

Según Rofman, en la práctica esos tres objetivos (cobertura, suficiencia y sostenibilidad) conviven entre sí y no hay una respuesta técnica, sino que todo se remite a una decisión política. En este sentido, el especialista determinó: "La discusión es una cuestión de política pública: hay países que quieren gastar menos en jubilaciones y más en educación. Es una decisión política, no una respuesta técnica correcta o incorrecta".