Escándalo en Colombia tras una denuncia sobre la vuelta del espionaje político

BOGOTÁ.- El poder en Colombia nos vigila a todos y a sí mismo. El 18 de diciembre pasado, poco antes de las 9, una comisión de la Corte Suprema de Justicia con cincuenta policías judiciales allanó el Batallón de Contrainteligencia Militar, donde hacían interceptaciones ilegales contra políticos de oposición, magistrados, generales y periodistas. En supuestos tiempos de paz, los militares colombianos continúan operando como en los días más oscuros de la guerra contra la insurgencia.

Pero las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desaparecieron, disminuyeron los combates y el país se asomó al período menos violento de su historia moderna.

La investigación publicada el 13 de enero en la revista Semana reveló que el comandante del Ejército Nicacio Martínez salió del cargo -en diciembre- por su responsabilidad en la campaña de espionaje y no debido a los "motivos personales" que alegó. Pero el reporte demuestra un asunto mucho más grave: la vigencia de la guerra sucia, ejercida por el Estado.

El Acuerdo de Paz firmado con las FARC hace más de tres años dejó al Ejército sin su principal adversario. Y ahora, con las manos más libres, el gobierno colombiano podría combatir otros frentes que siguen activos, como el Ejército de Liberación Nacional, los grupos paramilitares y las bandas criminales financiadas por el narcotráfico. O podría, además, adaptarse al nuevo panorama y redistribuir los enormes recursos asignados a la seguridad para invertir en herramientas institucionales distintas a los fusiles.

Lejos de eso, el gobierno de Colombia repite vicios que este país pretendía superados. Por ejemplo, la práctica de vigilar de forma ilegal con grandes cantidades de dinero oficial. O la de promover en la estructura militar a los responsables de estos procedimientos, como hizo recientemente el presidente, Iván Duque. Según el reportaje, los equipos utilizados en la operación fueron financiados por la inteligencia de Estados Unidos y tenían como objetivo reforzar la vigilancia y la seguridad nacional.

Por el contrario, las nuevas escuchas ilegales, según la investigación, tenían como objetivos a periodistas; a militares disconformes con las directrices que les exigen bajas a toda costa; a políticos de oposición, o a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. El reportaje sugiere que la inteligencia militar trabajaba al servicio de una parcialidad política, y utilizaba equipos de alta tecnología que fueron comprados para otro fin. En esta suerte de Watergate andino, un militar que habló con la revista dijo que la orden era entregarle información a un político del partido de gobierno, Centro Democrático.

Las interceptaciones ilegales, conocidas en Colombia como "chuzadas", por desgracia tienen mucha historia en este país. En febrero de 2009, durante el gobierno de Álvaro Uribe, la misma revista reveló pruebas de que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el organismo encargado en ese entonces de las labores de inteligencia, había espiado a opositores, magistrados y funcionarios del Estado. En 2011, el DAS fue suprimido por el sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos.

A finales de diciembre, Duque despidió a Martínez con honores, como un héroe; pero también ha promovido a otros altos oficiales señalados como responsables de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Uribe, su mentor político.

Sobre las ejecuciones no hay cifras concluyentes, pero la Fiscalía colombiana ha identificado a 2248 víctimas entre 1988 y 2014. Durante la gestión de Duque, nuevos asesinatos atribuidos al Ejército han sido probados. La violencia oficial en Colombia es un ciclo incesante donde la agresión nunca desaparece; simplemente perdura y se adapta con mínimos cambios de forma.

Por Sinar Alvarado

• Colombia

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